Estupor en el mundo judicial por la libertad de La Manada: "Es una decisión absurda"

La noticia sobre la puesta en libertad provisional de los cinco condenados por el abuso sexual con prevalimiento a una joven de Madrid durante los Sanfermines de 2016 ha desconcertado al mundo judicial. Numerosas fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial han mostrado su estupor ante la decisión de excarcelar a La Manada tras una condena a nueve años de prisión y cuando han cumplido dos años desde su entrada preventiva en la cárcel. "Es una decisión absurda", "incomprensible", "cuanto menos, extraña", "muestra las dudas y la división del tribunal", han sido algunas de las expresiones empleadas por los jueces y fiscales consultados a la hora de valorar un fallo que incrementa exponencialmente la polémica que ya arrastraba el caso desde la sentencia, que rebajó considerablemente la pena que se hubiera impuesto en caso de agresión sexual. Pese a todo, los juristas defienden que se trata de un criterio absolutamente legal y empleado en muchos otros casos.

La opinión generalizada es que la sorprendente decisión, tomada por el mismo tribunal que los condenó, no casa con lo dictado en esa resolución de hace ahora casi dos meses. Dos de los tres jueces tenían claro y así lo reflejaron en sentencia, que José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo eran culpables de un delito con una pena alta, de nueve años. Ayer, sin embargo, una de los miembros de la mayoría que les consideró culpables, la magistrada Raquel Fernandino -que, recalcan, condenó sin duda- se inclinó por apoyar junto al juez Ricardo Rodríguez la salida de la cárcel. ¿Qué ha sucedido en estas semanas para que la jueza que dictó una estancia en prisión de nueve años defienda ahora que deben salir hasta que haya sentencia firme?

Es una incógnita que nadie entiende y que resta, además, credibilidad al fallo que aún debe ser revisado primero por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y después previsiblemente por el Supremo. Algunos de los consultados especulan con la posibilidad de que, quizá, uno de los motivos valorados para adoptar la sorprendente medida es que la condena se decidió sin unanimidad. Eso da mayores posibilidades de éxito a los recursos que han presentado las defensas contra la condena y abre la puerta a rebajas en la pena y, en último caso, la absolución.

Es incongruente, destacan, con el criterio anterior. Pese a ello, la decisión se ajusta a Derecho: la prisión provisional puede modificarse en cualquier momento a petición de los condenados, que no pasan a ser penados hasta que hayan decidido todas las instancias superiores. Es, como su nombre indica, 'provisional', aunque lo habitual es que se alargue hasta que se cumpla la mitad de la condena impuesta, en este caso cuatro años.

Las fuentes consultadas recuerdan recientes decisiones judiciales que irían en esta línea. Por ejemplo, condenados por la trama Gürtel con penas de hasta 15 años quedaron libres a la espera de la confirmación del TS. Lo mismo sucedió con Iñaki Urdangarin, en la calle hasta esta misma semana.

Es previsible que los dos jueces que han inclinado la balanza hayan tenido en cuenta argumentos empleados cientos de veces en casos menos mediáticos.Argumentarían, en ese caso, que la prisión dictada ha perdido su finalidad principal que es la de asegurar la presencia en el juicio de los acusados. Existe, además, numerosa jurisprudencia que indica que este tipo de privación de libertad no puede convertirse en una pena anticipada.

Otro de los aspectos que habrá valorado el tribunal es la disminución del riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Para conjurar su existencia, los jueces han previsto comparecencias tres veces por semana, retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional. También de acercarse a Madrid, donde vive la víctima, y de comunicar con ella a través de medio alguno.

El caso va de polémica en polémica. La ruptura con la opinión pública se evidenció de forma brutal el 26 de abril. Millones de personas salieron a la calle para protestar por una resolución que la sociedad no entendió. La brecha crece más ahora hasta un punto en el que la propia carrera judicial comienza a quedarse sin argumentos para defender decisiones judiciales como la tomada. En la fase de instrucción, el tribunal negó por mayoría hasta en tres ocasiones la salida de la cárcel que ahora apoya una mayoría.

La Fiscalía, que defendió la necesidad de prorrogar el encarcelamiento, poco podrá hacer. Solo cabe recurrir ante los tres mismos jueces que ya han tomado la decisión. Así las cosas los cinco condenados ya han quedado libres y solo regresarán a prisión si el Tribunal Supremo confirma su condena. El plazo para que llegue ese momento supera el año.