El TSJC ordena a los Mossos quitar el lazo y la pancarta del Palau tras la negativa de Torra

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no está dispuesto a esperar más. Después de que Quim Torra se haya negado a acatar la orden de retirar el lazo amarillo y la pancarta de apoyo a los "presos políticos" de la fachada del Palau de la Generalitat, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo ha solicitado a los Mossos d'Esquadra que procedan a quitarlos ellos mismos. "De acuerdo con la providencia dictada en el día de hoy por este tribunal en las actuaciones más arriba mencionadas, le remito este oficio mediante en cual le requiero que, de forma inmediata, dé instrucciones a las fuerzas a su mando para que procedan a retirar, de la fachada del Palau de la Generalitat que da a la Plaza Sant Jaume de esta ciudad, la pancarta y el símbolo que son objeto de este proceso", ordena el tribunal al comisario jefe de la policía autonómica.

La decisión llega después de que el TSJC estimara el pasado 20 de septiembre las medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano, una asociación contraria al independentismo que argumenta que el lazo y la pancarta incumplen los deberes a los que está sometida la administración pública de representar al conjunto de la ciudadanía. Frente a la solicitud de retirarlos, desde la Generalitat negaron que dicha organización tuviera "la legitimación activa para interponer el presente recurso contencioso", argumento que el TSJC echó por tierra: como ciudadanos que no se alinean "con la opción ideológica representada por dicha pancarta y el símbolo anexo", el tribunal considera que se ven afectados por la colocación de los mismos y, por tanto, legitimados para pedir su retirada.

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Lejos de aceptar la decisión del tribunal, el 'president' anunció el mismo 20 de septiembre que no iba a cumplir el mandato y denunció una "vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión y de opinión". El líder independentista asegura desde entonces que no cumplirá la orden, para lo que defiende los símbolos como un clamor "mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren la represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales".

La Generalitat presentó también un recurso contra la medida cautelar, pero el TSJC rechazó sus argumentos este jueves: "Es propio de las medidas cautelares su inmediato cumplimiento" y "en este caso no se aprecian motivos para excepcionar dicho principio general". El tribunal recordaba además en su escrito que el 24 de septiembre se publicó en el BOE la convocatoria de elecciones y, según decreta la Junta Electoral Cental, durante la campaña no se pueden mostrar símbolos partidistas en edificios públicos. El 'president', sin embargo, sigue sin dar su brazo a torcer, por lo que la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo ha optado por acudir a la policía autonómica.

Torra ya se enfrenta a un juicio

La polémica en torno a la exhibición de símbolos independentistas en edificios públicos suma así un nuevo capítulo. El 11 de marzo, en plena campaña del 28-A, la Junta Electoral Central exigió a Torra que quitara los lazos amarillos y las pancartas de apoyo a los presos del 'procés' en 48 horas, subrayando para ello "la obligación de los poderes públicos de mantener estrictamente la neutralidad política durante los procesos electorales". Pero al igual que ha ocurrido en esta ocasión, el 'president' respondió con un pulso: alegó "dificultad para su cumplimiento", dijo que estaba a la espera de una aclaración del defensor del pueblo catalán e incluso llegó a cambiar el lazo amarillo del Palau por uno blanco. Ante las constantes advertencias de la JEC, el 22 de marzo terminó por retirar los símbolos, pero para entonces el caso ya estaba en manos de la Fiscalía.

Torra tendrá que sentarse en el banquillo del TSJC el próximo 18 de noviembre por estos hechos. El Ministerio Público pide para él un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por desobediencia, para lo que precisa además que la inhabilitación que reclama debe extenderse al ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno.