después de analizar la documentación incautada

El juez de Lezo escuchará al testigo clave de la financiación irregular del PP de Madrid

Citará a Silvano Corujo, que declaró ante la UCO sobre las maniobras de González para desviar un millón de euros en contratos de una empresa pública

Foto:  Ilustración: Raúl Arias.
Ilustración: Raúl Arias.

El testigo clave de la financiación irregular del PP de Madrid de la que se acusa al cabecilla de la trama Lezo, Ignacio González, y sus más estrechos colaboradores declarará en la Audiencia Nacional. El juez ha aceptado interrogarle en relación al desvío de fondos de una empresa pública a la caja B del PP madrileño por un valor total de un millón de euros. El dinero, que habría servido para "pagar deudas" de la formación, salió de la Agencia para la Administración Digital, antigua Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).

El juez ha aceptado la petición de uno de los principales imputados en esta pieza, el exdirector del organismo José Martínez Nicolás, para que escuche al que fuera su principal colaborador en el ente, el exdirectivo de ICM Silvano Corujo, cuyo testimonio ante la Fiscalía Anticorrupción marcó el origen de las pesquisas. Según una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, esperará para fijar una fecha a que finalice el análisis de la documentación incautada en los registros. La declaración se considera fundamental para "esclarecer" lo sucedido, agrega el escrito.

Como "testigo privilegiado de los hechos", Corujo desveló las presiones de González sobre su antiguo jefe para lograr que se desviara un millón de euros que se destinaría a sanear las cuentas del partido en Madrid. Fue citado como testigo a raíz de una denuncia sobre estos hechos presentada por UPyD y concretó ya entonces que González utilizó presuntamente su influencia sobre ICM para adjudicar contratos de dos empresas privadas, Indra y Pwc, por importes muy superiores al coste real de los servicios. Con la diferencia, las adjudicatarias abonaron facturas de proveedores del PP regional falsificando los conceptos mercantiles. La mayoría de esas facturas se correspondía con gastos de campañas electorales de la primera planta de Génova.

Según explicó el juez Eloy Velasco, entonces instructor del caso, en el auto en el que ordenó el ingreso en prisión de Ignacio González, este, como secretario general del PP madrileño, le pidió a Martínez Nicolás el famoso millón en una reunión celebrada el 7 de junio de 2012. Corujo no asistió a la reunión, pero conoció su contenido gracias a la estrecha relación que le unía por aquel entonces con su jefe. Además, formaba parte de todas las mesas de contratación de la agencia informática.

Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado registraron las oficinas de ese ente público en el marco de la operación Lezo y se llevaron los contratos. También acudieron a las compañías que habrían colaborado en el fraude. La principal investigada es la multinacional tecnológica española Indra, participada mayoritariamente por el Estado (22%). En 2006, ICM adjudicó a Indra un contrato de 16,1 millones de euros para prestar asistencia informática a los funcionarios de la Comunidad de Madrid. En 2007, el mismo organismo concedió a Indra otro encargo para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas que ascendió a 13,5 millones. Y en 2010, ICM volvió a confiar en la misma compañía de telecomunicaciones para implantar la plataforma de gestión académica de la comunidad por un importe de 15,8 millones.

Las licitaciones de Indra

Sede de Indra en Madrid. (Indra)
Sede de Indra en Madrid. (Indra)

Las licitaciones de ICM siguieron engrosando la cuenta de resultados de Indra durante los siguientes años. La UCO rastrea esas adjudicaciones y también otras que específicamente tenían como objetivo el procesamiento y la difusión de los datos de las elecciones autonómicas. En los comicios de 2007, Indra asumió ese servicio por 1,2 millones. Volvió a hacerlo en las elecciones de 2011 por 2,9 millones de euros. Y en las elecciones de 2015, ICM destinó otros 4,5 millones para Indra, pero finalmente se anuló el concurso y la Comunidad de Madrid firmó un convenio con el Ministerio del Interior para ceder el recuento de esos comicios.

ICM e Indra ya habían sido investigadas en Púnica por el juez Velasco, precisamente por haberse concertado para pagar servicios de reputación 'online' de Ignacio González. Los investigadores acreditaron en ese procedimiento un pago de 10.000 euros con dinero en efectivo no declarado. Por esos hechos fueron imputados el propio Martínez Nicolás y dos directivos de la empresa tecnológica, Santiago Roura y Javier de Andrés. Se da la circunstancia de que este último es marido de la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, detenida e imputada también en la operación Lezo por haber autorizado operaciones ruinosas de la empresa pública del agua en Sudamérica que presuntamente fueron utilizadas por González para desviar 23 millones de euros.

España

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
4 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios