polémica sentencia por la presunta violación en sanfermines

La Fiscalía insiste en que hubo violación y recurrirá la sentencia de La Manada

Acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Navarra para que se eleve la pena impuesta a los acusados al “mantener que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y no solo de abuso”

Foto: Protesta a las puertas del Palacio de Justicia de Pamplona por la sentencia contra La manada. (EFE)
Protesta a las puertas del Palacio de Justicia de Pamplona por la sentencia contra La manada. (EFE)

La Fiscalía presentará un recurso de apelación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra que condena a los cinco acusados únicamente por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento al insistir en que los hechos que tuvieron lugar en la primera madrugada de los Sanfermines de 2016 corresponden a una violación. El Ministerio Público ha anunciado a través de una nota que acudirá a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) al “mantener nuestra consideración inicial de que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual (violación) y no solo de abuso sexual”.

La fiscal Elena Sarasate reclamaba 22 años y 10 meses de cárcel por los delitos de agresión sexual continuada, contra la intimidad y robo con violencia e intimidación, si bien el tribunal ha impuesto una pena muy inferior, de nueve años, al achacar únicamente a los cinco jóvenes sevillanos acusados de la supuesta violación grupal a una joven de 18 años de Madrid un delito de abuso sexual continuado. El recurso encaminado a lograr que se eleve la pena impuesta a los integrantes de La Manada se formalizará en "los próximos días", según se refleja en la comunicación, firmada por el fiscal superior de Navarra, José A. Sánchez.

La decisión de la Fiscalía de prolongar la vía judicial es clave, ya que posibilitará que prosperen todos los recursos anunciados. Ahora, una vez se presenten las correspondientes apelaciones, el TSJN deberá dirimir si coincide con el polémico criterio de la Sección Segunda de que los hechos se limitan a un abuso sexual o son constitutivos de una agresión sexual, o, por contra, si considera que los cinco acusados son inocentes. Por esta tesis se ha decantado uno de los tres magistrados del tribunal, Ricardo González, que en un voto particular discrepante con la sentencia defiende que se trató de "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo". También queda en última instancia la vía del Tribunal Supremo en recurso de casación.

Se daba por hecho que la sentencia contra los integrantes de La Manada iba a generar controversia fuera cual fuera su sentido y que el recorrido judicial por el caso iba a continuar. Pero lo que no se esperaba era que el veredicto generara semejante polémica social, política, institucional y judicial, y que el número de recursos fuera el máximo posible. Porque el fallo de los magistrados Francisco José Cobo, Raquel Fernandino y González ha logrado poner de acuerdo a todas las partes implicadas en el proceso en su disconformidad con el contenido. Esto implica que habrá seis recursos ante el TSJN.

De este modo, anunciada la decisión de la Fiscalía, al TSJN llegarán los recursos del Ministerio Público, la acusación particular, las dos acciones populares -el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra- y las dos defensas de los condenados: Agustín Martínez, que representa a José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero y Jesús Cabezuelo, y Jesús Pérez, que se encarga de la asistencia jurídica de Antonio Manuel Guerrero.

Los integrantes de La Manada, que se enfrentaban a peticiones de entre 22 y 26 años de cárcel, han logrado esquivar unas penas más elevadas al rechazar el tribunal que hubiera violación bajo la consideración de que "no hubo empleo de violencia o intimidación que integran el concepto normativo de agresión sexual". En su argumentación, la Sección Segunda sostiene que no hubo "golpes" o "desgarros" y que los acusados no actuaron con "fuerza eficaz" para descartar el delito de violación "Las acusaciones no han probado el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante, que con arreglo a la doctrina jurisprudencial implica una agresión real más o menos violenta, o por medio de golpes, empujones, desgarros; es decir, fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la denunciante y obligarle a realizar actos de naturaleza sexual, integrando de este modo la violencia como elemento normativo del tipo de agresión sexual", refleja el veredicto.

"Fue violación con intimidación"

Todo lo contrario piensan las acusaciones, que insisten en que se produjo una agresión sexual continuada. A este respecto, el Gobierno de Navarra se muestra contundente. "Fue una violación, una agresión sexual con intimidación", señala su portavoz, María Solana, que incide en la "contradicción" que existe entre el relato de los hechos probados -el tribunal da credibilidad al relato de la víctima- y la decisión de considerar el delito como abuso sexual y no como agresión. El Ejecutivo foral trabaja ya en la presentación del recurso. Según defiende, la violación ya queda acreditada cuando el propio tribunal refleja en la sentencia el estado de "abatimiento, agobio, confusión o sumisión" en el que se encontraba la víctima o pone de manifiesto que la "superioridad" de los agresores les permitió actuar "sin la aquiescencia de la denunciante", que fue utilizada "como mero objeto para satisfacer sobre ella sus deseos sexuales".

La decisión de la Fiscalía implica ya de por sí que la acusación particular también acuda al TSJN. Ya antes de que se conociera la sentencia los abogados de la joven madrileña habían dejado constancia de que un hipotético recurso de la Fiscalía ante un veredicto que no colmara la expectativas les llevaría también a apelar el mismo. Nada más conocer el fallo, Miguel Ángel Morán, "decepcionado" por una decisión que "no esperaba", aseguró que iban a presentar recurso. Hoy, el otro letrado de la víctima, Carlos Bacaicoa, ha insistido en este posicionamiento, si bien ha asegurado que la decisión final estará en manos de la afectada.

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