OBTENIDOS DE LA VENTA DE EDIFICIOS DE PRISA

El juez rastrea otros 90 millones de los Pujol en cuentas de Holanda

El magistrado libra una Orden Europea de Investigación a los Países Bajos en la que se reclama que se investiguen dos entidades vinculadas con el clan

Foto: Oleguer Pujol. (EFE)
Oleguer Pujol. (EFE)

Otros 90 millones de euros, hasta ahora en paradero desconocido, detectados al clan Pujol. En un nuevo auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata asegura que, a día de hoy, "se desconoce el destino y reparto de 90.016.092 euros" vinculados a Oleguer Pujol y uno de sus socios y que salieron del territorio nacional procedentes de la compra-venta de edificios vinculados al grupo Prisa. El magistrado libra una Orden Europea de Investigación a los Países Bajos en la que se reclama que se investiguen dos entidades vinculadas con el clan a efectos de tributación en territorio español en el ejercicio 2015.

En su escrito explica que la entidad española Longshore SL adquirió en julio de 2008 tres inmuebles, locales comerciales y oficinas a Prisa por un importe total de 300 millones más 48 adicionales de IVA. "Los inmuebles adquiridos se encontraban arrendados al propio grupo Prisa y a prestigiosos comercios de retail", especifica. En el momento de la adquisición, el capital de esta empresa correspondía al 50 por ciento a la entidad holandesa RBS Investment Netherlands BV, filial del Royal Bank of Scotland con sede central en Reino Unido y la entidad holandesa Drago Mediterranean Holdings Cooperatief.

Para la adquisición de los inmuebles, cada uno de estos dos socios aportó 51,2 millones de euros (en total 102.500.000) y el resto fue aportado por préstamo de una agrupación de entidades bancarias (220.000.000 euros más un préstamo puente de 48.000.000 euros para financiar el IVA). Sin embargo, ya en 2011, la primera de las entidades vendió su participación a la entidad holandesa Dotricia BV. Tras esta, dice el juez se encontrarían Oleguer Pujol y el que fuera su socio Luis Iglesias, a través de otra empresa, Anline.

Años después, ya en 2015, la entidad Longshore vendió los dos inmuebles con beneficios, por un importe de 370.070.000 euros. "Descontada la devolución de los préstamos y otros, esta entidad recibe por transferencia 222.749.706,66 euros. A la cuenta en Holanda de Dotricia se transfieren, en tres operaciones, un importe total de 90.016.092 euros. En concreto, se remitieron tres transferencias de 21.465.576, 234.464 y 68.316.052 euros a una cuenta de ING.

"Teniendo conocimiento que detrás de esta sociedad holandesa, a través de Anline Services, se encuentran Oleguer Pujol y Luis Iglesias, sometidos a tributación en España, resulta necesario averiguar el destino de dichos fondos, a efectos de poder determinar las cuotas tributarias que les pudieran corresponden por el IRPF, en el periodo 2015. En su caso, también el Fondo de Pensiones Canadiense podría estar sujeto a tributación en España", dice el juez. Se desconoce qué cantidades habrían correspondido a cada uno de ellos y si estas eran propiedad de un fondo compartido.

Investigación en Holanda

En el auto, fechado el día 2, el magistrado libra una Orden Europea de Investigación a los Países Bajos para que se requiera a Dotricia los movimientos de la cuenta bancaria de ING desde el 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015 y los estados financieros para el periodo 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015. También pide que se ordene a Anline detalle de las mismas operaciones.

En reciente informe, la UDEF puso cifra al saqueo perpetrado por los Pujol a través de su clan familiar. Estableció en 290 millones de euros "los ingresos pergeñados a través de Jordi Pujol Ferrusola en provecho del núcleo familiar". El extenso análisis, en el que se repasan todos los tentáculos de la red, indica que podrían haber acumulado cantidades superiores a esta cifra, dado que los agentes avisan de que hay jurisdicciones internacionales donde se han depositado "cantidades millonarias" que no han respondido a las peticiones de cooperación judicial. En este cálculo no figuraría la cantidad ahora detectada.

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