Sánchez rechaza más "vías judiciales" con Cataluña e irá con el Rey a los actos del 17-A

Que no haya duda. Ninguna. El Gobierno quiere demostrar que arropa a la monarquía y, singularmente, al Rey, y buscará protegerla y ampararla. Lo hará en los actos con motivo del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, el 17 de agosto, en los que Pedro Sánchez acompañará a Felipe VI y estará a su lado pese al veto del Govern independentista de Quim Torra. Lo hará también frente a las grabaciones comprometedoras de Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

La defensa de la Corona se convirtió en uno de los temas más potentes en la extensa rueda de prensa —74 minutos— que Sánchez concedió este viernes como cierre del curso político. La primera que ofrecía como presidente del Gobierno, en solitario y sin límite de preguntas, tras la audaz moción de censura que derribó a Mariano Rajoy. Y la que tenía lugar pocas horas después de que recibiera en La Moncloa a Pablo Casado, una conversación de tres horas en la que estuvo muy presente Cataluña.

Como lo estuvo durante la comparecencia ante los medios. Sánchez sigue ofreciendo el camino de ley y diálogo, con su propósito en la cabeza de no abrir “ninguna vía judicial” más contra la Generalitat. Pero también buena parte de su conferencia de prensa estuvo colonizada por la eventualidad de un anticipo electoral. El jefe del Ejecutivo continúa manifestando su voluntad de agotar la legislatura, pero también subraya que su intención es “avanzar”, pero no “aguantar”. Como dijo su portavoz en el Gobierno, Isabel Celaá, nunca “resistir más allá de lo razonable”.

Sánchez había acordado con el ‘president’, Quim Torra, que los dos gobiernos se coordinarían para la preparación de los actos conmemorativos de los atentados yihadistas del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Pero el jefe de la Generalitat había manifestado su veto absoluto al Rey, por su discurso contundente de condena del referéndum ilegal del 3 de octubre. Desde un principio el Gobierno central recordó que la agenda del monarca la decide él mismo, y que no necesita ser invitado a ningún lado en todo el territorio.

“El Rey va a estar presente y yo también”. “El aniversario de los atentados exige de todos solidaridad y respeto a las víctimas y sus familias"

Sin embargo, no se conocía qué iba a hacer Felipe VI. Si acudiría o no a los actos institucionales en memoria de las víctimas. Sánchez fue preguntado directamente. “El jefe del Estado va a estar presente y yo también voy a estar presente”. “El aniversario de los atentados exige de todos solidaridad y respeto a las víctimas y a sus familiares. Así es y así espero que sea”, añadió el presidente, quien expresó que con su presencia, la del Rey, y la de “las más altas autoridades del Estado” se pretende trasladar la “solidaridad” del conjunto de los españoles a los que padecieron aquellos atentados. Después, en conversación informal con los periodistas, precisó que su Ejecutivo ya ha comunicado a la Generalitat que el jefe del Estado viajará a la capital catalana y que se está procurando que los actos no se conviertan en una plataforma para los secesionistas.

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Respaldo a las explicaciones del CNI

No fue la única ocasión en la que Sánchez defendió a la Corona. Fue inquirido si mantenía sus palabras de junio de 2014, cuando aún solo era candidato al liderazgo del PSOE, de que había que acabar con el “principio de inviolabilidad” del Rey, justo cuando el Parlamento tramitaba la ley de abdicación del rey Juan Carlos. “Tenemos una monarquía renovada y ejemplar en la figura de Felipe VI”, contestó. Tal respuesta conducía a otra cuestión lógica: ¿no era una institución “renovada y ejemplar” cuando al frente de ella estaba don Juan Carlos? “También. También. También, Irene [en referencia a la periodista que había formulado la pregunta, Irene Castro], también”.

Sánchez agradece el ofrecimiento del PP de apoyar un nuevo 155, pero le pide que su respaldo sea más amplio, "leal", como lo fue el del PSOE con Rajoy

El Gobierno también cree que se ha sustanciado de sobra el caso de las cintas de la examiga del Rey emérito. Las explicaciones dadas por el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, en el Congreso la semana pasada bastan al Ejecutivo. “Son las que son, las respaldamos y tienen nuestro apoyo”, sentenció.

