COMPARECENCIA TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno carga contra PP y Cs por "arrogarse el derecho a presidir la Junta"

La portavoz insiste en que Díaz está "legitimada" para gobernar y subraya que España puede convertirse en el primer país en el que las derechas "blanquean" a la ultra derecha, en lugar de aislarla

Foto: La portavoz, Isabel Celaá, junto con las ministras de Trabajo e Industria, Magdalena Valerio y Reyes Maroto, este 7 de diciembre. (EFE)
La portavoz, Isabel Celaá, junto con las ministras de Trabajo e Industria, Magdalena Valerio y Reyes Maroto, este 7 de diciembre. (EFE)

Está claro que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE no van a despreciar ninguna ventana de oportunidad para hacer que cale su mensaje de que no se puede naturalizar una alianza con la ultraderecha que en otros países de Europa sería un anatema, un imposible. Así que dirigirá presión y más presión, sobre todo con un destinatario claro, Ciudadanos, para intentar retener la Junta de Andalucía hasta el aliento final, por más que hoy esa opción sea muy improbable. Pero el mensaje se seguirá trasladando igualmente. Este viernes, el Ejecutivo acusó a PP y Ciudadanos de "arrogarse el derecho" de presidir el Gobierno andaluz, algo "difícil de entender" si se tiene que hasta ahora ambas formaciones defendían que había de asumir las riendas la fuerza más votada. Y en Andalucía sigue siendo el PSOE, pese a que los comicios del 2-D le fueron muy mal y perdió más de 400.000 votos y 14 escaños.

Como en otras comparecencias posteriores al Consejo de Ministras y Ministros de cada viernes, el Ejecutivo, cuando quiere dejar claro su posicionamiento, aunque afecte a una cuestión más puramente de partido, lanza su advertencia por boca de su portavoz, Isabel Celaá, en el mismo arranque. Eso hizo también la ministra este 7 de diciembre. Tras recordar que las autonómicas del pasado domingo tuvieron un "claro vencedor", que fue el PSOE, por lo que Susana Díaz está "legitimada para defender la Presidencia" de la Junta. De paso, Celaá echaba un capote a la baronesa socialista, en línea con lo defendido por Ferraz desde el pasado martes, cuando José Luis Ábalos, secretario de Organización y titular de Fomento, recogió hilo a la cometa y negó que la dirección estuviera pidiendo la dimisión a Díaz por sus pésimos resultados electorales.

Así, dijo Celaá, se hace "difícil de entender" y es "sorprendente" que PP y Cs "se arroguen el derecho a presidir la Junta". La irrupción de Vox, siguió, ha sido una "sorpresa" en estos comicios, con la que no se contaba, y menos con un dato tan exitoso como el de 12 parlamentarios y un 10,97% de los votos, pero esa estupefacción, a juicio del Ejecutivo, sería "aún mayor" si populares y naranjas decidieran "buscar su apoyo" para arrebatar las riendas de la comunidad a Díaz. Lo cierto es que ambas formaciones están decididas a hacerlo, a desalojar al PSOE después de 36 años en el poder, y para ello necesitan el concurso necesario de Vox, que ninguna ha descartado.

La ministra dice que es "difícil de entender" y "sorprendente" que PP y Cs defiendan ahora que no gobierne la lista más votada


"Hemos sido el último país de Europa en sufrir el impacto de la extrema derecha, pero podemos ser el primero en ver cómo los partidos de la derecha son capaces de apoyarse en la ultraderecha, por más que suponga blanquearlos", señaló Celaá, "con todo respeto a todos los votantes" de la formación de Santiago Abascal. La ministra aseguró que Andalucía necesita un "Gobierno constitucionalista y europeísta", y el estreno de la ultraderecha, sin embargo, es una "clara amenaza para la calidad democrática española", un "retroceso" en materia de derechos y libertades y de avances sociales.

Ahora hay que tomar la decisión

Los socialistas, sostuvo, tienen por tanto como "prioridad" buscar una "solución a la gobernabilidad de Andalucía" y "evitar" así que la comunidad se convierta en la "cuna de la ultraderecha". "Vox está en las instituciones ya porque así lo han querido sus votantes. Ahora hay que tomar una determinación para configurar lo que es el Gobierno de la Junta de Andalucía", añadió en su exposición inicial.

