Durante la etapa de Javier Monzón

Anticorrupción pide a Indra 1,4 millones por sus pagos a la caja B del PP de Madrid

Por los indicios de que se financió con donaciones ilegales de la compañía del Ibex 35 a través de una red societaria que controlaban testaferros y empresarios amigos

Foto: Imagen de la sede de Indra en Madrid. (Indra)
Imagen de la sede de Indra en Madrid. (Indra)

La Fiscalía Anticorrupción quiere recuperar parte de los fondos de la Púnica. El extenso escrito en que el Ministerio Público pide al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la imputación en el caso Púnica de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, así como de la empresa Indra y de su expresidente Javier Monzón, reclama también el depósito de cantidades para hacer frente a futuras responsabilidades civiles por el desvío de fondos para el pago de gastos del PP de la Comunidad de Madrid.

Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, las fiscales piden, en concreto, que Indra aporte 1,4 millones en concepto de fianza después de que la Unidad Central Operativa (UCO) recabara, a lo largo de la instrucción, pruebas que indican que el PP de Madrid se financió presuntamente con donaciones ilegales de la compañía, dinero que llegó a la formación a través de una red societaria controlada por testaferros y empresarios amigos. El flujo de estos fondos irregulares se habría mantenido activo al menos entre 2008 y 2013, permitiendo a los populares madrileños inyectar en su caja B un total de 1.054.247 euros.

Como casi todo en la pieza que investiga la existencia de la caja B de la formación en Madrid, los indicios recabados son fruto de la fusión de Púnica y otra de las causas sobre corrupción del Gobierno regional, Lezo. La Guardia Civil llegó a registrar la sede de la empresa en abril de 2017 durante la operación contra el entramado liderado por Ignacio Gonzalez. Detectó pagos sin justificar desde Indra a dos mercantiles, Formaselect Consulting SL y Swat SL. La primera, dedicada a la formación de trabajadores, facturó 938.247 euros entre 2010 y 2013, más del 90% de los ingresos totales de la formación en aquellos años.

En el caso de Swat, Indra le habría abonado un total de 116.000 euros durante el ejercicio 2008 por supuestos trabajos de “asesoría en comunicación para la presencia en medios de comunicación”. Teóricamente, Swat SL comenzó a prestar el servicio en el segundo semestre de 2007, es decir, justo después de las elecciones autonómicas de ese año, en las que Aguirre revalidó su primer mandato con otra mayoría absoluta.

El problema en ambos casos es que, si bien existe constancia de la contratación y de los pagos, no hay rastro de evidencia que apunte a que los trabajos llegaran a hacerse. La constancia de los pagos viajó de Lezo a Púnica. La UCO comenzó a tirar del hilo a través de la agencia ICM, una de las empleadas para desviar fondos públicos al PP. El dinero salía del ente autonómico mediante licitaciones con precios inflados que eran sistemáticamente concedidas a Indra. Después, la multinacional pagaba presuntamente facturas falsas a firmas instrumentales, como Formaselect Consulting SL y Swat SL, que se encargaban de triangular los fondos para dificultar su seguimiento. Por último, el dinero público era utilizado para abonar gastos de campaña del partido que superaban el máximo legal permitido.

Por estos hechos ya estaban imputados desde el inicio de la operación Lezo los administradores de Formaselect y Swat, así como el consejero delegado de ICM durante el periodo bajo investigación, José Martínez Nicolás. Indra también ha reconocido que la Agencia Tributaria está investigando los pagos que realizó a una tercera empresa, la agencia de comunicación y publicidad Lata Latina SL, que ya estuvo implicada en el caso Gürtel y era proveedora del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según los inspectores de Hacienda, la cotizada habría abonado a la agencia un total de 3,3 millones de euros entre 2011 y 2014 por trabajos que tampoco aparecen.

La solicitud de fianza, al igual que el resto de peticiones de diligencias, se encuentra bajo estudio del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que debe decidir si las atiende a partir del próximo mes de septiembre.

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