Sánchez evita a última hora otro decretazo: la Ley de Estabilidad sí pasará por el Congreso

La exigencia prioritaria que planteó Unidos Podemos al Gobierno para apoyar la senda de déficit era modificar la Ley Orgánica de Estabilidad para quitar la capacidad de veto que tiene el Senado. Esta es la única forma de burlar la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta y el Gobierno aceptó la petición en la reunión que celebraron el martes. Sin embargo, los problemas se agolpan a las puertas del Ministerio de Hacienda, ya que las vías para reformar la ley orgánica son limitadas y el tiempo corre en contra. Por si fuese poco, Unidos Podemos se plantea bloquear los Presupuestos Generales del Estado hasta que la Ley de Estabilidad no esté reformada, lo que añade más presión al Ejecutivo.

Al término de la reunión del martes, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, aseguró que la mejor fórmula para cambiar el artículo 15 de la citada ley era hacerlo por decreto ley (popularmente, un decretazo). Otro más para un Ejecutivo que ha comenzado su andadura esquivando al Congreso y gobernando con este instrumento que la Constitución reserva a casos de "extraordinaria y urgente necesidad" pero que Sánchez ha utilizado en siete ocasiones en 10 Consejos de Ministros, un récord de inicio de legislatura desde la primera de Aznar en 1996.

El Ministerio de Hacienda comenzó a estudiar las vías para hacerlo, ya que el camino del real decreto ley genera muchas dudas. Finalmente, la noche del jueves descartó esa opción y se decidió por una proposición de ley, según informó el ministerio. Esa es una fórmula respetuosa con la Constitución y dolorosa para el Ejecutivo. No solo tiene que negociar los apoyos al texto, con el riesgo de que le arranquen concesiones, sino que PP y Ciudadanos tienen la llave de la tramitación con la mayoría de la mesa del Congreso. Al apagar un incendio, al Gobierno del PSOE siempre le surge otro. Nadie dijo que gobernar con 84 diputados fuese sencillo.

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Aunque el plan inicial era hacerlo por decreto ley, juristas consultados por este medio vacilaban sobre este punto, ya que la naturaleza del decreto ley es responder a las situaciones de excepcionalidad que no tienen nada que ver con la modificación de una ley orgánica. El artículo 81 de la Constitución determina que la modificación de las leyes orgánicas "exigirá la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto", algo que no se cumpliría en el caso de modificarse la norma por la vía del decreto ley.

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Ante la posibilidad de recibir otro decretazo, el Partido Popular ya anunció que recurriría este decreto ley al Constitucional. Para los populares, la modificación de la ley orgánica no puede realizarse de espaldas al Congreso, ya que "limita la capacidad del Parlamento para controlar la acción del Ejecutivo", explicó Ignacio Cosidó, portavoz del Grupo Popular en el Senado.

También Ciudadanos criticó esa vía. Para el portavoz de Hacienda de la formación, Francisco de la Torre, un decreto ley no puede modificar una ley orgánica porque "lo declaró el Tribunal Constitucional por unanimidad en 1986", escribió en su cuenta de Twitter. El Constitucional anuló ese decreto ley porque afectaba al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, algo que prohíbe expresamente la Constitución. La duda razonable era si se puede considerar que la Ley de Estabilidad es parte de esas instituciones básicas del Estado.

Las dudas de los socios

Incluso responsables del grupo confederal de Unidos Podemos mostraron en privado sus dudas. La vía del decreto ley generaba muchas dudas jurídicas, aunque podría existir una argumentación: el Gobierno podría argüir que el cambio solo afecta a una cuestión procedimental y no al contenido básico de la norma por la cual tiene que ser ley orgánica.

