2,5M de personas con movilidad reducida

'Encerrados' sin ascensor: "Cinco años sin salir de casa por culpa de 39 escalones"

Ancianos, personas con movilidad reducida, enfermos... Hasta 100.000 personas nunca salen de sus casas por falta de accesibilidad en sus edificios

Foto: Nuria, junto a las escaleras de su bloque. (Álvaro Rincón)
Nuria, junto a las escaleras de su bloque. (Álvaro Rincón)

"Me he sentido encarcelada en mi propia casa", relata Nuria. Esta madrileña de 38 años vive en el cuarto piso de un bloque de edificios de Parla (Madrid) que no cuenta con ascensor. 68 escalones "aprisionan" a esta enferma de síndrome de Sudeck —una hinchazón de las piernas, derivada en su caso de una operación de rodilla— que desde 2013 le impide subir y bajar escalones y, por tanto, salir a la calle.

Sin ascensor, "escapar" de su domicilio depende únicamente de su enfermedad. "Cuando tengo más dolor, he llegado a bajar los cuatro tramos de escaleras sentada, impulsándome con los brazos, y tardo casi media hora en llegar al portal", cuenta. "Y esto me ha provocado molestias en los hombros y las muñecas".

Nuria en su casa. (Álvaro Rincón)
Nuria en su casa. (Álvaro Rincón)

A pesar de las complicaciones, Nuria no ha dejado de trabajar. "No he querido hacerlo", asegura. Cada día, sus padres, con los que vive, tienen que ayudarla a bajar, como sea, las escaleras. "En los días buenos, agarro con una mano la muleta y mi madre me coge del otro brazo".

"Hace poco, me he obligado a mí misma a pedir 10 días de vacaciones aunque los he pasado sin salir de casa", prosigue.

Escaleras del edificio en el que vive Nuria. (A. Rincón)
Escaleras del edificio en el que vive Nuria. (A. Rincón)

Su enfermedad no solo tiene consecuencias físicas. "Cuando estoy sentada, tengo dolor aunque lo controlo, en parte, con parches de lidocaína. Pero también está el agobio de preguntarme si ese día podré ir o no a trabajar, si esta vez tendré fuerzas para salir de mi casa y quedar con amigos o si funcionará el ascensor de las estaciones de metro…", añade. "Además del malestar físico, que se agrava con el tiempo, te sientes bloqueado por la ansiedad, que en mi caso se ha convertido en depresión".

"He llegado a bajar las escaleras sentada y así tardo media hora en alcanzar el portal"

En un principio, según relata Nuria, sus vecinos comprendieron su drama y no se negaron a instalar un ascensor en el bloque, pero luego cambiaron de idea. "Algunos no se lo pueden permitir y otros no empatizan y se echaron para atrás", explica. "Y tampoco tenemos dinero para irnos a otro piso que sí cuente con elevador o a un bajo", apunta su madre.

(Á. R.)
(Á. R.)

El bloque contiguo, de las mismas proporciones que el de Nuria, sí tiene instalado un pequeño ascensor en el hueco de las escaleras, en el que caben una o dos personas.

El Ayuntamiento de Parla no concede ayudas para la instalación de estos aparatos, por lo que Nuria no cree que su situación vaya a mejorar en el corto o medio plazo. Tiene concedido un grado de discapacidad del 33%, pero debido a su sordera —no oye nada por el oído derecho—, no por su enfermedad; y va a volver a presentar una solicitud de movilidad reducida, que ya le fue denegada en una ocasión. "No voy en silla de ruedas. Como lo que tengo provoca principalmente dolor, es más difícil demostrar, tanto en el vecindario como en el trabajo, lo que sufro", añade.

Sus padres tienen que ayudarle a salir de casa y a bajar las escaleras

Nuria forma parte de los 2,5 millones de personas con movilidad reducida que hay en España, de las cuales 100.000 nunca o casi nunca salen de sus domicilios debido a la falta de acondicionamiento de los inmuebles en los que viven. Son, en su mayoría, enfermos, usuarios de sillas de ruedas o ancianos con alguna dolencia.

