Bélgica: la batalla civil de Puigdemont contra Llarena, congelada hasta fin de año

No será hasta finales de año. La famosa demanda civil que presentaron el 'expresident' del Govern Carles Puigdemont y otros 'exconsellers' huidos en Bélgica contra el instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, permanecerá congelada hasta la recta final de 2019, cuando el juez de Bélgica que tiene en sus manos el asunto tiene previsto pronunciarse sobre si procede o no admitir a trámite la cuestión.

Según precisan a El Confidencial fuentes jurídicas, la lentitud en la valoración de un asunto que arrancó, tras la presentación de la demanda, con una citación del juez en septiembre de 2018 se debe a las particularidades del sistema belga, que se basa en el intercambio de documentación entre las partes. Se trata, en definitiva, de presentar una serie de escritos cruzados que se contestan y replican. El tribunal va perfilando sobre la marcha el enfoque del asunto a tratar.

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Por todo esto, el procedimiento se alarga más de lo habitual en España en este caso, hasta el punto de que antes de decidir solo sobre la admisión, sin entrar en el fondo, pasará más de año desde el arranque. Las partes —el equipo jurídico de Puigdemont en Bélgica y los abogados del país contratados por el Estado español— se encontraron por última vez en dependencias judiciales el pasado 25 de septiembre y solo durante unos minutos. En esta última cita, se estableció que el juicio dependerá de un tribunal especial con tres magistrados.

La defensa de Llarena quiere que la demanda se rechace de plano por la incapacidad del tribunal para examinar jurisdicciones ajenas a las del país, mientras que el equipo legal del 'expresident' del Govern reclama que se entre en el fondo del asunto y se estudie el argumento de que sus clientes ven amenazado su derecho a un juicio justo. La demanda presentada se centra en unas declaraciones que efectuó el instructor de la causa del 'procés' tras asistir a una conferencia. En ellas, negó que los nueve políticos enviados por él mismo a prisión pudieran ser calificados de "presos políticos".

La demanda

La demanda acusa a España de violar de forma sistemática y desde "hace años" los derechos fundamentales de "los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región". El Estado español, "delincuente" en sus acciones y comparable, por ejemplo, a Kazajistán, cuenta con un sistema judicial "incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial", dice.

Sobre el juez, se destaca su falta de imparcialidad y acciones que han atentado contra el derecho al honor de estos cinco acusados en la causa sobre el 'procés'. El comportamiento del juez Llarena expresa "lo que ya fue denunciado respecto a los oponentes políticos vascos", un sistema judicial que "compara el proyecto y las convicciones políticas de los investigados con una concepción penalmente reprensible".

El Ministerio de Justicia encargó al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación legal del Estado español y del juez, y detalló que destinaba una provisión de fondos de 450.413,22 euros, más otros 94.568,78 en concepto de impuestos. En total, 544.982 euros.