Al optar por una reforma de la ley por la vía ordinaria, con el apoyo de la mayoría cualificada del Parlamento, el Ejecutivo de Sánchez se encuentra con un segundo obstáculo: la Mesa del Congreso de los Diputados. La Mesa está controlada por la mayoría del PP y de Ciudadanos, por lo que tiene la capacidad de retrasar la tramitación de cualquier normativa. Incluso en el caso de que se presente por la vía de urgencia.

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Fuentes de Unidos Podemos reconocen que este es un problema que tiene difícil solución. De hecho, su grupo parlamentario ya tiene registrada una reforma de la Ley de Estabilidad en el Congreso que lleva paralizada desde el mes de noviembre. Se trata de la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto para los ayuntamientos, norma que comenzó a tramitarse porque el Gobierno de Mariano Rajoy registró su veto fuera de plazo.

Un nuevo decretazo habría agravado otro de los problemas políticos de Sánchez. El Gobierno ha arrancado tirando de decreto ley. Eso era previsible dado que el PSOE solo tiene 84 diputados y así se evita negociar enmiendas y concesiones hasta alcanzar la mayoría absoluta. Pero ha sido tal el ritmo de aprobación -siete en 10 Consejos de Ministros contando con el de la exhumación de Franco que va el viernes- que el único precedente es el del inicio del Gobierno de Aznar en 1996. Aznar es la bicha del PSOE y ningún presidente socialista puede verse a su lado en la foto como líder en el rodillo parlamentario sin sentir un escalofrío.

Moncloa justifica: "Es habitual que en los primeros meses de una legislatura, o de un Gobierno, se aprueben muchos decretos leyes"

Cuando este diario desveló los números de los decretos leyes y la comparativa con otros presidentes, el PP se lanzó en tromba a anunciar que recurrían todos y acusó a Sánchez de gobernar al margen del Parlamento. En este tema, PSOE y PP han entrado en un juego de espejos. Con Rajoy, el Gobierno del PP tiraba de decreto ley sin recato: en la primera legislatura, y pese a su holgada mayoría absoluta, el Gobierno aprobó 76 decretos leyes, que suponen más del 30% de las leyes de esos año. Entonces era el PSOE el que bramaba contra el abuso de la fórmula de urgencia y Pedro Sánchez llegó a anunciar cambios legales para evitarlo (algo innecesario porque basta con cumplir la Constitución).

El Constitucional inicialmente era muy laxo con el uso del decreto ley pero ha ido endureciendo su postura y finalmente ha anulado algunos decretos leyes por no estar justificada la urgencia. Pero la sentencia siempre llega años después (tumbó en 2017 la amnistía fiscal aprobada en 2012) y para ese momento las medidas están en marcha y a veces los que las aprobaron están ya en su casa.

Hace dos días la Secretaría de Estado de Comunicación no contestó a las preguntas de este diario sobre cómo justificaban tanto decreto ley. El jueves sí envió una respuesta a los medios: "Es habitual que en los primeros meses de una legislatura, o de un Gobierno, se aprueben muchos decretos leyes pues el Gobierno, en su función constitucional de dirección política del Estado, quiere poner en marcha con urgencia una serie de actuaciones normativas. Por ello, se aprobaron 29 decretos leyes en 2012, primer año de Gobierno del PP, aunque tuviera mayoría absoluta y, por tanto, ningún problema para aprobar leyes en las Cortes Generales".

El PSOE vende que el veto del Senado en la Ley de Estabilidad es una anomalía aprobada por el Gobierno del PP en 2012 aprovechando que es una Cámara tradicionalmente controlada por los populares. El Senado es, en la inmensa mayoría de los casos, una Cámara de segunda lectura sin capacidad de veto y a menudo el Congreso deshace sus cambios. En el artículo 155 el Senado sí es clave pero porque afecta a la autonomía y en principio es la Cámara de representación territorial. La Ley de Estabilidad también afecta a los presupuestos de las comunidades pero no solo, ya que la senda de estabilidad recoge los objetivos de todas las administraciones. De ahí que la capacidad de veto del Senado sea extraordinaria.