Nuria, durante la entrevista. (A. R.)
Nuria, durante la entrevista. (A. R.)

Estos datos han sido publicados recientemente en un informe realizado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), que también cifra en un 22% el porcentaje de personas con movilidad reducida que ha tenido que cambiar de domicilio por culpa de esta problemática. Los principales obstáculos que encuentran son las escaleras junto a determinados elementos del portal o las zonas comunes. Además, según el informe, más de 4 de cada 10 personas con movilidad reducida pasan muchos días seguidos sin salir de casa.

Límite: 12 cuotas

En su artículo 10.1 b), la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) impide que se pueda realizar una reforma en un inmueble cuyo coste supere el valor de doce cuotas ordinarias si la mayoría de los propietarios se oponen a sufragarla.

El 33% de los afectados saldría más a la calle si su edificio fuera más accesible

Si un anciano o una persona con movilidad reducida lo solicitan, siempre que el precio de la instalación no supere este límite, la reforma no requiere el acuerdo de la Junta de propietarios. Si lo sobrepasa, la obra sí necesita del apoyo de, al menos, la mitad más uno de los vecinos.

"Llevamos más de 20 años reclamando que se modifique la LPH, que ha sufrido algunos cambios pero que no son suficientes", explica Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). "Pedimos que se elimine esta limitación de las doce cuotas", explica, de forma que una instalación que mejore la accesibilidad de un edificio, aun superando el valor de 12 cuotas, sería también obligatoria.

"No es aceptable que las personas con problemas de movilidad estén encerradas en sus casas; es una injusticia social, no es vida", añade Queiruga. Y remata: "No es algo individual, la accesibilidad favorece a la sociedad en su conjunto".

Los 'encerrados' de Aluche

Abel, presidente de la Asociación. (A. R.)
Abel, presidente de la Asociación. (A. R.)

España es el país del mundo con un mayor número de ascensores por habitante, según un estudio publicado en 2014 por el banco Credit Suisse. Pero en determinadas zonas de la periferia madrileña, como el barrio de Aluche, en el distrito de La Latina, estos aparatos, elemento habitual en cualquier edificio del centro de la capital, son casi un lujo.

A Abel Montalvo le entregaron su piso en el barrio poco después de casarse. "Me lo dieron el 19 de noviembre de 1967", una fecha que recuerda a la perfección y que define como "uno de los días más felices de su vida". Hoy, ya jubilado, preside la Asociación de Vecinos de Puerto Chico, impulsora de la plataforma "Puerto Chico se mueve", que lleva casi una década "luchando para que instalen ascensores que permitan a la gente mayor salir de sus casas y mejore la vida de los vecinos".

14 comunidades de vecinos de la zona se han beneficiado de las ayudas municipales y cuentan —ya instalados o en proceso— con ascensores en sus bloques. Otros 40 edificios tienen previsto hacerlo pronto. El estudio de arquitectos Q-21, un colectivo dedicado a la rehabilitación urbana de carácter sostenible, lleva colaborando con la Asociación de Vecinos —en un primer momento, para realizar las inspecciones técnicas de los edificios previas a la instalación— desde 2006 y 'firma' parte de estas obras.

Al tratarse de un Área Preferente de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU), el Ayuntamiento de Madrid puede llegar a sufragar en Aluche hasta el 70% del coste de la instalación de ascensores, que suele rondar los 100.000 euros, ya que, en la mayor parte de los casos, es necesario construir desde cero la estructura del elevador en el patio interior de los edificios. Desde 2019, estas ayudas municipales se conceden por adelantado, antes del inicio de la obra y tras presentar una licencia.

Patio de un bloque de Aluche. (A. R.)
Patio de un bloque de Aluche. (A. R.)

Por su parte, la Comunidad de Madrid llega a subvencionar a posteriori —ya con el ascensor en marcha— hasta el 40% de la instalación, con un máximo de 8.000 euros por vivienda. Para obtener la subvención, las comunidades de vecinos deben presentar tres presupuestos, lograr una mayoría simple favorable a la remodelación y pedir una licencia de obra, "que está tardando en llegar entre seis meses y un año", según explica Juan, otro miembro de la asociación.

