Un dictamen del Consejo de Estado exime a Rajoy y Soraya de ir al Parlament por el 155

Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal no tendrán que ir al Parlament de Cataluña a dar cuentas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La Cámara exigió su presencia hasta en dos ocasiones. Ninguno de los tres acudió. Pero no tenían por qué hacerlo. El Consejo de Estado lo avala, porque son ex altos cargos del Gobierno central que no pueden ser controlados por un Parlamento autonómico, de menor rango.

Lo afirma con rotundidad un informe del máximo órgano consultivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, de 10 páginas y al que ha tenido acceso en exclusiva El Confidencial [aquí en PDF]. Ese texto llegó a manos del Gobierno el pasado 25 de abril, pero hasta ahora se había mantenido bajo siete llaves. Y sus conclusiones son importantes porque la no comparecencia reiterada en una comisión de investigación podría acarrear delito. Rajoy, Santamaría y Cospedal ya han sido llamados hasta en dos ocasiones, y en ninguna de ellas se presentaron en Barcelona.

Para entender lo ocurrido hay que remontarse al 4 de julio de 2018. Entonces, el Parlament creó la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 a Cataluña, con el objetivo de analizar las causas y los "efectos" de la intervención de la comunidad, la "adecuación a la legalidad", el "carácter de las medidas adoptadas y sus consecuencias" y la "valoración de los daños y las posibles responsabilidades". La comisión se constituyó en noviembre y el pasado 4 de diciembre aprobó una relación de 118 comparecientes: 61 personas a título de testigos y 57 como expertos.

El Parlament aprobó en diciembre una lista con 118 comparecientes, entre los que incluyó a miembros de PP, PSOE y Cs y también a los presos y huidos

Entre los incluidos en la lista figuraban el 'expresident' Carles Puigdemont y el 'exvicepresident' y líder de ERC Oriol Junqueras —uno huido de la Justicia, el otro procesado—, exmiembros del Govern fugados o encarcelados (Raül Romeva, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn...) y numerosos altos cargos del Gobierno del PP que ejercían sus funcionesen el momento de la activación del 155: el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta y extitular de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales Soraya Sáenz de Santamaría; los exministros Juan Ignacio Zoido (Interior), Rafael Catalá (Justicia) y María Dolores de Cospedal (Defensa); el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo... El Parlament también requirió la presencia de actual jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez; la vicepresidenta, Carmen Calvo; el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, y hasta los jefes de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera. Automáticamente, el grupo del PSC abandonó la comisión al considerarla una "herramienta de propaganda al servicio de los independentistas". Cs ya había advertido de que se oponía a su creación, y el PP no quiso participar tampoco. Es decir, que todos los convocados sabían (y saben) que tienen enfrente, para interrogarles, solo a los parlamentarios de los grupos soberanistas.

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Juanma Romero

Los presos no fueron

El Supremo ya rechazó en enero la comparecencia de los políticos encarcelados al estar entonces ya muy próximo el arranque del juicio del 'procés'. El Parlament citó el 3 de abril, para su comparecencia el día 30 del mismo mes, a Rajoy, Santamaría y Cospedal. Los tres informaron al equipo de Sánchez en la Moncloa de que habían recibido las notificaciones y entonces el Ejecutivo, según relatan fuentes gubernamentales a este periódico, tomó la decisión de acudir al Consejo de Estado, aunque estaba convencido de que no tendrían que acudir a la Cámara autonómica. El Consejo de Ministros eleva la petición al órgano consultivo que preside María Teresa Fernández de la Vega el 12 de abril, y le pide que responda con carácter de urgencia, no más tarde del 25 de abril. El Gobierno quería determinar si existía la "obligatoriedad de comparecencia" ante el Parlament por parte de miembros del Ejecutivo y autoridades del Estado, "actuales y pretéritos", incluidos en la relación aprobada por la comisión del 155 en diciembre.

El Consejo de Estado esgrime que las comisiones autonómicas no pueden rebasar sus competencias ni controlar instituciones del Estado

El Consejo de Estado recuerda en su texto, llegado a la Moncloa el 25 de abril, primero los casos precedentes y subraya que las comisiones de investigación se asientan en dos principios esenciales. Uno, que su actividad debe desarrollarse en el marco de las competencias autonómicas. Es decir, que si son constituidas por parlamentos regionales, su labor es fiscalizar asuntos de su competencia, y si se configuran en las Cortes, entonces el ámbito de estudio es estatal. Además, indica que los artículos 66 y 67.1.a) del reglamento del Parlament subrayan que las comisiones de investigación en la Cámara se pueden crear para indagar sobre "cualquier asunto de interés público que sea competencia de la Generalitat". En definitiva, que no pueden utilizarse como un "medio para sobrepasar" las atribuciones de Cataluña.

