Sánchez descarta los indultos y garantiza el "cumplimiento íntegro" de la sentencia

El Gobierno manifiesta su "absoluto respeto y acatamiento" de la sentencia del 'procés', resultado de un proceso judicial desarrollado con "plenas garantías y con absoluta transparencia". Y, "como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español", acatamiento, para Pedro Sánchez, significa "cumplimiento" del fallo, "su íntegro cumplimiento", reiteró, descartando, sin explicitarlo, un eventual indulto a los dirigentes soberanistas condenados. El Ejecutivo permanecerá "atento al respeto a la legalidad", sin excluir ningún tipo de solución legal extraordinaria. Para el Gabinete socialista, se abre "una etapa nueva", en el que la principal labor será restaurar la "convivencia" y que el independentismo asuma su "naufragio" y su "fracaso".

Era el primer mensaje que, en inglés y castellano, lanzó el presidente del Gobierno en funciones desde la Moncloa, pasadas las doce de la mañana, también después de la valoración que de la sentencia del 'procés' hizo Quim Torra. Y aunque él no lo verbalizó, desde su equipo confirmaron que llamará esta tarde a los líderes de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para ahormar una respuesta unitaria.

[Consulte aquí en PDF la declaración institucional del presidente]

Sánchez ya había adelantado el pasado sábado, durante la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, que comparecería en cuanto el Supremo hiciera pública la resolución. El Alto Tribunal finalmente condenó este lunes a los líderes independentistas procesados a penas de entre 13 y 9 años por delitos de sedición y malversación. Ya el Gobierno había ido preparando la respuesta desde primera hora: la Moncloa lanzó un vídeo con palabras de la vicepresidenta y de varios ministros en varios idiomas en el que defienden la fortaleza del sistema democrático español. José Luis Ábalos, titular de Fomento y secretario de Organización socialista, peso pesado del Gabinete socialista, también había subrayado en TVE que "no procede" de hablar de indultos a los condenados y sí de que se cumpla la sentencia.

En su comparecencia, sin preguntas, Sánchez no incluyó la palabra "indulto". Pero sí quiso despejar la duda de manera indirecta desde el arranque de su discurso, para así sacudirse la presión de la oposición de PP y Ciudadanos, que durante meses no ha cesado de acusar al Gobierno de preparar el perdón si los cabecillas independentistas eran condenados por el Supremo. El presidente se detuvo en ese punto: para el Ejecutivo, el "acatamiento" de una sentencia "significa su cumplimiento". "Reitero, significa su íntegro cumplimiento". Ábalos había traducido ese compromiso minutos antes en la entrevista en TVE. No a los indultos ni tampoco amnistiar a los condenados. Lo que está fuera de su mano es evitar la aplicación de beneficios penitenciarios, porque los penados están en cárceles catalanas, que dependen de la Generalitat.

El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento

El jefe del Ejecutivo pasó a subrayar que la Constitución española consagra como valores superiores la "igualdad", la "libertad", la "justicia" y el "pluralismo político", "todo ello bajo un principio que fortalece" la democracia, y es que todos los ciudadanos son "iguales ante la ley", de forma que "nadie está por encima" de ella y "todos" están obligados a su cumplimiento. En una democracia, aseguró, dirigiéndose al independentismo —que ha hablado en todo momento de un proceso político—, pero también hacia el extranjero, "nadie es juzgado por sus ideas", sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico. Así, reconoció en nombre del Gobierno la "labor independiente" del Tribunal Supremo, que ha trabajado con "escrupuloso respeto a sus obligaciones, dando un ejemplo de autonomía y transparencia, de garantías y de profesionalidad, demostrando una vez más el correcto funcionamiento del Poder Judicial".

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Diversidad y unidad

El presidente remarcó que la sentencia hecha hoy pública es el resultado de un Estado de derecho que en España se puso en pie gracias a la Constitución que puso fin a la dictadura franquista y permitió la integración europea, y que ha hecho que el país sea hoy una de las "mejores democracias del mundo". Una Carta Magna, recordó, que protege no solo la igualdad de los ciudadanos ante la ley y el disfrute de sus derechos y libertades. También la "diversidad territorial", el alto grado de autogobierno en Cataluña y en el resto de territorios. Pero, también esa "unidad de España" respetuosa con la diversidad implica la "inviolabilidad de la integridad territorial y la defensa de la soberanía nacional", como en cualquier otra Constitución del mundo, manifestó.

Sánchez contactará con Casado, Iglesias y Rivera para intentar ahormar una respuesta unitaria. Promete "firmeza, proporcionalidad y unidad"

La "vulneración de estos tres principios democráticos", sostuvo, está "en la base de las acciones sancionadas" por el Supremo en esa sentencia histórica. El presidente relató en ese punto que el independentismo ha "ignorado" los derechos de la mayoría social no secesionista, provocando una "fractura de la convivencia" en Cataluña, ha "atropellado y quebrantado" el Estatuto y la Constitución de manera unilateral. Y el principio de integridad territorial y soberanía nacional fue "atacado" por el secesionismo, pisoteando los "derechos y libertades del conjunto de la sociedad catalana y del conjunto de la nación española".

