Cambio en el tribunal del 'procés': muchos efectos cosméticos pero pocos reales

El futuro nombramiento del magistrado Manuel Marchena para la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial provocará un efecto dominó en la composición del tribunal que debe juzgar, a partir del próximo enero, a los políticos catalanes a los que la Fiscalía acusa de rebelión y sedición. El juicio al 'procés' cambia de caras pero, según fuentes jurídicas consultadas, los efectos prácticos de la entrada de hasta dos nuevos magistrados y del cambio en la figura que dirigirá la vista y redactará la sentencia son más estéticos que reales. La Sala de lo Penal siempre ha actuado a una en la causa del 'procés' y seguirá haciéndolo, avisan.

Por lo pronto, habrá nuevo presidente en la vista oral y nuevo ponente de la resolución. El elegido, por su antigüedad, es el veterano magistrado Andrés Martínez Arrieta, con más de dos décadas de antigüedad en el alto tribunal y una trayectoria indiscutible. Quienes le conocen le califican como moderado y centrista, alejado de cualquiera de los dos extremos ideológicos. De tendencia progresista, Arrieta pertenece desde su fundación a la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y fue nombrado recientemente juez de enlace con el Centro Nacional de Inteligencia. En palabras de una de las fuentes con las que ha hablado este diario, "no es de nadie".

De forma indiscutible, la salida de Marchena tiene efectos "calmantes" de cara a las formaciones independentistas, que siempre le han considerado, con razón o sin ella, "su bestia negra", aseguran otros. Su sustitución por parte de Arrieta deja, además, una vacante que provocará que se sume a la actual composición —que integran, además del citado, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo— la magistrada Susana Polo. Esta jueza fue nombrada recientemente para la Sala de lo Penal y abandonó sus anteriores responsabilidades en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y pertenece a la Asociación de Juezas y jueces para la Democracia (JJpD).

Los movimientos visten, por tanto, al tribunal de una mayor pátina progresista. Un equilibrio de fuerzas que puede sufrir nuevas modificaciones en una segunda fase. La composición puede verse de nuevo alterada si se confirman las informaciones que colocan a otra de sus integrantes como favorita a ocupar la vicepresidencia del Tribunal Supremo, Ana Ferrer, también adscrita a JJpD. En el caso de que así fuera, el tribunal perdería a una de sus más destacadas progresistas a favor de uno de los magistrados etiquetado como conservador por su adscripción a la Asociación Profesional de la Magistratura: Eduardo de Porres, expresidente de la Audiencia Provincial de Madrid y otro de los recién llegados a una sala que supera por poco la decena de integrantes.

Según ha podido saber El Confidencial, el acuerdo PP-PSOE implicaba que si el presidente del CGPJ era un hombre, la vicepresidencia del Supremo la ocuparía una mujer, propuesta por los de Pedro Sánchez y magistrada del Supremo. El perfil encaja, pero hay que tener en cuenta los plazos, estrechos en este caso. Si su supuesto nombramiento no se produce antes del juicio, no podría ya aceptarlo ante la imposilidad de variar en ese momento.

Los movimientos visten al tribunal de una mayor pátina progresista, pero ese equilibrio puede sufrir nuevas modificaciones en una segunda fase

Otras fuentes consultadas advierten de la existencia de un tercer movimiento que afectaría, de nuevo, a este equilibrio de fuerzas. El actual vicepresidente, Ángel Juanes, será sustituido tras la renovación del CGPJ y el nombramiento de Marchena, y se plantea reclamar su incorporación a la Sala de lo Penal. Su mayor antigüedad modificaría las previsiones y le colocaría entre los siete magistrados del 'procés'.

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Efectos mínimos

Más allá de este sudoku, los jueces y fiscales consultados inciden en que los efectos serán mínimos. Ni se puede presuponer que Marchena fuera a proceder de un modo menos conveniente para los acusados ni que el nuevo tribunal vaya a hacerlo de forma más complaciente, dicen. También recuerdan que tanto desde el Supremo como desde la Fiscalía se han hecho oídos sordos a las presiones procedentes de las fuerzas políticas y destacan que el Supremo quiere, a toda costa, defender su independencia y recuperar la credibilidad perdida con episodios recientes como el del polémico fallo hipotecario.

Los letrados consultados destacan que resulta "intrascendente" quiénes sean de forma definitiva los siete jueces que juzguen a sus defendidos

Las defensas de los acusados del 'procés' son quizá las más realistas. Los letrados consultados destacan que resulta "intrascendente" quiénes sean de forma definitiva los siete jueces que juzguen a sus defendidos. Ningún gesto pretendido —añaden— ha revertido nunca en cuestiones tangibles como, por ejemplo, el cambio en la situación personal de alguno de los encarcelados. "Todo humo", destacan.

