su entorno ha analizado posibles rutas

Puigdemont conoce todas las vías para llegar al Parlament y decidirá en el último instante

El 'expresident' no ha decidido si regresará para ser investido, pero maneja varias alternativas para tratar de plantarse en el Parlament sin ser detectado por las Fuerzas de Seguridad del Estado

Foto: Carles Puigdemont llama a Josep Turull durante la sesión en la que se estableció la Mesa del Parlament. (EFE)
Carles Puigdemont llama a Josep Turull durante la sesión en la que se estableció la Mesa del Parlament. (EFE)

Carles Puigdemont aún no ha decidido si regresará a España para tratar de ser elegido presidente del próximo Govern de Cataluña, pero ya tiene todas las opciones encima de la mesa. El líder de JxCAT está valorando las alternativas para cruzar la frontera y presentarse en el Parlament el día de la sesión de investidura sin ser interceptado por las Fuerzas de Seguridad del Estado, un nuevo golpe de efecto que devolvería la iniciativa al independentismo. El Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia trabajan seriamente con esa hipótesis.

Fuentes conocedoras de los movimientos de Puigdemont aseguran que su entorno se ha preocupado en las últimas semanas de analizar diferentes fórmulas para que el 'expresident' vuelva a Cataluña, evaluando el tiempo de desplazamiento, la infraestructura necesaria y los riesgos de detección que implica cada una de ellas. La información ha sido trasladada a Puigdemont, que elegirá en el último instante si finalmente abandona su escondite en Bruselas para continuar en la primera línea de la política catalana.

Puigdemont conoce todas las vías para llegar al Parlament y decidirá en el último instante

El abanico que baraja incluye desde cruzar a España oculto en un coche a bordear la frontera a bordo de un barco, aseguran las fuentes consultadas. También contempla acceder camuflado al Parlament el mismo día de la sesión de investidura. Sus únicas opciones de repetir al frente del Ejecutivo de la Generalitat y evitar el desgaste de un destierro casi perpetuo en Bélgica —el delito de rebelión prescribe a los 20 años— pasan por estar presente en la Cámara cuando se produzca el debate. El primero debe celebrarse antes del 31 de enero, pero pueden convocarse otros hasta el 2 de abril. Si ese día no hay 'president', el Parlament se disolverá y se celebrarán nuevas elecciones.

Los últimos acontecimientos alimentan el escenario de su vuelta. ERC condicionó inicialmente su apoyo a Puigdemont al resultado del dictamen de los letrados del Parlament sobre la vía de una investidura a distancia. Estos resolvieron el lunes que el reglamento no la contempla. Ni telemáticamente ni con otro diputado asumiendo por delegación el papel del candidato. Con todo, ERC mantiene su apoyo. Si no ha cambiado su postura de respeto a la legalidad, el respaldo solo se materializaría si Puigdemont aparece por sorpresa para defender en persona su programa de gobierno. Por lo pronto, ya ha jurado la Constitución y el Estatut “por imperativo legal” para conseguir su acta de diputado. Los mensajes que envía no son los de una retirada.

Las Fuerzas de Seguridad creen que improvisará una salida en función de cómo evolucionen los acontecimientos, igual que ha hecho hasta ahora. La intrahistoria de la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre revela que contempló hasta el último minuto la disolución de la Cámara para convocar autonómicas. Solo tres días después del acto solemne, se marchó en coche a Marsella para volar desde ahí hasta la capital belga. El próximo 30 de enero cumplirá 90 días en ese país y la legislación local le obliga a registrarse como residente para poder permanecer en su territorio.

El objetivo de Interior y de los servicios de inteligencia es detenerlo antes de que aparezca por sorpresa en el Parlament, una maniobra que se interpretaría en las filas del independentismo como otra burla al Estado de derecho, al igual que la compra de las urnas del referéndum ilegal del 1-O. Pero incluso si fuera arrestado antes de acceder al hemiciclo, Puigdemont podría participar en una sesión de investidura. Tendría la última palabra el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el 'procés', Pablo Llarena. No obstante, en el caso de Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, el magistrado ya ha rechazado que asistan al Parlament y solo les permite delegar el voto.

La decisión de Puigdemont también está condicionada por la amenaza de una larga condena. Como reveló este diario, en los días previos a la declaración de la DUI, el expresidente optó por abandonar su residencia en Sant Julià de Ramis (Girona) para instalarse en la vivienda oficial del jefe del Ejecutivo catalán, la Casa dels Canonges, un edificio contiguo al Palau. También ordenó que los Mossos reforzaran su escolta con agentes de la unidad de élite del cuerpo, el Grupo Especial de Intervención (GEI), entrenados para actuar en operaciones de alto riesgo. Se encargaron de realizar labores de contravigilancia porque el dirigente del PdeCAT se sentía espiado. Tenía miedo a ser detenido por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y se fugó a Bruselas sin avisar a sus compañeros de partido.

El pánico a una actuación de las Fuerzas de Seguridad ya provocó que los Mossos montaran un despliegue sin precedentes en torno al Parlament los días de la DUI frustrada (el 10 de octubre) y la definitiva. Los mandos de la policía autonómica recurrieron incluso a funcionarios de su cuartel general que habitualmente desarrollan labores de oficina para transmitir mayor sensación de fortaleza. Les repartieron monos negros parecidos a los que usan los antidisturbios de su Brigada Móvil, también llamados 'brimos', y los trasladaron en autobuses hasta el parc de la Ciutadella para que protegieran el perímetro de la Cámara. En tono jocoso, esos antidisturbios falsos recibieron dentro del cuerpo el apodo de 'bromis'.

Si Puigdemont consigue llegar al Parlament, tendría vía libre para salir investido. Ya no cuenta con el respaldo de los Mossos, controlados por Interior desde la aplicación del artículo 155. Pero su arresto dentro de la Cámara tendría un valor simbólico impagable que volvería a centrar la atención de la comunidad internacional. Su arresto debería producirse después, una vez proclamado 'president'. El Gobierno quiere evitar otro 1-O.

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