La defensa de Villar Mir asegura que la UCO advirtió al juez de que podía prevaricar

Los abogados de Juan Miguel Villar Mir han acompañado su querella contra el juez Manuel García Castellón de varios oficios policiales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que demostrarían que el magistrado estaba al tanto de que las interceptaciones telefónicas que había autorizado para tratar de averiguar si OHL pagó una comisión millonaria por la adjudicación del Cercanías de Navalcarnero podían afectar al derecho de defensa del presidente del Grupo Villar Mir. Pese a los avisos, sostienen los abogados del industrial, el instructor de los casos Púnica y Lezo permitió que continuaran las escuchas.

La UCO repitió la advertencia en oficios correspondientes a mes y medio de intervenciones, entre los pasados 3 de enero y 12 de febrero, según la querella que ha presentado ahora la defensa de Villar Mir ante el Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso este diario. Por esos hechos, los letrados sostienen que el juez habría cometido los delitos de prevaricación judicial, interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso de la administración de Justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos. No solo por autorizar las conversaciones del empresario con su defensa y permitir luego que se incorporaran al sumario del caso Lezo, sino también por impedir supuestamente el acceso a las mismas y no aclarar si han sido o no destruidas, expone la querella.

Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil encabezaron efectivamente los oficios sobre esas escuchas con un aviso subrayado y en mayúsculas: “Conversación que podría afectar al derecho a la defensa”. La frase aparece en la primera línea de cada una de las llamadas. “Lo relevante, a los efectos de la presente querella”, plantean los abogados de Villar Mir, “es que el día 9 de enero de 2018 la UCO le advirtió expresamente de que había escuchado, grabado y analizado las conversaciones entre una persona investigada y su abogado, y el magistrado no ordenó el inmediato cese de la actuación y la eliminación de la información obtenida con infracción del derecho fundamental a la defensa y violación de la garantía de confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente”. Según la querella, García Castellón “permitió con su inacción formal y beneplácito material esa ilícita actuación y recibió en el juzgado un 'oficio aparte' con la transcripción de las conversaciones entre el letrado ahora querellante y su cliente”.

El magistrado siempre ha negado esas acusaciones y sostiene desde el primer día que las escuchas estaban justificadas porque afloraron un supuesto delito cometido por la defensa de Villar Mir. En concreto, habrían permitido descubrir que el letrado pidió a su cliente que falsificara un informe médico para no tener que presentarse a una toma de huellas dactilares en la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos. La diligencia pretendía comprobar si sus huellas dactilares aparecían en el documento con el que había ordenado el pago de una supuesta comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González para sellar el amaño del concurso de la línea de Cercanías. Los abogados niegan que se falseara ningún informe médico y aseguran que la conversación se sacó de contexto. De hecho, recuerdan, Villar Mir se sometió a la diligencia unos días más tarde, y añaden que la investigación por la supuesta falsificación fue archivada en los juzgados de plaza de Castilla.

La defensa del presidente del Grupo Villar Mir denuncia que, pese a las advertencias de la UCO, las escuchas se incorporarán al sumario. “Se trata de auténticos análisis policiales de conversaciones letrado-cliente (no de transcripciones), con subrayados y destacados para facilitar su lectura a quienes accedían a su contenido, entre ellos, el magistrado querellado”, que según los abogados habría usado esa información que debía ser confidencial en sus interrogatorios.

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En algunas de las llamadas, Villar Mir trata directamente con su abogado de cabecera cuestiones relacionadas con la citación para la toma de sus huellas dactilares, pero la mayoría de las conversaciones van más allá y discurren sobre el conjunto de su estrategia de defensa. En una de las conversaciones, por ejemplo, comentan el resultado de la declaración del periodista José María García, que fue citado por el instructor de Púnica y Lezo tras insinuar en el programa 'Salvados' de La Sexta que Villar Mir le había reconocido el pago de comisiones a políticos. Tras la testifical, el abogado telefoneó al empresario para contarle que había “ido bien” porque García se había “desdicho” ante el magistrado.

La existencia de las escuchas quedó al descubierto el 21 de febrero, cuando el juez levantó el secreto de esta parte de las actuaciones y su contenido fue incorporado a la pieza 3 del caso Lezo. Los abogados pidieron entonces que el material fuera eliminado inmediatamente de la causa, al considerar que vulneraba su secreto profesional. El magistrado aceptó la queja antes del inicio de uno de los interrogatorios, “sin embargo”, denuncian los letrados de Villar Mir, “el informe final de las escuchas elaborado por la UCO en el que se incluyen referencias expresas a conversaciones letrado-cliente fue subido a la plataforma Cloud, en la que se halla digitalizada toda la causa, en mayo de 2018, es decir, dos meses después de estas afirmaciones del magistrado querellado”.