Respecto a Cataluña, el Gobierno no cambia su hoja de ruta. Si se trata de una "crisis política", hay que "resolverla desde la política". Y ello implica actuar en un doble sentido. De un lado, defender la Carta Magna y el Estatut ante "eventuales vulneraciones de la legalidad". De otro, mantener la senda del diálogo, "con la Constitución en la mano". "El Gobierno no quiere abrir ninguna vía judicial más", proclamó.

Sánchez respondía así tras el ofrecimiento de Casado de pactar una nueva intervención de Cataluña en caso de que los independentistas quebraran de nuevo la legalidad. "Si hay que volver a hablar del artículo 155, volveremos a hablar desde un punto de vista pedagógico, constitucional, federal". El jefe del Ejecutivo agradeció ese apoyo del líder del PP, pero le gustaría que fuera más amplio, "en todo", "como hizo el PSOE cuando estaba en la oposición" y Mariano Rajoy en La Moncloa.

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Al PP, una "oposición leal"

Aprovechó entonces para volver a reclamar a los populares "coherencia", "altura de miras", que hagan "oposición de Estado", y que sean "tan leales" como a lo fue su partido hasta antes de llegar al poder. Y como respuesta a esa exigencia de Casado de incluir en el Código Penal la convocatoria de un referéndum ilegal, recordó que las dos consultas anteriores, la del 9-N de 2014 y la del 1 de octubre de 2017 se celebraron con Rajoy en La Moncloa. De ahí ese llamamiento a la "coherencia" al PP, al que avisó que España no necesita "proyectos que restan", que se alimentan del "agravio y la confrontación entre territorios y personas", sino que se requieren proyectos que "aglutinen".

El presidente defiende un acuerdo en Cataluña que voten los ciudadanos y que represente al 80% de la sociedad, no una consulta sobre la ruptura

De modo que el Ejecutivo mantiene su plan sin cambios. En lo inmediato, a partir de septiembre se pondrán a trabajar las comisiones mixtas sobre asuntos como transferencias, infraestructuras, cuestiones económicas y fiscales o desistimiento de recursos contra leyes catalanas presentados ante el Tribunal Constitucional. Es el compromiso que salió de la reunión de la comisión bilateral Generalitat-Estado del pasado miércoles en Barcelona, con la que quiere lanzar la señal de la importancia "fundamental" de "normalizar las relaciones institucionales".

Resolver la crisis en Cataluña, sin embargo, necesitará de mucho más tiempo, advirtió. Harán falta años, "mucha paciencia, mucha pedagogía, mucha generosidad y mucha altura de miras". "Los que no quieren diálogo, ¿qué forma de hacer política quieren?", se preguntó, recriminando al PP su posición dura, contraria a todo tipo de política de "apaciguamiento". "Aquellos que tienen convicciones firmes son los que siempre quieren dialogar porque saben sus límites, y nosotros los tenemos claros: la Constitución y el Estatut", y en los márgenes de ambos textos "se pueden hacer muchas cosas". Sánchez defendió entonces que el Gobierno sí tiene un proyecto para España y para Cataluña dentro de España, y "hablar de otros mecanismos es hacer el caldo gordo a aquellos que no quieren que las relaciones fructifiquen en aspectos positivos" para Cataluña.

El presidente está convencido, y así lo expresó en su comparecencia del 17 de julio en el Congreso, que la "solución" al problema catalán exigirá una "votación" del conjunto de sus ciudadanos. Pero la "discrepancia" fundamental con los independentistas es que ellos quieren que se vote sobre la ruptura, un proyecto que no es ni mucho menos mayoritario en la comunidad, mientras que el Gobierno quiere que los catalanes se pronuncien acerca de un acuerdo que representa "al 80% de la sociedad catalana". Y en ese propósito espera convencer a los secesionistas "en el medio plazo".

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"Agenda de transformación"

Buena parte de las preguntas de los periodistas se dirigieron hacia un mismo objetivo: si habrá o no anticipo electoral. Sánchez defendió, durante su primera intervención, y también después, que le queda "mucho por hacer" al Gobierno, porque sus causas son las de la mayoría de la sociedad, y porque entiende que la moción supuso un "cambio de época". Un "sacar a España de la parálisis". Así que su intención es proseguir con esa "agenda de transformación, con diálogo y consenso".

