El Gobierno, optimista ante la "normalidad" y el respeto a la ley del nuevo Parlament

El Gobierno ha tomado nota de la “cierta normalidad” con que se ha constituido la nueva Cámara autonómica catalana, sin violación alguna de la ley, y sostiene que si los independentistas no se han atrevido a contar con los votos de Puigdemont y los otros cuatro fugados es para evitar el recurso automático del Ejecutivo al Tribunal Constitucional. Fuentes de La Moncloa dicen que seguirán vigilantes ante los próximos pasos que pueda dar el presidente del Parlamento, el republicano Roger Torrent, aunque admiten que el tono de su discurso de toma de posesión no parece anunciar la reincidencia en un golpe institucional como el tramitado en la anterior legislatura por Carme Forcadell.

En el Ejecutivo se basan en la interpretación del reglamento que han hecho los letrados de la propia Cámara catalana, y que ERC dice que acatará, para mostrarse esperanzados de que los secesionistas no intenten forzar una investidura de Carles Puigdemont por vía telemática, con plasma o por poderes. En el primer paso jurídico que los secesionistas den en ese sentido, el Consejo de Ministros pondrá en marcha el consiguiente recurso de inconstitucionalidad para parar el pleno, la votación de investidura o la toma de posesión del expresidente de la Generalitat.

El reglamento del Parlament establece que el aspirante a la investidura tiene que defender sus opciones “desde la tribuna o el escaño”, motivo por el que el Gobierno sigue convencido de que no cabe suerte alguna de solución ‘imaginativa’ para que Puigdemont pueda volver al cargo sin pasar por la Cámara autonómica en persona.

Otro motivo de cierto optimismo reconocido por fuentes del Ejecutivo es el hecho de que Torrent ya sabe por los antecedentes de Forcadell, en libertad provisional, lo que se juega si vulnera la ley y las advertencias previas del Tribunal Constitucional.

Las mismas fuentes apuntaron que aunque la Mesa de Edad del Parlamento autonómico acordara admitir el voto por delegación de los diputados que están en la cárcel, esa decisión no sienta precedente ni vincula a la Mesa ya constituida. En el futuro, los parlamentarios tendrán que seguir pidiendo permiso al juez y la Cámara deberá fijar su posición en cada caso.

De todos modos, si la mayoría independentista decide en cualquier momento que también pueden votar por delegación los diputados prófugos de la Justicia, recurrirá inmediatamente al TC.