El Gobierno asume que la reforma de delitos sexuales no estará hasta 2019

La hipotética reforma del Código Penal para actualizar la regulación de los delitos sexuales no estará concluida totalmente antes de 2019, según la previsión del propio Ejecutivo y con el cálculo de la tramitación en los distintos filtros por los que ha de pasar. Su aprobación, por tanto, estará condicionada al desarrollo de la legislatura y para entonces podría estar resuelto el primer recurso contra la polémica sentencia de La Manada en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Varios grupos parlamentarios aseguran que podría estudiarse una vía rápida, presentando la reforma como enmiendas a alguna modificación al Código Penal en trámite. Por ejemplo, una admitida a trámite este jueves en el pleno del Congreso para trasponer una directiva europea. El Gobierno, en principio, se opone a esta vía rápida por las dudas entre los juristas sobre si es problema de la sentencia o de la norma, es decir, el Código Penal. Y, además, se omitiría el trámite de informes preceptivos, convenientes en un asunto tan controvertido.

TE PUEDE INTERESAR

Suben un 28% las violaciones y un 13% los delitos contra la libertad sexual en España

El Confidencial

El primer trámite lento por el que ha optado el Gobierno es el de la comisión de Codificación, por la que ha decidido pasar el ministro de Justicia, a pesar de que este órgano nunca ha estado en el inicio de este tipo de reformas legales. Según el propio Ministerio de Justicia, la sección penal de la comisión de Codificación no ha tenido encargos específicos por parte del ministro desde el 5 de noviembre de 2015, fecha del pleno en que institucionaliza el nuevo impulso y su nueva puesta en marcha. En concreto, la sección penal con los vocales nombrados desde su última reunión de 1979, solo se reunió en una única ocasión en julio de 2017 con motivo del estudio de la transposición de una directiva, según Justicia.

Esa comisión no tuvo participación alguna en las diferentes reformas del Código Penal, por ejemplo, la de 2012, que cambió todo el sistema de penas e implantó la pena de prisión permanente revisable. Ni la ha tenido en la iniciativa del actual Gobierno para ampliar la prisión permanente a nuevos delitos que en este momento está en trámite y pendiente de ser remitida a las Cortes, tras su aprobación en un Consejo de Ministros. En la web del Ministerio de Justicia no figura ningún informe ni propuesta realizados por la sección penal de la comisión de Codificación.

Uno de los miembros de la comisión explica que fue nombrado e incorporado en 1978 y participó activamente en la reforma del Código Penal de 1980. Luego nunca más había sido convocado hasta que en 2015 el ministro Rafael Catalá nombró un nuevo presidente y les explicó que contaría con la comisión para futuras reformas. Sin embargo, no les tuvo en cuenta en la citada reforma de la prisión permanente.

De hecho, en estos días, Justicia tuvo que modificar la lista de miembros de la web porque figuraban varios juristas fallecidos hace años.

Al menos dos exsecretarios de Estado de Justicia mostraron a El Confidencial su sorpresa por el hecho de que el Gobierno haya encargado a esta comisión la propuesta para la reforma de delitos sexuales. Normalmente, son los asesores del ministerio, previa consulta con otros juristas, los que elaboran las propuestas legislativas. Así se ha hecho con la prisión permanente. Con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy nombraron comisiones de trabajo específicas.

El ministro de Justicia encargó a esta comisión la realización de un informe tras la polémica sentencia de La Manada. Les daba de plazo hasta el 15 de junio, pero ese plazo sufrirá inevitablemente una modificación después de que este jueves la primera reunión haya concluido con la decisión de no empezar sus trabajos hasta que su composición no sea paritaria. Justicia tendrá que nombrar a mujeres juristas para formar parte de la comisión, hasta llegar a 15, puesto que el número total de miembros es de 30.

Los nombramientos los hará el ministro en los próximos días, aunque aún no hay fecha prevista para la próxima reunión, según explica uno de los juristas reunidos este jueves.

A continuación, los 30 miembros deberán decidir si elaboran un informe jurídico con alternativas o si presentan una propuesta de reforma del Código Penal concreta y articulada. Por el momento, a la espera del inicio del debate entre los juristas, varios de ellos aseguran que, en principio, no son partidarios de modificar la actual redacción del apartado correspondiente del Código Penal. Podría ocurrir, por tanto, que de esa comisión saliera un informe crítico con la sentencia, pero partidario de no tocar el Código Penal.

TE PUEDE INTERESAR

Un "grave" fallo en la web del CGPJ deja al descubierto datos personales de sentencias

Guillermo Cid

Con ese informe, el Ministerio de Justicia tendrá que elaborar una propuesta legislativa que será estudiada y aprobada en el Consejo de Ministros, lo que no ocurrirá antes de mediados del mes de julio, en el mejor de los casos. Ese anteproyecto deberá ser remitido al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal para que emitan el informe preceptivo, aunque no vinculante.

Con esos informes, el Gobierno deberá estudiar si estima las objeciones e introduce modificaciones y aprobar el proyecto de ley en Consejo de Ministros, previsiblemente, después de verano. Para el trámite en el Congreso, el Gobierno necesita acuerdos con otros partidos para llegar a la mayoría absoluta necesaria para aprobar la reforma. Incluso una mayoría alternativa podría rectificar el texto inicial del Gobierno.

Catalá aseguró este jueves que la comisión tendrá una propuesta "en unas semanas", pero insistió en que posteriormente sería el Ejecutivo el que impulsaría el cambio legal y el Parlamento el que lo aprobaría. Y allí, ha recordado, las mayorías "están muy distribuidas", de modo que solo habrá reforma del Código Penal si hay consenso político y social suficiente. No obstante, el ministro ha insistido en que el proceso se abre, no por la sentencia de La Manada, sino por un asunto que genera un gran debate social y sobre unos delitos cuya definición el propio Tribunal Supremo ha calificado de "laberíntica y complicada".

Ese trámite parlamentario debe pasar por pleno y comisión del Congreso y posteriormente del Senado, lo que necesita varios meses. El plazo podría alargarse más si los grupos consideraran necesaria la comparecencia de expertos en la comisión de Justicia. Es decir, la propuesta que haga la comisión de Codificación debe pasar aún por una decena de filtros y el resultado final que se publique en el BOE no tiene por qué coincidir con ese informe inicial. Obviamente, no puede aplicarse con carácter retroactivo, salvo que eso beneficie al acusado.