La progresista Ana Ferrer, favorita para la vicepresidencia del Supremo

La magistrada progresista Ana Ferrer, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se posiciona como favorita para ocupar la vicepresidencia del alto tribunal, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. Los dos partidos mayoritarios negocian a estas horas los flecos de un acuerdo por el que el actual presidente de esa misma Sala, Manuel Marchena, será designado al frente del TS y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La miembro de Jueces y Juezas para la Democracia era hasta hoy la principal candidata de los socialistas para presidir el Supremo pero el acuerdo ha movido las cosas. Tendrá que conformarse con el cargo de segunda y sustituir en su responsabilidad al magistrado Ángel Juanes. Tanto el PP como el PSOE apuran a estas horas la composición definitiva del nuevo órgano de gobierno de los jueces.

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El nombre de Ferrer encaja con las pretensiones de los de Pedro Sánchez tanto por su perfil como por su defensa de la paridad en la institución. Desde un inicio, los socialistas lucharon para tratar de que la presidencia quedara, por primera vez en la historia, en manos de una mujer. Ahora las conservaciones se centran en tratar de lograr que los asientos el Consejo se repartan de forma equivalente entre hombres y mujeres.

Un nombramiento de la magistrada como vicepresidenta iguala también la composición final del órgano que contará con 11 vocales progresistas y 9 conservadores. La negociación del CGPJ ha avanzado a buen ritmo entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exministro Rafael Catalá, por lo que ambas partes esperan cerrar un acuerdo este mismo lunes. Por eso, antes del 4 de diciembre, fecha en la que el órgano ya debería estar renovado con el nombramiento de 20 nuevos vocales, 12 jueces o magistrados y 8 juristas de reconocida competencia, habrá nueva composición.

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Al igual que Marchena, Ana Ferrer integra en la actualidad el tribunal encargado de juzgar, a partir del próximo enero a los 18 políticos catalanes a los que la Fiscalía acusa de rebelión y malversación. Su nombramiento supondría la baja de este tribunal y la entrada de otros de los jueces de la Sala de lo Penal, informan fuentes jurídicas.