Segundo pilar, dice el Consejo de Estado: las comisiones son un instrumento de control político del Gobierno y de la Administración "que de él dependa como expresión de la relación de confianza establecida desde el Parlamento". Dicho de otro modo, que el Parlament no puede ejercer un control directo o indirecto de las instituciones del Estado, porque no es su labor.

Para el órgano consultivo, es "evidente" que la actuación de la comisión del 155 "desborda el ámbito de competencias de la Generalitat y del Parlament y supone un pretendido acto de control político —incluso jurídico— de las instituciones del Estado". Y es que la comisión tiene como objetivo depurar "posibles responsabilidades" y detectar la "vulneración de derechos fundamentales, de responsabilidades, incluidas las penales", desde el presupuesto de haber recortado la "soberanía" de la Cámara y del Govern.

Dos citaciones

Además, el informe del Consejo de Estado señala que el propio reglamento del Parlament diferencia entre las "autoridades y funcionarios" de la Generalitat a los que se puede "requerir" su presencia, y otras personas de las que puede "solicitar" sus explicaciones. Solo los requerimientos, colige la institución, tienen un carácter vinculante.

Por todo ello, el Consejo de Estado determina que "los miembros del Gobierno y otras autoridades del Estado, actuales y pretéritos, no vienen obligados a atender la solicitud de comparecencia ante la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución". A la vetusta institución, valorada por el peso jurídico de sus informes, pertenece, desde finales del año pasado, Santamaría. El Ejecutivo de Sánchez la nombró consejera electiva, como un gesto hacia quien había sido número dos del Gabinete popular durante casi siete años. El texto, sin embargo, fue aprobado por el núcleo duro, la Comisión Permanente, a la que ella no pertenece. De haber estado adscrita a ella, Santamaría habría tenido que abstenerse, al ser un asunto que le afectaba de lleno.

Apoyados en el informe de la institución, ni Rajoy ni Santamaría acudieron a su cita del 30 de abril. Tampoco Cospedal, que esgrimió argumentos semejantes y citó varios artículos del reglamento. El presidente de la comisión, Toni Morral, de Junts per Catalunya, no se dio por vencido y programó una nueva comparecencia de los tres exdirigentes del PP para el 7 de mayo. Ninguno de los tres se presentó tras la segunda llamada.

El Código Penal advierte de que si una persona es llamada y no acude, se expone a un delito de desobediencia, más castigado si es una autoridad

Morral informó entonces a los diputados presentes —solo participan JxCAT, ERC, los comunes y la CUP, pero no el PSC, ni Cs, ni el PP— de que elevaría las ausencias de Rajoy, Santamaría y Cospedal a la Mesa del Parlament para que "tome las medidas que considere pertinentes". Según establece el artículo 68 de la normativa de la Cámara, si tras un segundo requerimiento la persona convocada no aparece, entonces el órgano rector "debe dar cuenta al Ministerio Fiscal para sustanciar la responsabilidad penal que pueda ocurrir". El Código Penal es muy estricto respecto a las ausencias parlamentarias. En su artículo 502 señala que los que "habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una asamblea legislativa de comunidad autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia". Más aún, añade el texto, "si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

El Parlament había requerido al Gobierno el informe del Consejo de Estado, porque ni Rajoy, ni Santamaría ni Cospedal lo facilitaron. La Moncloa lo remitió a Barcelona este mismo jueves por la tarde.

Para el 4 de junio, Morral programó más comparecencias: la de Zoido, la de Millo y la del exjefe de Gabinete de Rajoy Jorge Moragas. Los dos primeros ya advirtieron de que no irían, y del tercero, embajador en Filipinas, no había noticias a primeros de este mes, informa EFE. Puede que el Parlament siga tirando de lista y convocando a ex altos cargos del PP o miembros del Ejecutivo actual. Pero no tienen por qué prestarse a un toma y daca con los soberanistas en la Cámara autonómica. A todos ellos les exime de su obligación el Consejo de Estado. Porque una Cámara autonómica no tiene poder para controlar ni los actos ni a las autoridades del Estado.