investiga amaños en paraguay y uganda

La UDEF implica a un diputado provincial de Barcelona de JxCAT en la trama de los Pujol

La Policía descubre que el primogénito del expresidente de la Generalitat hizo negocios en el extranjero con el alcalde de Talamanca, el independentista Josep Tarín, cuando ya estaba en el cargo

Foto: Josep Tarín Canales.
Josep Tarín Canales.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha hallado pruebas que implican a un alcalde y diputado provincial de Barcelona del independentista Junts per Catalunya (JxCAT) en la presunta trama de corrupción del clan Pujol. Mensajes descubiertos por los investigadores revelan que Josep Tarín Canales, histórico dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se habría coordinado con el primogénito del expresidente de la Generalitat para repartirse presuntas comisiones ilegales por el amaño de adjudicaciones públicas en el extranjero.

Así consta en un informe policial incorporado al sumario del caso Pujol, que se instruye en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional desde 2012 y en el que se encuentran imputados todos los miembros de la familia. En el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, la Policía señala que Tarín, actual primer edil de la localidad de Talamanca (Barcelona), se habría repartido comisiones millonarias con Jordi Pujol Ferrusola por la manipulación de concursos públicos en países como Uganda o Paraguay y habría facilitado a la red sociedades instrumentales para ocultar esos fondos.

La UDEF describe cómo funcionaba esta parte de la trama. Jordi Pujol Jr ofrecía sus servicios de intermediación ante gobiernos de todo el mundo a empresas como la constructora Isolux Corsán, uno de sus mejores clientes. La especialidad de Jordi Pujol Jr eran los países en vías de desarrollo porque, según los investigadores, a pesar de que realizan grandes inversiones en infraestructuras no disponen de las herramientas necesarias para luchar contra la malversación de fondos ni contra la manipulación de los procesos de contratación.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en una imagen de archivo. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en una imagen de archivo. (EFE)

Una vez fijados los objetivos, el mayor del clan Pujol y su supuesto socio, que estaría “íntimamente conexo a los hechos” a juicio de la UDEF, recurrían a su vez a otras personas con influencia en esos mercados para llegar hasta los máximos responsables políticos. Eso es lo que habrían hecho en Congo y Gabón, otros dos países que estuvieron bajo su radar y en los que se han descubierto donaciones a dirigentes y partidos locales. En Paraguay, también rastreado por la Policía, el presunto enlace de Pujol y Tarín era Ernesto Manuel Dos Santos Bedoya, un oscuro conseguidor que operaba principalmente en Sudamérica y el golfo de Guinea.

La Policía tiene documentada una visita en 2015 de Ernesto Dos Santos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones paraguayo. Le acompañó a esa reunión el delegado de Isolux en Argentina, Mario Maxit, implicado en el caso Cuadernos, un escándalo de corrupción que afecta a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. En aquella reunión, según las comunicaciones intervenidas por UDEF, las autoridades de Asunción informaron a los enviados de Jordi Pujol Jr y Tarín de que habían decidido conceder a Isolux Corsán la construcción de un viaducto por importe de 21 millones de euros. Poco después de salir del encuentro, Dos Santos trasladó la noticia al primogénito del expresidente de la Generalitat. No era un farol. Efectivamente, la compañía española resultó adjudicataria del contrato tras haber sido eliminados sus competidores por razones sospechosas.

En torno a agosto de 2015, Pujol contactó con el diputado independentista de Barcelona para preguntarle cómo debían cobrar a Isolux por su éxito en Paraguay. “Concuerdan en que es mejor [emitir una factura a Ernesto Dos Santos] al suponer un gasto para él, dado lo cual tributa menos por los beneficios”, señala la Policía en su informe. No sería la primera vez que lo hacía. Al contrario, la UDEF apunta que “esta misma lógica ha sido planteada por esta instrucción policial en cuanto a los millonarios ingresos percibidos por Jordi Pujol Ferrusola en España, merced a facturaciones libradas a mercantiles varias como Copisa, Isolux Corsán, FCC… Que, más allá de su vinculación directa con la corrupción que suponen, en ningún caso representan prestación de servicios alguno, que supongan un coste de producción necesario para esas empresas, dado lo cual no deberían deducirse como gastos y, teniendo en cuenta los montos millonarios de algunas, serían delitos fiscales”.

La comisión que iban a llevarse Pujol, Tarín y Dos Santos por el contrato de Paraguay era millonaria. “La lectura literal que obra en los mensajes”, señala el informe al que ha tenido acceso este diario, “permite inferir que Ernesto Dos Santos no quiere hablar por teléfono del reparto de las comisiones, que van a ascender a dos millones (probablemente de dólares), de los que uno se lo van a repartir ellos y otro permanece en el país, surgiendo necesariamente el pensamiento de que se trate del dinero para los representantes políticos [responsables de la licitación], sin querer dar nombres”.

Jordi Pujol Ferrusola, en diciembre de 2017. (EFE)
Jordi Pujol Ferrusola, en diciembre de 2017. (EFE)

En otra de las operaciones diseccionadas, un concurso de Uganda en el que también terminó imponiéndose Isolux, la UDEF localizó otro contrato en el que también aparecían Jordi Pujol Ferrusola y el alcalde de JxCAT como intermediarios. Ambos figuraban como representantes legales de las sociedades instrumentales Active Translation SL y Shandor Consulting SL, respectivamente. Esta última sería la mercantil usada por el alcalde de Talamanca para cobrar por sus gestiones ante gobiernos extranjeros. Los expertos en delitos económicos de la Policía han localizado, asimismo, pagos desde Active Translation a Shandor Consulting que identifican como un reparto de dinero por algún negocio.

A preguntas de este diario, Tarín ha admitido conocer a Jordi Pujol Ferrusola y a Dos Santos, pero ha negado haber participado en la creación de sociedades instrumentales y haberse repartido comisiones por la adjudicación de contratos en Uganda, Paraguay u otros países. Asegura que solo se dedica a la abogacía.

Tarín, de 59 años, lleva casi toda su vida militando en la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y actual PDeCAT, que se ha integrado en la plataforma JxCAT. Fue elegido por primera vez concejal de Talamanca —a unos 60 kilómetros de la Ciudad Condal— en 1987, y en 2003 se convirtió en alcalde del municipio. Desde entonces, ha revalidado su mandato en cinco elecciones, las últimas, el pasado mayo, tras imponerse a una candidatura vinculada a ERC. Es decir, que participó en los negocios bajo sospecha mientras ya estaba ejerciendo una responsabilidad pública.

El pasado julio, además, se convirtió en diputado provincial de Barcelona tras el polémico acuerdo entre JxCAT y PSC que desbancó a los republicanos de ese organismo. Tarín es desde entonces miembro de la Junta de Gobierno y ocupa el cargo de diputado delegado de Movilidad, Espacios Naturales y Prevención de Incendios Forestales.

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