La Justicia decide si La Manada sigue presa: la víctima con "nervios" y ellos con "tensión"

José Angel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero se han vuelto a sentar en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Navarra siete meses después de la celebración del juicio por la presunta violación grupal a una joven durante los Sanfermines de 2016 y por la que han sido condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento tras descartar el fallo la agresión sexual. Por unas horas han abandonado la prisión de Pamplona en la que se encuentran para estar presentes en la vista que decidirá sobre la prórroga de su prisión provisional o su puesta en libertad. Sus otros dos compañeros, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, presos en la cárcel militar de Alcalá Meco, han seguido por videoconferencia una sesión que se ha celebrado a puerta cerrada, al igual que ya ocurrió con la mayoría de las jornadas del juicio.

La celebración de la vista para decidir el futuro a corto plazo de los condenados, a expensas de que el caso llegue al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) tras los recursos presentados por todas las partes contra la sentencia, ha tenido lugar a instancias de la propia Audiencia de Navarra, que debe adoptar una decisión sobre si mantiene o no en prisión provisional a los cinco jóvenes sevillanos antes del 7 de julio. En esta fecha vence el plazo máximo de dos años estipulado para la prisión provisional, aunque cumplido este periodo la ley contempla la revisión de cara a su posible ampliación hasta cumplir la mitad de la condena. En todo caso, la Audiencia debía pronunciarse en este sentido toda vez que las defensas de los integrantes de La Manada también han solicitado su puesta en libertad provisional a la espera de que se agote la vía judicial (el caso llegará en última instancia al Tribunal Supremo).

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Ha sido una sesión de apenas una hora de duración en la que las diferentes partes han expuesto sus motivos ya conocidos para solicitar o rechazar su puesta en libertad provisional. Ahora, los mismos tres magistrados de la Sección Segunda que dictaron sentencia condenatoria el pasado 26 de abril con el polémico voto particular a favor de la absolución del juez Ricardo González adoptarán una decisión que se espera para mañana o el miércoles. A este respecto, la prisión provisional, de decretarse, alcanzaría otros dos años y medio, hasta llegar al límite máximo de la mitad de la condena de nueve años que le fue impuesta a los cinco jóvenes por los hechos sucedidos durante la primera noche de los Sanfermines de 2016, según apuntan fuentes judiciales.

Agustín Martínez anuncia que presentará un recurso de amparo ante el Constitucional en caso de que los condenados no sean puestos en libertad

Los tres condenados presentes en la sala han seguido el desarrollo de la sesión "tensos", ya que prorrogar la prisión provisional "les cambiaría la vida", según ha asegurado su abogado, Agustín Martínez Becerra, que también se encarga de la defensa de Cabezuelo. Por ello, ha asegurado que, de haber una resolución en contra de los intereses de su defendido, presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, para lograr la puesta en libertad de sus detenidos con la correspondiente fianza y las "previsiones de limitación de derechos que se puedan fijar". Por su parte, dada la trascendencia de la decisión, la joven madrileña víctima de La Manada, y que en el momento de los hechos tenía 18 años, se encuentra "muy nerviosa", tal y como ha precisado su letrado, Miguel Ángel Morán. Tanto las defensas como las acusaciones se han mostrado "optimistas" al término de la sesión. Así, mientras Morán ha expuesto sus "buenas" sensaciones, Martínez ha señalado que "sólo cabe la puesta en libertad provisional" de los condenados.

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La fotografía de hoy apenas ha diferido de la imagen del pasado mes de noviembre, tanto dentro como fuera de la Audiencia de Navarra. En la sala de vistas, con la salvedad de la ausencia de dos de los cinco acusados, han estado presentes la fiscal Elena Sarasate, los abogados de las defensas y los letrados de la acusación particular y popular, ejercida por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. En un principio, los tres integrantes de La Manada que permanecen en la cárcel de la capital navarra tenían previsto seguir la vista por videoconferencia, al igual que sus compañeros, pero su presencia física en la sala ha sido requerida por la propia Audiencia de Navarra por la cercanía de la cárcel, según ha apuntado Martínez Becerra.

Y en la calle, la expectación mediática ha sido similar a la de una de las once jornadas de las que constó el juicio, que se celebró a puerta cerrada a excepción de la dos últimas sesiones, correspondientes a las conclusiones definitivas de las partes y a los alegatos finales de los ahora condenados, que proclamaron su inocencia en una última palabra prácticamente calcada. Hoy los tres integrantes de La Manada presentes en la sala de vistas no han tenido derecho a palabra en una sesión en la que las diferentes partes han expuesto sus motivos para defender que los condenados continúen en prisión o, por el contrario, sean puestos en libertad provisional.

De decretar su liberación, la Audiencia de Navarra establecerá con toda seguridad una fianza previa. En este caso, estará por ver cuál es su montante, lo que tiene su trascendencia. De ello dependería la salida inmediata o no de la cárcel de los acusados. A este respecto, Martínez ha señalado que lo "lógico" sería la imposición de una fianza de 6.000 euros, cantidad que fijó el magistrado discordante González en el auto del tribunal de julio de 2017 para defender su puesta en libertad. Según ha remarcado, la cantidad se debería establecer en función de la "disponibilidad económica" de los condenados.

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Hasta ahora, la Audiencia de Navarra se ha negado en varias ocasiones a poner en libertad a los cinco jóvenes andaluces, la última justo a la finalización del juicio, con el voto a favor del presidente del tribunal, Francisco José Cobo, y Raquel Fernandino, y con el voto en contra de González. En todas estas ocasiones la Sección Segunda ha apuntado a los mismos motivos para mantener en prisión a los cinco jóvenes andaluces: riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Son dos argumentos que, según ha señalado Martínez, "no se justifican" en estos momentos. En primer lugar, porque la condena de nueve años es muy inferior a las penas de entre 22 y 25 años que solicitaban la Fiscalía y las acusaciones, y los cinco jóvenes ya llevan dos años en prisión, por lo que "no cabe plantear la existencia de riesgo de fuga como tal". Y en segundo lugar, ante el riesgo de reiteración delictiva, porque el 'caso de Pozoblanco' en el que también están implicados algunos de los integrantes de La Manada por una posible agresión sexual "todavía está sin auto de procesamiento" después de dos años. "Lo ajustado a derecho es que sean puestos en libertad provisional y que a partir de ahí siga el procedimiento judicial", ha aseverado, para remarcar que mantenerles en prisión sería "injustificable".

De cara a adoptar una decisión el tribunal deberá tener en cuenta nuevamente estos dos factores. Si la Audiencia de Navarra opta por prorrogar la prisión provisional, los condenados permanecerán en prisión hasta que al menos se pronuncie el TSJN, que, según previsiones judiciales, abordará los recursos presentados por todas las partes en septiembre u octubre. La Fiscalía y las acusaciones insisten en que hubo violación y que la condena debe recoger un delito de agresión sexual. Por su parte, las defensas reclaman su puesta en libertad al reiterar que se trató de relaciones sexuales consentidas en todo momento. A la espera de que el caso llegue al TSJN, Prenda, Boza y Escudero podrían esperar la resolución judicial en una cárcel andaluza, ya que han solicitado el traslado a una prisión cerca de sus hogares en caso de que deban permanecer entre rejas.