"El sexo sin consentimiento ya es delito": la reforma que levanta el debate

El anuncio efectuado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre una futura reforma en el Código Penal para delimitar los delitos sexuales ha tenido una acogida dispar entre los jueces, fiscales y abogados, el colectivo que tendrá que lidiar en un futuro con las novedades legislativas. Unos contemplan la iniciativa con escepticismo y critican su "exagerada ambigüedad". Algunos, los más contrarios, aseguran que se asemeja a un 'spot' publicitario o una campaña de autobombo que se compadece poco con una realidad normativa en la que el sexo sin consentimiento ya es un grave delito. Otros, sin embargo, entre ellos muchos especialistas en violencia de género o contra la mujer, consideran que reflejar en el tipo delictivo de forma expresa esa aceptación de la mujer como algo inexcusable, ineludible y absolutamente necesario antes de cualquier relación supone un gran paso adelante.

A falta de ver la realidad del proyecto y, por tanto, con la prudencia de quien habla si conocer a fondo la cuestión, los primeros apuntan que la propuesta ha llegado revestida de una simplicidad desconcertante y que falta todo un desarrollo argumental que aclare muchas preguntas. "¿Qué significa consentimiento expreso?", "¿se exigirá algún tipo de constatación de ese consentimiento?", "¿cómo ha de quedar reflejado para que se considere prueba preconstituida?". Una cadena de cuestiones no resueltas que llega hasta el infinito.

También aseguran que la atención del legislador se ha centrado "demasiado" en el término empleado para tipificar este sexo sin un sí inequívoco de la mujer: el abuso, la agresión y no la "violación". Hoy por hoy, la falta de consentimiento se tipifica como abuso y la violencia para forzarlo, como agresión. Así hasta alcanzar el tipo más grave, penado con 12 años, la violación.

Muchos de los consultados no ven problema alguno en cambiar la tipificación para calificar como violacion todo lo que hasta ahora tenía distintos nombres, siempre que se acompañe la medida de una graduación de conductas de menos a más graves, con penas en proporción. Los favorables a esta modificacion apuntan por su parte que cambiará el paradigma de las relaciones sexuales y dará, al fin, a la libertad sexual de la mujer el valor que se merece.

¿Algo revolucionario?

"En el día a día, hay bastante confusión sobre los límites del consentimiento: ¡qué atrás estamos cuando nos parece que explicitar el consentimiento sexual de las mujeres es algo revolucionario!", asegura una de las fiscales consultadas, especializada en la materia. En su opinión, una reforma que camine hacia algo así colocaría España a la cabeza de la Unión Europea junto a los países que ya han dado el paso. Según datos de Amnistía Internacional, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, Bélgica, Chipre, Luxemburgo y Alemania tienen definiciones de los delitos contra la libertad sexual basadas en el consentimiento. A ellos se ha sumado recientemente Suecia.

"¡Qué atrás estamos cuando nos parece que explicitar el consentimiento sexual de las mujeres es algo revolucionario!"

El sector crítico recuerda, por contra, que pese a quien pese y se haga la modificación que se haga, la valoración de la prueba, es decir, la comprobación de si una denunciante consintió o no lo hizo, continuará dependiendo de los jueces, "esos seres maléficos" —ironizan—, vapuleados tras la sentencia de La Manada, la resolución que ha abierto el debate y agitado la necesidad de cambios normativos. Todo el sistema jurídico se sustenta en la presunción de inocencia, recuerdan.

También aseguran que hay más consentimientos además del expreso y que una medida así "se aleja de la realidad en las relaciones íntimas". "Tan válido es el consentimiento expreso como el tácito", aseguran frente al lema con el que la vicepresidenta Carmen Calvo ha resumido la cuestión: "Todo lo que no es sí, es no". En cualquier caso, la interpretación del juez nunca podrá eliminarse de la ecuación y su papel a la hora de valorar los indicios, que deben ir mucho más allá que una simple declaración acusatoria, seguirá siendo lo fundamental.

Opinión

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