Pero no todo es tan sencillo como parece: algunos vecinos, que podrían beneficiarse de estas subvenciones, desconocen su existencia; otros "no tienen ganas de andar 3 o 4 meses de obras en sus portales y domicilios".

Abel muestra sobre un plano cómo afecta la instalación a los edificios. (A. R.)
Abel muestra sobre un plano cómo afecta la instalación a los edificios. (A. R.)

Además, gran parte de los bloques de edificios de Aluche tienen más de medio siglo, e instalar elevadores en ellos supone, en ocasiones, alterar la estructura de las viviendas de parte del bloque, por lo que ciertos residentes se niegan. "Ha habido juicios en algunas comunidades. Algunos se oponen porque poner un ascensor le quita a la mitad de los vecinos parte del espacio en el que se ubican los tendederos que dan al patio", donde se coloca el aparato. "Pero tras la obra, se les devuelve esa misma superficie y nadie pierde espacio en sus viviendas", coinciden en detallar tanto Lucía Martí, arquitecta de Q21, como Abel.

El barrio de Aluche, perteneciente al distrito de La Latina, es una de las áreas más envejecidas de su zona, con un porcentaje de población dependiente superior a la media madrileña. Según el censo municipal, más del 35% de sus casi 66.000 vecinos tiene más de 60 años y el grupo de habitantes de entre 70 y 74 años es el más numeroso en el barrio. "Aquí, a los que no nos falla la pierna derecha, nos falla la izquierda", bromea Abel al preguntarle por las necesidades de los residentes.

Sin pisar la calle en 5 años

Entre los cincuenta y los setenta, la Meseta de Orcasitas (distrito de Usera, Madrid) era un amasijo de chabolas y viviendas bajas construidas por trabajadores —en su mayoría, extremeños y castellanomanchegos— que habían acudido a la capital en busca de empleo. A partir de 1976, comienza la remodelación de la zona, a partir de un proyecto de ordenación gubernamental, que culmina con la construcción, en un primer momento, de más de 1.500 viviendas equipadas.

Margarita en el rellano de su vivienda. (A. R.)
Margarita en el rellano de su vivienda. (A. R.)

Gracias a la labor de la Asociación de Vecinos de Orcasitas —que redactaron un plan urbanístico propio que el Tribunal Supremo obligó a cumplir a la Administración— todos los habitantes de la Meseta, incluso los inquilinos y los que vivían en chabolas, fueron realojados en los pisos de nueva construcción.

Algunos vecinos no pueden afrontar los gastos previos a solicitar la subvención del ascensor

La familia de Margarita era propietaria de una casa de planta baja en el barrio y pudo elegir una vivienda "de las nuevas" en 1980. Con la compensación de la expropiación pagó la entrada del recién estrenado domicilio. Pero casi 40 años después, la "casa nueva" no es tan nueva; es un cuarto piso sin ascensor. Margarita tiene 96 años y lleva 5 sin pisar la calle. En todo un lustro, "ha salido de casa solo cuando se ha roto las dos caderas y al cumpleaños de su nieta, que vive en el bloque de enfrente", cuenta la hija de la anciana, que también se llama Margarita.

Margarita, en su sofá. (A. R.)
Margarita, en su sofá. (A. R.)

"La última vez que se rompió la cadera, para bajarla, tuvimos que tumbarla en una sábana cogida por 3 personas; no había otra forma", relata. "Si pudiésemos, claro que saldríamos de casa con ella", indica señalando a su madre, a la que transportan en una silla de oficina, porque la silla de ruedas que guardan en el sótano apenas cabe por uno de los pasillos y roza las paredes.

"Una vecina me ha preguntado si mi madre había muerto, porque ya no la ve por la calle"

"En el barrio, todo el mundo la conoce. Esta misma mañana me ha pasado algo que me sucede muy a menudo: una vecina me ha preguntado si mi madre había muerto, porque ya no la ve por la calle", explica Margarita (hija). "Estamos enclaustrados por 39 escalones".