Celaá subraya que la prioridad del PSOE es buscar una salida a Andalucía y evitar que la comunidad se convierta en la "cuna de la ultraderecha"

Celaá, que compareció en rueda de prensa con las ministras de Trabajo, Magdalena Valerio, e Industria, Reyes Maroto, señaló que hasta ahora España gozaba de una cierta "anomalía positiva", puesto que la ultraderecha no tenía representación institucional. Ahora sí la hay, y es un "reflejo más" de "nuestro estar en Europa. Pero la diferencia es que en otros países de nuestro entorno las formaciones conservadoras coinciden en implantar un "cordón sanitario" contra la ultraderecha, porque no quieren "conectar" con ella, para "no blanquearla". De modo que al Gobierno le suscita, cuanto menos, "curiosidad" saber "cuál es el modelo de relación" que van a establecer PP y Cs con Vox, frente a lo que ocurre en Estados como Francia, Holanda, Alemania "o incluso Bélgica, que está pasando muchos apuros" por la coalición de su Ejecutivo con la derecha separatista de Nueva Alianza Flamenca.

El Gobierno carga contra PP y Cs por "arrogarse el derecho a presidir la Junta"

Un claro "retroceso"

La portavoz no quiso ir tan lejos como la vicepresidenta, Carmen Calvo, hace una semana, cuando afirmó que Vox tiene un ideario "inconstitucional". Celaá señaló que si es un partido o no contrario a la Carta Magna tendrá que determinarlo el Tribunal Constitucional, desde un punto de vista jurídico. Pero sí que se puede considerar un "retroceso" que plantee la reversión de la España de las autonomías, puesto que la consagró la Ley Fundamental de 1978. "Atacar" ese Estado de las CCAA es un paso atrás, argumentó, respecto a lo que se acordó hace ahora 40 años.

El Gobierno defiende que no es "igual" una moción de censura en la que no se negoció "nada" con una investidura en la que hay "cesión mutua"

La ministra fue preguntada por la paradoja de que Sánchez lidera un Ejecutivo en España pese a que es la segunda fuerza política en el Congreso. Celaá apuntó que la diferencia con lo que puede ocurrir en Andalucía es "enorme", ya que no es "igual" una moción de censura "donde nada se negoció" con los independentistas, que abordar todo un diálogo para conseguir la Junta, donde las fuerzas políticas han de "negociar y acordar", y eso supondrá, "sin duda", "cesión mutua". La portavoz recordó que el Ejecutivo ha venido desplegando su acción de gobierno con "todas" las formaciones parlamentarias, hasta el punto de que algunas materias las ha sacado con el concurso de populares y naranjas. Sacó a colación un ejemplo: el pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que Pablo Casado rompió "in extremis' e inopinadamente" cuando el candidato a la presidencia, el magistrado Manuel Marchena, renunció al cargo. Entente, por cierto, que Sánchez querría "recuperar".

El Gobierno carga contra PP y Cs por "arrogarse el derecho a presidir la Junta"

Los socialistas no van a defender que gobierne la lista más votada, pero sí "sorprende" al Ejecutivo que al PP "no le interese" volver a abordar este asunto cuando ha sido uno de sus caballos de batalla. "Otros han abandondado sus principios, pero a la presidenta en funciones", a Díaz, "le corresponde la responsabilidad" de cuidar que las fuerzas que acceden al Gobierno andaluz no van a hacer "retroceder" a la comunidad en libertades o políticas democráticas.

El PP reprocha a Celaá su "falta de escrúpulos" por utilizar sus comparecencias tras el Consejo de Ministros como un "arma electoral"

La oposición se tiró al cuello de Celaá. El diputado del PP Jaime de Olano reprochó a Celaá su "falta de escrúpulos" por atizar a los grupos parlamentarios desde La Moncloa. El dirigente consideró "absolutamente partidista" la intervención de la portavoz y rechazó que se usen los Consejos de Ministros como "arma electoral" defendiendo a su partido frente a la oposición, informa Europa Press.

Segunda reforma constitucional: eliminar el término "disminuido"

La reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución para limitar los aforamientos no será la única que tramite el Gobierno. También impulsa ya una modificación del artículo 49 para, entre otras cosas, suprimir el término "disminuido", considerado "obsoleto" e "injusto" para referirse a las personas con discapacidad.

El Consejo de Ministras y Ministros dio luz verde este viernes al anteproyecto de revisión constitucional, que ahora se envía al Consejo de Estado, para impulsar la protección y promoción de las personas con discapacidad. La portavoz, Isabel Celaá, subrayó que el texto goza de un importante acuerdo de entrada, pues ya en el Congreso los grupos acordaron proceder a ese cambio y hacerlo de forma separada a cualquier otra modificación, para no entorpecer esta en la que sí existe un consenso absoluto

La redacción actual del artículo 49 es la siguiente: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos". 

La nueva redacción que plantea el Ejecutivo [aquí en PDF] es esta: 

1. "Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes
previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.


2. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.

3. Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.

4. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

El texto responde no solo a un acuerdo parlamentario, también a una histórica demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La formulación final, pues, es "a iniciativa" del Gobierno, a propuesta de la comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso y elaborada con la "participación" del CERMI, resaltó Celaá. La tramitación de la iniciativa, previsiblemente, no arrancará hasta febrero, según fuentes de La Moncloa.

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