"Aguantar no, avanzar sí", dice sobre el final de la legislatura. "La debilidad que más me preocupa es la del Estado del bienestar", manifiesta

Ahora bien, y esto es lo importante: "Aguantar [hasta el final de legislatura] no, avanzar sí". Esta afirmación es clave, porque se conecta con otras expresadas en público y en privado por miembros del Ejecutivo. Sánchez no se quiere atrincherar como sea en La Moncloa, pero sí quiere continuar con la legislatura. Sin marcarse ningún fin ni ningún muro que deba saltar para proseguir. Por eso confía en sacar adelante la senda de déficit y los Presupuestos Generales del Estado, para lo cual apela a "la responsabilidad de todos". "Que sean fáciles o difíciles las votaciones en el Congreso no es lo que más importa a este Gobierno, sino si son útiles para el conjunto de los ciudadanos", en materias como sanidad, educación, pensiones, políticas activas de empleo, ciencia o industria... "Difícil ya sabíamos que iba a ser difícil, pero no imposible. La debilidad que más preocupa y ocupa al Gobierno es la del Estado del bienestar", y no su fragilidad parlamentaria, sus 84 escaños.

Encuestas como la del CIS que se publicó ayer, y que otorga al PSOE un estirón de casi ocho puntos respecto al barómetro anterior y le coloca al borde del 30% de los votos, "anima" al Gobierno a "continuar con el camino emprendido". Pero eso no le conduce a convocar elecciones para que su partido aproveche la ola. No quiere "gobernar a golpe de encuesta", porque no lo hizo como líder de la oposición, subrayó, ni lo quiere hacer ahora como presidente.

Un mando único operativo para coordinar la llegada de la inmigración en el Estrecho

El Consejo de Ministras y Ministros de este viernes adoptó una decisión, anunció Pedro Sánchez, "muy importante": la creación de un mando único para la coordinación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que centralizará el seguimiento de todas las actuaciones relativas a inmigración irregular en el estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes. Quien asumirá ese mando será un general de la Guardia Civil. 

Este centro, subraya La Moncloa, "coordinará los recursos humanos y medios materiales de la Administración General del Estado y la rápida transferencia de información para evitar la salida de inmigrantes desde las costas africanas".

Este mando desarrollará sus actuaciones de acuerdo con la legislación nacional e internacional vigente y también respetará los convenios suscritos en materia de seguridad marítima y salvamento en el mar. "Una de sus prioridades será proteger la vida de los inmigrantes náufragos y respetar su dignidad y los derechos humanos, con especial atención a los colectivos más vulnerables, como es el caso de los menores no acompañados (MENA)". 

Se tratará de un mando, insistió Sánchez, operativo, no político, puesto que las decisiones las seguirán tomando los responsables políticos. El presidente explicó que se trata de un dispositivo similar al que se creó en 2006, en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, para hacer frente a la llegada masiva de embarcaciones a Canarias (la llamada crisis de los cayucos), y que funcionó con "bastante éxito".

El Gobierno crea un Mando Único Operativo para coordinar las actuaciones frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho #CMin
➡ Un general de la @guardiacivil dirigirá el Centro de Coordinación que centralizará las actuaciones
Más info 👉https://t.co/drEkg1Rmti pic.twitter.com/wCkya8PIOW

 

Las palabras del presidente coinciden con la decisión de la Comisión Europea de ampliar en otros tres millones de euros la ayuda inicial de 26,5 millones que ha concedido a España para la asistencia de emergencia a los inmigrantes que arriban a las costas españolas. 

También la UE liberará de forma urgente los 55 millones de euros para programas de gestión de fronteras en Marruecos y Túnez, que fue aprobado por el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África y que el Ejecutivo comunitario está dispuesto a ampliar, informa EFE. 

Sánchez hizo hincapié en que la migración no comenzó con su Gobierno, pero sí "la política migratoria", porque "no la había hasta ahora". Ello supone el diálogo y la cooperación con los países de origen y de tránsito (no solo con Marruecos, también con Mauritania, Argelia...) para lograr una gestión ordenada de los flujos y también controlar las fronteras.