La hija y el yerno de Margarita colocan a la anciana en su silla. (A. R.)
La hija y el yerno de Margarita colocan a la anciana en su silla. (A. R.)

En el bloque, no obstante, sí sería posible instalar un elevador, a través de las dispensas, unos pequeños habitáculos situados en los rellanos de cada planta y a los que se accede desde el interior de cada domicilio. No pertenecen a las viviendas, sino a la comunidad, según explica Margarita. "Tenemos buhardillas, en las que podrían ir las poleas, y sótanos, así que sería cuestión de ceder estas dispensas para colocar el ascensor", explica. "Pero no nos lo podemos permitir", añade.

Margarita en su sofá. (A. R.)
Margarita en su sofá. (A. R.)

Según la Ley de la Propiedad Horizontal, si la familia de Margarita lo solicita, sería obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas. Al igual que Aluche, Orcasitas es otra Área Preferente de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU), por lo que el edificio podría contar con generosas subvenciones por parte del Ayuntamiento para reformas que mejoren la accesibilidad. Pero afrontar los gastos previos a solicitar la ayuda —como el primer pago al arquitecto o la licencia de obra— es imposible para esta comunidad de vecinos. "En este bloque viven dos mujeres viudas, una separada, una divorciada y un jubilado. Y mi marido está en paro. Yo no puedo obligar a nadie a que ponga un dinero que no tiene", relata.

Además, la dotación se limita a 10.000 euros por piso, lo que perjudica a los bloques con menos vecinos. "Si te conceden la subvención, recuperas este dinero pero hay quienes no podemos permitirnos pagar estos gastos por adelantado", explica Margarita. "Para quitar el amianto de los tejados, que también está subvencionado municipalmente, hemos tenido que aumentar la cuota de la comunidad, porque había que pagar en gastos previos una derrama de más de 5.000 euros".

Según afirma Anxo Queiruga, presidente de Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), desde su asociación solicitan que "además de las ayudas para instalar ascensores, haya fondos de compensación económica para las personas que vivan en una comunidad de vecinos y demuestren que no tienen recursos suficientes para sufragar las cuotas de esas obras". Lucía Martí, del estudio Q-21, relata que los arquitectos suelen cobrar de forma fraccionada: una parte al finalizar el proyecto y solicitar la licencia y la otra al poner en marcha el ascensor.

Margarita en su domicilio. (A. R.)
Margarita en su domicilio. (A. R.)

El informe de COCEMFE indica que casi el 58% de los edificios donde viven personas con movilidad reducida no ha recibido ninguna ayuda y que el 33% de los afectados, como Margarita, saldrían a la calle más a menudo si la accesibilidad de las viviendas fuera mejor. "Y ya no es solo el caso de mi madre", explica Margarita. "A mi marido y a mi hija les han operado las rodillas; y son cuatro pisos de escaleras los que hay que bajar para salir de casa o subir con la compra del mes", añade. "Somos un país de viejos; nosotros vamos a estar dentro de nada como ellos", añade.

El ascensor, un lujo

"Antes de mi enfermedad, me preocupaba por cosas insignificantes, a las que ahora no doy importancia", relata Nuria sentada en el salón de su casa en Parla mientras muestra informes médicos sobre su dolencia. "Ahora me preocupan cosas como poder acceder al restaurante al que quiero ir a cenar una noche, que el transporte público esté adaptado o poder quedar con mis amigos".

"Cuando ingresaron en el hospital a mi madre durante dos meses, cuando se rompió una de las caderas, estuvo en varias plantas: en la sexta, en la novena y en la número trece", relata Margarita en su domicilio de Orcasitas, mientras la anciana, en silencio, atiende a la entrevista. "Cada vez que yo iba a visitarla, por inercia pura, me dirigía hacia las escaleras. Llevamos toda la vida en esta casa y no me acostumbraba a tener un ascensor tan a mano", añade. "Si ya molesta tener el ascensor estropeado un par de días, aquí, en mi bloque, es como si siempre estuviera roto", apunta.

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