Los procesados, que se enfrentan a peticiones de prisión por parte del Ministerio Público que en el caso de Oriol Junqueras alcanzan los 25 años, tienen pensado así mantener la estrategia ya prevista. A mediados de diciembre, en la vista que será la antesala del juicio, la denominada 'de artículo de previo pronunciamiento', continuarán peleando por reclamar una declinatoria de jurisdicción. Para ellos, el Supremo no es competente para juzgar sin más, más allá de quiénes sean los que lo hagan.

En el Gobierno y en el PSOE también insisten en que el acuerdo para aupar a Marchena a la presidencia del TS y del CGPJ no está hecho con vistas a que cambie la sensibilidad del tribunal que juzgará el 'procés', precisamente por el efecto dominó que genera su salida y que, por tanto, no tendrá demasiada relevancia práctica. La cúpula socialista no considera un trágala la opción de Marchena, pese a que este no fuera del gusto de la principal negociadora, la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Fuentes de la dirección del partido señalan que era el candidato "menos sectario y más neutral" de los que proponía el PP, y que además llega con fama de ser un hombre "poco influenciable" e "independiente" en su labor. La expectativa es que "hará bien su trabajo" y no obedecerá a consignas de la formación de Pablo Casado.

En el PSOE y en el Ejecutivo no ven como un trágala la entrada de Marchena: no es "influenciable" ni "sectario" y la mayoría del CGPJ será progresista

"Lo importante es acabar con los cinco años nefastos de Carlos Lesmes al frente del Poder Judicial. Marchena es un hombre con sentido de Estado y con capacidad suficiente para gobernar el TS y el CGPJ. Es una persona moderada, con talante dialogante y abierto", indica un miembro del Ejecutivo que conoce bien a quien será nuevo jefe del CGPJ.

Opinión

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Malestar del PNV

No obstante, los socialistas dan mayor importancia al hecho de que se haya conseguido diseñar un Poder Judicial de mayoría progresista: 11 vocales, frente a los nueve miembros más el presidente de extracción conservadora. Como explicó este lunes la portavoz del comité electoral del PSOE, la diputada Esther Peña, para el partido era "imperioso" llevar a cabo la "renovación frente al bloqueo" del CGPJ, para recuperar la normalidad institucional y la credibilidad de la Justicia, lastrada por la decisión del TS de fallar a favor de la banca. Lo importante, añadió, es que a partir de ahora se sentarán jueces expertos en cuestiones sensibles para los socialistas, como la violencia de género, el derecho laboral o la lucha contra la corrupción.

Sánchez se reunió este lunes con Iglesias para aplacar a su socio preferente e informarle de la composición del nuevo órgano de gobierno

"Será la primera vez que este consejo será paritario y su composición será fruto de las demandas sociales", proclamó la parlamentaria, quien señaló que para el Ejecutivo había sido más importante la "vía profesional que la territorial", y por eso no pidió "el carné a ninguna de estas personas".

Este es el primer acuerdo de calado del Gobierno socialista y del PP de Pablo Casado. Un pacto cerrado, no obstante, sin que ambos líderes hubieran conversado directamente. Desde el equipo de Sánchez en La Moncloa enfatizaban que las negociaciones se habían conducido entre Justicia y los respectivos grupos parlamentarios. El presidente dio por rotas sus relaciones con el jefe del PP hace algo menos de un mes, cuando este le acusó de ser "partícipe de un golpe de Estado" contra España. Los lazos no se han recompuesto. "La distancia es un hecho", sostuvo Peña, quien diferenció entre la interlocución inexistente de los dos dirigentes y la relación formal e institucional entre los dos partidos.

Horas después de que se conociese el acuerdo en torno a Marchena, Sánchez intentó contener la indignación de su socio preferente, Podemos. Con Pablo Iglesias sí se reunió el presidente este lunes en La Moncloa y, según ratificaron fuentes oficiales a este diario, le informó de la composición del nuevo CGPJ y le resaltó el valor de que no haya una mayoría conservadora. "Lo importante es que son 11 vocales progresistas y no se ha buscado su filiación política, sino sus trayectorias", apuntaban desde el Ejecutivo. Está en duda si entrará o no en el órgano una jueza muy alineada con los de Iglesias, la exdiputada podemista Victoria Rosell.

Mientras, desde el grupo del PNV en el Congreso se quejaban de que no habían sido llamados por el Ejecutivo en ningún momento. "Nos han excluido de las conversaciones y lamentamos el sentido de la pluralidad que tienen algunos", indicaban fuentes de la formación en Madrid. ¿Habrá consecuencias? Es pronto para saberlo, añadían. La reacción de los nacionalistas vascos no es baladí, porque es, junto con Podemos, el aliado más estable del PSOE. Aún queda negociación para solventar entuertos: están cerrados los ocho vocales del turno de juristas, pero no los 12 jueces.