las partes aún no han acordado los plazos

La causa de Llarena en Bélgica en dique seco: tres meses cruzando papeles

La defensa del juez y de Puigdemont en fase de fijar los trámites, la forma y los plazos del procedimiento

Foto: El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. (EFE)
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. (EFE)

Han transcurrido casi tres meses desde el día en que la Justicia belga citó al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y todo sigue igual. El procedimiento que arrancó con la citación del magistrado el 4 de septiembre tras la presentación de una demanda civil por parte de Carles Puigdemont y otros 'exconsellers' en la que se cuestionaba la imparcialidad del juez continúa en la fase de intercambio de documentación entre las partes sin que, por el momento, se haya logrado acordar cómo y cuando debe resolverse la admisión a trámite.

Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, esta tardanza es habitual en este tipo de procedimientos en suelo belga. El sistema es abierto y en él los pasos se van configurando a medida en que los abogados de los demandantes y el demandado avanzan en sus comunicaciones. El riesgo evidente es precisamente el que se está sufriendo en este caso, que la cuestión se eternice y sea poco menos que imposible prever cuándo se resolverá.

En este punto de los contactos entre las partes se fijan los trámites y la forma del procedimiento. Es decir, se discute desde el número de escritos con alegaciones que van a presentarse hasta si procede o no celebrar vista. También se cierran los plazos. En el sistema belga, para nada parecido al español, son las partes las que toman el control de los tiempos. Según explican las fuentes consultadas, son los letrados de los demandantes y los demandados los que fijan los tiempos. En un contacto permanente —cruce de escritos— se van zanjando temas poco a poco con el propósito de dejar para el juicio lo realmente esencial.

De modo que, a lo largo de estos tres meses, el equipo jurídico de Puigdemont en Bélgica y los abogados del país contratados por el Estado español, tras el tira y afloja sobre quién debía asumir el coste de la defensa del juez, han estado en permanente contacto. La última vez que se vieron las caras ante la jueza encargada del caso fue el pasado 25 de septiembre; y fue solo durante unos minutos. Si el día 4 el abogado del juez y del Estado español, Hakim Bourlabah, pidió tiempo ya que acababa de asumir el tema, en la última cita se estableció que el juicio dependiera de un tribunal especial con tres magistrados.

La defensa de Llarena quiere que la demanda se rechace de plano por la incapacidad del tribunal para examinar jurisdicciones ajenas a las del país, mientras que el equipo legal del 'expresident' del Govern reclama que se entre en el fondo del asunto y se estudie el argumento de que sus clientes ven amenazado su derecho a un juicio justo. La demanda presentada pivota sobre unas declaraciones que efectuó el instructor de la causa del 'procés' tras asistir a una conferencia. En ellas negó que los nueve políticos enviados por él mismo a prisión puedan ser calificados de "presos políticos".

La demanda

La demanda acusa a España de violar de forma sistemática y desde "hace años" los derechos fundamentales de "los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región". El Estado español, "delincuente" en sus acciones y comparable, por ejemplo, a Kazajistán, cuenta con un sistema judicial "incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial", dice.

Sobre el juez, se destaca su falta de imparcialidad y acciones que han atentado contra el derecho al honor de estos cinco acusados en la causa sobre el 'procés'. El comportamiento del juez Llarena expresa "lo que ya fue denunciado respecto a los oponentes políticos vascos", un sistema judicial que "compara el proyecto y las convicciones políticas de los investigados con una concepción penalmente reprensible".

El Ministerio de Justicia encargó al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación legal del Estado español y del juez y detalló que destinaba una provisión de fondos de 450.413,22 euros, más otros 94.568,78 en concepto de impuestos. En total, 544.982 euros.

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