El juez Llarena pide cuentas a Montoro y eleva la malversación a 1,9 millones

"Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". Esta frase del ministro de Hacienda en una entrevista concedida al periódico 'El Mundo' generó consecuencias que ni el propio Cristóbal Montoro podía prever en la causa en la que el juez Pablo Llarena investiga el 'procés'. Durante los últimos tres días, sus declaraciones se han convertido en la mejor defensa para los procesados por el delito de malversación, y el eco ha resonado hasta tal punto en el alto tribunal que ha provocado que el magistrado solicite de forma oficial aclaraciones al titular de la cartera ministerial. En plena guerra con el ministro, el juez ha recibido nuevos datos de la Guardia Civil, hasta ahora secretos, que elevan la cifra del dinero que destinó el Govern al 1-O a 1.915.067,22 millones de euros.

Fuentes del alto tribunal consultadas por El Confidencial precisan que el primer motivo que ha llevado al instructor a requerir aclaraciones ha venido del contenido de las declaraciones indagatorias que desde el lunes ha escuchado de los acusados. Nueve personas, todas ellas en prisión condicional y a las que se imputa ya en firme el uso fraudulento de dinero de las arcas públicas, se han escudado en el contenido de esta entrevista para tratar de desmontar la acusación. Junqueras fue el primero en abrir el melón y horas después de la publicación de las declaraciones aseguraba ante el juez: "No se ha dedicado ni un solo euro del presupuesto al 'procés"

La sombra del ministro irrumpió en estas comparecencias, en principio un mero trámite formal que sirve de culminación de la fase de investigación del sumario en que se da opción al procesado para defenderse antes de que se dicte el auto que cierra el sumario. Dejar que una interpretación de Montoro sea empleada como indicio firme de inocencia en este punto sería poco menos que irresponsable, apuntan algunos de los consultados.

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El Supremo no ha tomado, no obstante, la afirmación del ministro al pie de la letra. El juez reclama las aclaraciones en la creencia de que el responsable de Hacienda quiso referirse a que el ministerio que dirige no autorizó ningún pago vinculado a gastos para el referéndum del 1 de octubre desde que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos decidió cortar las vías de la financiación autonómica a Cataluña para que el Estado se hiciera cargo directamente de la mayor parte de los pagos. La decisión se tomó el 15 de septiembre, dos semanas antes de la consulta.

El hecho de que algunos de los pagos no llegaran a efectuarse no exime a los procesados del delito, advierte otra de las fuentes, que explica que la malversación del 'procés' reviste las características de una conducta continuada que arrancó hace meses y se prolongó en el tiempo. La Guardia Civil había detectado a finales de febrero al menos 1,6 millones destinados a la organización de la votación que se cargaron a distintas 'consellerias', con especial responsabilidad para la de Presidencia que dirigía Turull. Ahora acredita en un nuevo informe un gasto extra de más de 300.000 euros.

La amenaza de Alemania

A estos motivos se suma la tramitación de la euroorden contra Carles Puigdemont que tramita Alemania. A las dificultades que plantea una entrega por el delito de rebelión se ha sumado una petición adicional de datos para que los jueces de Schleswig-Holstein se pronuncien sobre la malversación. La defensa del 'expresident' ya ha avanzado que utilizará la opinión del ministro en apoyo a sus argumentos. "¿Cómo queda con esto España?", se dice una de las personas preguntadas.

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Otra de las interpretaciones es que la convicción del ministro viene provocada por la afirmación de otro de los jueces que investiga el destino de los fondos de la Generalitat, el titular del 13 de Barcelona, en uno de sus autos. El magistrado aseguró en una de sus resoluciones que "parte de los pagos" o incluso su totalidad fueron realizados a cargo de los créditos obtenidos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la línea de crédito creada por el Gobierno español en plena crisis económica para que el Estado prestara dinero a las comunidades autónomas.

También señalan estas fuentes que la afirmación de Montoro no concuerda con la personación en la causa del Supremo de la Abogacía del Estado. La presencia de los letrados estatales como parte fue ordenada por el propio Gobierno en respuesta al presunto menoscabo ideado desde el Gobierno autonómico de fondos públicos. Tras la providencia dictada por el juez, debe ser el propio ministro, y no Hacienda, quien conteste. Se le ha requerido a él personalmente y estos casos se realizan sin representación ni defensa del abogado del Estado, que representa al ministerio como parte procesal, no al ministro como persona física requerida.

Hacienda ha emitido un comunicado de prensa en repuesta a la orden del juez en el que valora positivamente el requerimiento del juzgado, ya que da la oportunidad a este departamento de aportar "todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado". Asegura que iniciaron diversos controles en el año 2015, y que los reforzó en julio de 2017 y aprobó la intervención del propio presupuesto de la Generalitat en septiembre de 2017, situación que se mantiene en la actualidad.