Sánchez proclamó que, una vez dictada la sentencia, se "abre una etapa nueva". En los "próximos días", avisó, el Gobierno, que cuenta con "todas las atribuciones que la legalidad" le otorga, se mantendrá "atento" y garantizará la "convivencia, la seguridad y el respeto a la legalidad democrática". Lo hará, reiteró, como viene haciendo en los últimos días, con "firmeza democrática, con proporcionalidad y desde la unidad".

"Firmeza democrática significa aplicar la legalidad, sin excluir ninguna posibilidad de las que el ordenamiento jurídico vigente le otorga", advirtió. No hacía falta explicitar más, porque el presidente ha asegurado en múltiples entrevistas y declaraciones públicas que el Ejecutivo tiene contemplados "todos los escenarios", que aplicará gradualmente en función de la respuesta que dé el soberanismo, y que puede conllevar desde la activación de la Ley de Seguridad Nacional a un nuevo 155. El Gobierno, dijo, responderá con "prudencia y con serenidad a las transgresiones que puedan cometerse". También espera contar con la "cooperación leal" de todas las fuerzas comprometidas con la Constitución. Fuentes de la Moncloa informaron después de la comparecencia del presidente que este iba a llamar por la tarde a los líderes de PP, Pablo Casado; Ciudadanos, Albert Rivera, y Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para amarrar una réplica unitaria desde el flanco constitucionalista.

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Integración europea

Sánchez mantuvo que su Ejecutivo "contribuirá a facilitar" el reencuentro de la sociedad catalana, "fracturada" por el independentismo. Como en otras ocasiones, reiteró que el problema no es la independencia, ni tampoco la integridad territorial de España, que no está en peligro. Lo que sí está en riesgo es la "convivencia". Por ello apeló de nuevo a la Generalitat y al Parlament para que representen y gobiernen a todos los catalanes, y no a la minoría separatista. Si así lo hacen, encontrarán a un Ejecutivo dispuesto a ayudar al diálogo "dentro de la legalidad constitucional".

El presidente subraya que se confirma el "naufragio" del independentismo, un "fracaso" que deja atrás una ruptura de la convivencia y mucho "dolor"

"Hoy concluye un proceso judicial ejemplar, pero a la vez hoy se confirma el naufragio de un proceso político que ha fracasado en su intento de obtener un respaldo interno y un reconocimiento internacional. Deja tras de sí solo un triste saldo de dolor y de enfrentamiento, de fractura de la convivencia en Cataluña", reprochó Sánchez. Si se opera así y se dejan de lado los "extremismos", podrá arrancarse una "etapa nueva" presidida por la "concordia" y en la que la "Cataluña moderna, plural y tolerante" recupere la posición destacada que tiene "por derecho y por historia dentro de España", contribuyendo "todos" al "fortalecimiento" de Europa. Porque la UE representa, dijo, ese "futuro compartido", el "espacio común" desde el que se puede respondeer a los desafíos del siglo XXI.

El presidente incidió en que en unos tiempos en los que se demanda una mayor integración europea a todos los niveles (política exterior y defensa común, política migratoria compartida, seguro de desempleo comunitario, lucha contra los paraísos fiscales, implantación de un salario mínimo europeo, armonización fiscal, combate a la emergencia climática...), no tiene sentido caminar "en sentido inverso", hacia la disgregación.

Sánchez asegura que se abre una "nueva etapa" a la que está dispuesto a contribuir desde el "diálogo", pero siempre dentro de la legalidad

El Gobierno asume que la sentencia tendrá aún su recorrido, que en algunos días los ciudadanos asistirán a los "estertores de una etapa superada". Pero "todos estamos convocados a una etapa nueva", y en ella "el objetivo solo puede ser la restauración de la convivencia en Cataluña". "El método será siempre el diálogo y la regla solo puede ser la ley, la Constitución española", concluyó Sánchez, que a continuación leyó un extracto de su intervención en inglés, con la pretensión de que su mensaje se proyectase fuera de nuestro país, como una herramienta más de combate contra la propaganda separatista. Luchar en la arena exterior es lo que explicaba también la ofensiva en redes sociales, y en varios idiomas, del presidente y de sus ministros.

El Gobierno considera "oportuna y justa la reactivación de la euroorden" contra Puigdemont

Después de la comparecencia sin preguntas de Pedro Sánchez en la Moncloa, se conoció que el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, decidió cursar una orden europea e internacional de detención y entrega contra el 'expresident' Carles Puigdemont, huido en Bélgica, por los delitos de sedición y malversación. El magistrado del Supremo reactivó este lunes la euroorden a petición de la Fiscalía, que le envió un escrito el pasado jueves ante la inminencia de la sentencia. 

Desde el Gobierno, consideraron esta decisión de Llarena como "muy oportuna y justa". El Ejecutivo, "y especialmente la vicepresidenta", Carmen Calvo, "ha trabajado intensamente para facilitar la reactivación de la euroorden". Fuentes de la Moncloa señalaron que la número dos ha puesto "a disposición" de Llarena a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal. 

Para el Gobierno, se demuestra una vez más el "principio de igualdad". "Por el mismo motivo que unos han sido condenados, otros [Puigdemont y otros líderes independentistas] están fugados. La euroorden tiene por objeto que estén cuanto antes ante el Estado de derecho".