Hacienda detecta que Indra pagó 3,3M por trabajos ilocalizables a un proveedor del PP

La investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular en el caso Lezo ha dado un nuevo salto. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está analizando facturas por valor de 3,3 millones de euros que Indra abonó a una agencia de comunicación y publicidad, Lata Latina SL, que ya fue implicada en Gürtel por organizar actos del Gobierno de Esperanza Aguirre con contratos amañados. La multinacional tecnológica ha reconocido al juez que, entre 2011 y 2014, subcontrató a Lata Latina SL casi la totalidad de una concesión millonaria adjudicada en 2010 por el Gobierno autonómico del PP a través de otro ente público relacionado con la caja B de la formación: la Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid (ICM). La Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria ha descubierto ahora que los supuestos trabajos realizados por Lata Latina no aparecen y que Indra fabricó facturas con la agencia para no sobrepasar el límite legal de subcontratación. Se da la circunstancia de que, durante ese mismo periodo, Lata Latina organizó actos públicos para el Ejecutivo de Aguirre.

La propia tecnológica ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el que se investiga el caso Lezo, las diligencias abiertas por Hacienda para conocer el objeto de sus encargos a Lata Latina y los motivos por los que algunas facturas fueron giradas a la agencia con IVA y otras sin el impuesto. En 2011, Indra abonó a esa sociedad 1.164.316 euros; en 2012, 1.284.903; y en 2013, 867.856. Es decir, un total de 3.317.075 euros en solo tres ejercicios. Los contratos continuaron en vigor en 2014, sin embargo Indra no pagó ningún importe. Casualmente, en octubre de ese último año estalló el caso Púnica y aparecieron los primeros indicios que relacionaban a la cotizada con la financiación ilegal del PP.

Indra habría firmado el primer contrato comercial con Lata Latina el 11 de mayo de 2011 para que la agencia “colaborara en la ejecución del concurso público anunciado por la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid-ICM para la contratación de servicios con destino al 'diseño, mantenimiento, programación y edición del front-end' de la estructura de portales integrados dentro de Madrid.org y Portal de la Presidencia”, según consta en las diligencias efectuadas por la Agencia Tributaria. Efectivamente, en noviembre de 2010, el Ejecutivo de Aguirre, a través de ICM, le otorgó a Indra un contrato con ese objeto por importe de 1.487.129 euros. Tras el primer contrato de colaboración de 2011 y después de que ICM decidiera prorrogar la adjudicación durante otros 17 meses y 21 días, Indra y Lata Latina firmaron en 12 de junio de 2012 un segundo acuerdo para extender su relación comercial.

Los inspectores de Hacienda se han fijado ahora en elementos que apuntarían a un nuevo episodio de financiación ilegal del PP. Primero, ponen el foco en facturas de Lata Latina pagadas por Indra en fechas próximas a sus contratos de colaboración para ICM. Se trata de facturas por supuestas labores de consultoría y asesoría en la obtención de contratos públicos. La multinacional española admite que se trata documentos simulados que tenían como objetivo camuflar otros encargos relacionados con el acuerdo por ICM. Según recogen las diligencias de la Agencia Tributaria, el motivo por el que pactaron utilizar otro concepto fue que, con “el compromiso de volumen de subcontratación que se había alcanzado con Lata Latina para el citado contrato 'front-end" ya se superaban "los límites legales de subcontratación permitida en contratos con el sector público”.

El otro gran agujero detectado por la Agencia Tributaria es que, en realidad, no existe ninguna prueba de que se realizaran esos trabajos, ni siquiera los amparados por el acuerdo principal. A pesar de las múltiples diligencias efectuadas por los inspectores de Hacienda -las últimas se produjeron durante los pasados meses de septiembre y octubre-, Indra solo ha aportado los contratos comerciales y las facturas que abonó a la agencia investigada en Gürtel. La multinacional no ha encontrado en sus archivos ninguna documentación que demuestre que obtuvo algún servicio a cambio de los 3,3 millones de euros que pagó en tres años a una sola agencia de comunicación.

Estas averiguaciones y la información suministrada por la propia Indra ya han sido trasladadas al instructor del caso, el juez Manuel García-Castellón. La UCO también está estudiando estos datos, que parecen reproducir un mecanismo descrito en informes previos de esta unidad de la Guardia Civil que ya situaban a Indra como una pieza clave en la presunta financiación ilegal del PP. Como adelantó El Confidencial, los agentes del Delitos contra la Administración del Instituto Armado han descubierto que la tecnológica inyectó en esos mismos años hasta 600.000 euros en la caja B de Génova utilizando una compleja red de empresas instrumentales. El dinero también salía de adjudicaciones de ICM. Después, la cotizada abonaba presuntas facturas falsas a una firma de formación, Formaselect. Y por último, esta desviaba los fondos a un grupo de agencias de 'marketing' y publicidad (Swat SL, Pamaz Image SL, Strat Map SL y The Cell Core SL) que, al igual que Lata Latina, era proveedor de administraciones del PP y del propio partido, sobre todo, en campañas electorales. También del Partido Popular nacional. Entre 2011 y 2013, a juicio de la UCO, Indra habría participado en este sistema diseñado presuntamente por Génova para saldar sus deudas con dinero de adjudicaciones públicas licitadas por el Gobierno madrileño.

Esta es la primera vez que aparece el nombre de Lata Latina en el caso Lezo. Los 3,3 millones de euros de Indra que circularon por esta agencia multiplican por cinco los fondos presuntamente irregulares de la cotizada que habían sido detectados hasta el momento. La UDEF ya incluyó la empresa Lata Latina en la investigación sobre la primera época del caso Gürtel cuando examinó todos los contratos que las empresas de Francisco Correa se llevaron de distintas consejerías del Gobierno presidido entonces por Aguirre. El entonces instructor del caso, el juez Pablo Ruz, bautizó como "guion-CAM” el procedimiento de actuación preestablecido e ideado por Alberto López Viejo (alto cargo de Aguirre durante cinco años) y Correa para amañar la contratación de 348 actos públicos en los que intervino la expresidenta madrileña.

Entre esos eventos estuvo el acto de entrega de medallas al mérito ciudadano de la Comunidad de Madrid, que ganó Lata Latina por 11.093,85 euros. Al final fueron 12 las empresas vinculadas a Correa que la UDEF pudo identificar como beneficiarias de estos amaños, aunque Lata Latina quedó al final fuera del proceso judicial. Y eso que un informe de 2014 de la Agencia Tributaria reveló que estas sociedades de Correa también facturaron con Lata Latina trabajos subcontratados por valor de 400.000 euros. En esa pieza de la Comunidad de Madrid, los investigadores cifraron en 8,7 millones de euros el valor de los contratos presuntamente amañados por Correa y López Viejo. De este total, "el beneficio irregularmente generado" por sobrecostes y comisiones ascendió a 4,9 millones de euros.

Lata Latina también apareció en el interrogatorio judicial a Aguirre, que declaró como testigo y por escrito en el caso Gürtel en diciembre de 2013. El instructor le preguntó sobre esta firma, a lo que la expresidenta contestó que apenas la conocía. “Lata Latina en un momento dado llevó la página web de la Comunidad de Madrid”, fue su lacónica respuesta.