por grabar las conversaciones con su cliente

La defensa de Villar Mir se querella contra el juez del caso Lezo por prevaricación

Los abogados del empresario también acusan al juez García Castellón de interceptación ilegal de comunicaciones, retardo malicioso de la Justicia y falsedad e infidelidad en custodia de documentos

Foto: El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado mayo. (EFE)
El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado mayo. (EFE)

Los abogados del empresario Juan Miguel Villar Mir han presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que amenaza con provocar su expulsión de la carrera judicial. La defensa del presidente del Grupo Villar Mir acusa al magistrado de haber cometido los delitos de prevaricación judicial, interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso de la administración de Justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos por autorizar que se grabaran las conversaciones del industrial con sus letrados y permitir luego que su contenido se incorporara al sumario del caso Lezo. También atribuyen a García Castellón una estrategia antijurídica que presuntamente tenía como objetivo impedirles acceder a los audios, a pesar de su insistencia para conseguirlos.

Fotografía de archivo tomada el día 10 10 06 del juez Manuel García Castellón. (EFE)
Fotografía de archivo tomada el día 10 10 06 del juez Manuel García Castellón. (EFE)

Según ha podido saber El Confidencial, la querella fue presentada este lunes por la tarde en el Tribunal Supremo y ha sido remitida a primera hora de este martes al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que el pasado julio ya ofreció su amparo a los letrados de Villar Mir al concluir que la interceptación de las conversaciones con su cliente supuso una “una ilícita intromisión en el secreto profesional y en los contenidos propios y ordinarios del derecho de defensa”. A preguntas de este diario, los abogados de Villar Mir no han querido confirmar ni desmentir la presentación de la querella.

El caso guarda similitudes con las escuchas ilegales del caso Gürtel que motivaron la condena de Baltasar Garzón por un delito de prevaricación y su inhabilitación durante 11 años. La defensa de Villar Mir se remite precisamente a aquel dictamen del Alto Tribunal para argumentar que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 habría incurrido en hasta cuatro delitos al acordar en un auto del 12 de enero de 2018 que se prorrogaran otro mes las intervenciones telefónicas al empresario a pesar de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya le había advertido tres días antes de que se habían captado conversaciones del investigado con su abogado que podían afectar al derecho de defensa.

A pesar de la alerta de la Policía Judicial, “el magistrado no ordenó el inmediato cese de la actuación y la eliminación de la información obtenida con infracción del derecho fundamental a la defensa y violación de la garantía de confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente”, expone la querella. “Pero la palmaria trangresión de la inviolabilidad de las comunicaciones entre abogado y cliente no terminó ahí ni mucho menos, pues se mantuvo en el tiempo y se extendió a otros investigados”, prosigue el escrito. “El 12 de enero de 2018, de nuevo con absoluto desprecio a la palmaria trasgresión del derecho de defensa que se estaba produciendo, Don Manuel García Castellón dictó auto en el que, copiando la argumentación del informe del Ministerio Fiscal sobre la prórroga, acordaba la misma sin ninguna mención a la vulneración de la confidencialidad de las comunicaciones de los investigados con los abogados y a la manifiesta improcedencia de que se procediera a la realización de análisis alguno por relevante que pudiera considerar la UCO el contenido de la conversación para la investigación”.

El caso guarda similitudes con las escuchas ilegales del caso Gürtel que motivaron la condena de Baltasar Garzón por un delito de prevaricación

Las interceptaciones, que tenían como objetivo determinar si Villar Mir había ordenado el pago a Ignacio González de una comisión de 1,4 millones de euros para que OHL se llevara el contrato de construcción del Cercanías de Navalcarnero, terminaron quedando al descubierto el 21 de febrero cuando el juez levantó el secreto de esas diligencias y su contenido fue incorporado a la pieza 3 del caso Lezo. Se trata en total de 11 horas de conversaciones en las que Villar Mir y su abogado abordan detalles relacionados con su estrategia de defensa y en las que también participa un tercer investigado, Javier López Madrid, yerno del presidente del Grupo Villar Mir, directivo de la misma corporación y defendido por el mismo equipo jurídico.

Los abogados pidieron entonces que el material fuera eliminado inmediatamente de la causa, al considerar que vulneraba su secreto profesional. El magistrado llegó a aceptar esa solicitud antes del inicio de uno de los interrogatorios en el que también estaban presentes otras defensas del caso Lezo. “Sin embargo”, denuncian los letrados de Villar Mir, “el informe final de las escuchas elaborado por la UCO en el que se incluyen referencias expresas a conversaciones letrado-cliente fue subido a la plataforma Cloud en la que se halla digitalizada toda la causa en mayo de 2018, es decir, dos meses después de estas afirmaciones del magistrado querellado”.

Frente a esa acusación, García Castellón defiende que las interceptaciones estaban justificadas porque afloraron un supuesto delito cometido por la defensa de Villar Mir. Según el juez, demostrarían que el letrado pidió a su cliente que falsificara un informe médico para no tener que presentarse a una toma de huellas dactilares en la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos. Sin embargo, el entorno del empresario asegura que la conversación fue sacada de contexto y recuerda que esa acusación ya ha sido archivada en los juzgados de Plaza de Castilla.

El juez García Castellón también esgrime que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha respaldado su actuación, pero la defensa también rebate ese argumento al subrayar que esa instancia no ha llegado a pronunciarse en ningún momento sobre “la nulidad de las intervenciones telefónicas acordadas por el instructor”.

García Castellón defiende que las interceptaciones estaban justificadas porque afloraron un supuesto delito cometido por la defensa de Villar Mir

La querella presentada ahora por la defensa de Villar Mir incide en que, a pesar de sus continuas peticiones para acceder a los audios, se le ha negado de forma malintencionada la entrega de los mismos con resoluciones “contradictorias” que en estos momentos hacen “imposible saber si las grabaciones han sido destruidas o no lo han sido”.

En un tono durísimo, los abogados del empresario consideran que el auto de prórroga del 12 de enero de 2018 fue “un puñal en el corazón del derecho de defensa”. “El magistrado querellado, movido por su odio al delito o ávido de éxito profesional, ha querido o simplemente podido disfrutar del conocimiento que le brindan los oficios aparte de la UCO sobre las conversaciones entre abogados y clientes que le permitían penetrar en el más recóndito reducto de sinceridad de los investigados respecto a los hechos que se le atribuyen, el cual suele confiarse a los abogados precisamente por la blindada garantía de confidencialidad de las comunicaciones pertenecientes a la defensa, que ha sido judicialmente violada sin pudor jurídico alguno”.

Como primeras diligencias, la querella solicita al Tribunal Supremo que acuerde la declaración de Villar Mir y del magistrado, así como las de los agentes de la UCO que practicaron las diligencias y de los responsables del programa informático Sitel con el que se realizaron las intervenciones.

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