La vista de Llarena en Bélgica: el principio de un procedimiento que puede alargarse meses

Durante el mes de agosto, la citación este martes del juez Pablo Llarena ante un tribunal belga se ha convertido casi en un mantra que revestía la fecha de un valor simbólico y trascendental. El 4 de septiembre a las nueve de la mañana, el juez estaba citado por la demanda que interpusieron en su contra Carles Puigdemont y el resto de 'exconsellers' huidos en Bélgica. La comparecencia judicial, no obstante, no es más que un mero trámite que, previsiblemente, marcará el desarrollo de un procedimiento con las particularidades propias del país y que llevará su tiempo.

La primera muestra es lo sucedido: minutos después de su inicio se ha conocido un primer nuevo plazo. No será hasta el próximo martes 25 de septiembre cuando se celebre la primera vista formal. El juzgado ha determinado que la vista será en la misma sala y en la misma hora, mientras que la defensa de Llarena ha pedido que el asunto sea analizado por un tribunal de tres jueces porque se "trata de un caso excepcional".

El motivo del aplazamiento son los trámites administrativos necesarios para formalizar la doble personación del abogado Hakim Boularbah. Él ha sido el único en intervenir y ha pedido que se le dé tiempo para acudir al procedimiento no solo en representación del juez Llarena sino también del Estado español.

Según detallan fuentes jurídicas a El Confidencial, la contrarreloj para cerrar la defensa del magistrado español antes de la fecha de citación tenía, pese a todo, un importante sentido. Llarena e incluso el Estado español podrían haber optado por no darse por enterados pero, en ese caso, el procedimiento hubiera seguido vivo sin ellos, y se hubiera fallado a favor o en contra de sus intereses 'en rebeldía'. El cálculo de los plazos que efectúan las partes coloca la meta final cerca del próximo mes de mayo, coincidiendo con las elecciones autonómicas y municipales.

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El acto de hoy ha sido, en esencia, un audiencia preliminar que prepara el camino para la futura vista oral donde, ya sí, se expongan los argumentos a favor o en contra de las acusaciones formuladas en el escrito del 'expresident'. Si el procedimiento se desarrolla como suele, lo normal es que los abogados de ambas partes propongan o acuerden un calendario. Es decir, fijen los plazos para argumentar a favor o en contra de la cuestión. En este caso, el bufete contratado, Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick, tendrá que decidir si acude con un solo abogado que aúne la defensa de la inmunidad española ante la acción de los tribunales europeos y la del magistrado o con dos.

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En el sistema belga, para nada parecido al español, son las partes las que toman el control de los plazos. Según explican las fuentes consultadas, son los letrados de los demandantes y los demandados los que fijan los tiempos. En un contacto permanente —cruce de escritos— se van zanjando temas poco a poco para dejar para el juicio lo realmente esencial.

Un ejemplo es la subsanación del error en la traducción al francés de las declaraciones de Llarena. Fuentes de las defensas aseguran que el abogado del juez, Hakim Boularbah, ya dispone del texto corregido, por lo que ni siquiera es necesario que se aporte en ese acto nueva copia corregida de la demanda que incluya la versión correcta. Cosa distinta es el uso que pueda hacer la defensa del juez de las diferencias en la transcripción de las declaraciones en un sentido o en otro. Eso sí, en un paso más avanzado del procedimiento. En definitiva, la cita de Bruselas es el pistoletazo de salida para lo que vendrá después.

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La demanda

La demanda acusa a España de violar de forma sistemática y desde "hace años" los derechos fundamentales de "los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región". El Estado español, "delincuente" en sus acciones y comparable, por ejemplo, a Kazajistán, cuenta con un sistema judicial "incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial", dice.

Sobre el juez, se destaca su falta de imparcialidad y acciones que han atentado contra el derecho al honor de estos cinco acusados en la causa sobre el 'procés'. El comportamiento del juez Llarena expresa "lo que ya fue denunciado respecto a los oponentes políticos vascos", un sistema judicial que "compara el proyecto y las convicciones políticas de los investigados con una concepción penalmente reprensible".