El juez Llarena confirma en su auto que a Montoro le engañaron con las facturas

La batalla entre el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y Cristóbal Montoro llega a su fin. En el auto en que confirma el procesamiento de Carles Puigdemont y el resto de implicados en la causa sobre el 'procés', el magistrado ha querido zanjar la polémica suscitada a raíz de las declaraciones del titular del Ministerio de Hacienda sobre la financiación del referéndum del 1-O. Tras comprobar la documentación remitida, el juez concluye que a Montoro le engañaron con las facturas.

Llarena explica esta maniobra del Govern que entonces dirigía Carles Puigdemont y apunta que los documentos que suministraba la Generalitat al ministerio tenían un alcance "estrictamente presupuestario y contable". "Ese control no supone necesariamente que la realidad fáctica o material sea coincidente con la documentación presupuestaria y contable con la que se cuenta", dice en el auto.

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Aún va más allá e indica que la forma de 'disfrazar' determinadas facturas con conceptos que pasaron desapercibidos en Hacienda demuestra que, además de esa malversación que su investigación ha acreditado, el Gobierno regional incurrió en un fraude. Los datos de Montoro no solo no acreditan, en su opinión, que la investigación de este proceso se muestre errónea, sino que la propia fiscalización de las cuentas de la Generalitat detectó, "mucho antes de que se desatara la polémica", determinados marcadores que sugerían lo que él ahora sostiene.

También se refiere el juez a la presencia de la Abogacía del Estado en su causa, una de las principales contradicciones entre las palabras del ministro en la entrevista en que defendía que la Generalitat no gastó "ni un solo euro público" en la consulta. Dice que precisamente esos marcadores poco habituales llevaron a Hacienda a impulsar "que se realizara la indagación judicial que en este procedimiento se desarrolla". No solo personándose en la causa del alto tribunal, sino también promoviendo una investigación por parte del Tribunal de Cuentas.

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Además de estos controles administrativos, el ministerio ha venido formulando ante la Fiscalía General del Estado distintas denuncias precisamente para que se investigaran posibles responsabilidades penales de autoridades o funcionarios de la Generalitat de Cataluña en relación con las campañas promocionales del referéndum, además de la financiación a través del Diplocat de los gastos generados por los expertos internacionales contratados para el seguimiento del referéndum.

El magistrado dedica nada menos que 15 páginas a reflejar, una por una, las facturas que la Guardia Civil ha señalado como destinadas a gastos del 'procés'.cercanos a dos millones, y explica las líneas de investigación aún en marcha. Repasa, por ejemplo, la campaña que se desarrolló en abril de 2017 con el eslogan 'sí o no' sobre el mapa de Cataluña, en la que la Generalidad de Cataluña realizó contratos marco con sus suministradores habituales y está demostrado que se pagó en parte. Recuerda también la campaña publicitaria de las vías de tren en que se libraron de forma efectiva tres facturas por distintos importes.

También aclara Llarena que, pese a que hay cosas que llegaron a abonarse y otras no se pagaron, "realizada la contratación y cumplida la contraprestación por las adjudicatarias, surge la obligación de pago de la Generalidad de Cataluña y se genera el perjuicio patrimonial que se analiza". Esto sucede al margen de que el pago haya sido transitoriamente retenido y serán los investigados quienes tengan que afianzar su importe.

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Enumera otras de las pruebas reunidas en lo que se refiere a los costes relacionados con la publicidad del referéndum en los medios de comunicación públicos y se refiere a la distribución de documentación electoral, los sobres para remisión de cartas certificadas, los gastos de folletos de propaganda y cartelería que se buzonearon, así como los gastos derivados de la intervención de una pluralidad de observadores internacionales, en los que menciona los pagos en el extranjero a la sociedad neerlandesa The Hague Centre for Estrategic Studies y otros gastos del ente de exteriores del Govern.

Reproches a los acusados

Tras fijar su postura, el magistrado pasa a reprochar a los procesados que emplearan estas declaraciones del ministro en su defensa. Dice, por ejemplo, que Junqueras y otros acusados silenciaron parte de sus manifestaciones, ya que después de la famosa frase del "ni un solo euro", el ministro reconoció en la propia entrevista concedida a 'El Mundo' "la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada".

"La alegación de las defensas de que el procesamiento por este delito es injustificado, utilizando para ello una mención incompleta de las manifestaciones hechas por el ministro de Hacienda en una entrevista periodística, no desbarata los indicios que la investigación recoge", apunta.

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Describe cómo fue la respuesta del ministro. Este incluyó el contenido completo de la entrevista que —dice— ya fue esclarecedor. "Cuando se emplaza a Montoro a volver a prometer que ni un solo euro de los españoles ha ido a parar al 'procés' desde que Hacienda intervino la autonomía, responde que eso solo habría podido ocurrir por un delito de falsificación de un funcionario conchabado con algún proveedor de la causa”, expresando —ya de una forma directa el ministro— 'por eso hay una investigación judicial en marcha", explica.

También dice que en todo caso, y sin duda "por la prudente postura de un miembro del poder ejecutivo de no querer atribuir públicamente un delito a personas concretas", sin certeza de su existencia, apostilla el entrevistador que el ministro afirma que su experiencia hasta la fecha es la de una interventora general en Cataluña que responde semanalmente y con lujo de papeles a sus requerimientos. "Por una razón que nada tiene que ver con la lealtad constitucional: se arriesga a pena de cárcel si no lo hace. Y eso lo saben la interventora, el fisco y el fiscal", concluye la cita que reproduce.

El juez emplea una parte muy extensa de su auto en desmontar los efectos de las palabras del ministro, lo que evidencia la importancia que ha dado al asunto. Remitió, además, un escrito en el que resume estos argumentos al tribunal alemán de Schleswig-Holstein que tiene en sus manos la entrega de Puigdemont por rebelión y malversación.