Puigdemont se desentiende de Mas y del caso Palau: “Jamás fue dirigente de CDC”

Como quien oye llover. El PDeCAT, heredero de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se sacude de encima las responsabilidades políticas de la sentencia que condena a su antecesora por corrupción en el caso del Palau de la Música y mira hacia otro lado, como si la cosa no fuera con él. Ni la actual cúpula del PDeCAT ni el candidato a ‘president’ Carles Puigdemont darán un paso en el sentido de asumir responsabilidades o admitir alguna culpa: consideran que no formaron parte de la dirección de Convergència (lo cual es cierto) y, por tanto, no deben dar explicaciones.

La sentencia obliga al partido que fundara Jordi Pujol en los años setenta del pasado siglo a pagar casi 6,7 millones de euros por haber desviado fondos a través del Palau de la Música. La operativa era sencilla: los dirigentes de Convergència exigían a la empresa Ferrovial un 4% de sus adjudicaciones de obra pública en concepto de mordida. Ese 4%, claro, era dinero público, con el que se inflaban los contratos para que el partido se beneficiase. Una práctica que no se circunscribía a esta empresa, sino a un buen puñado de constructoras que están siendo todavía investigadas. Además, el extesorero del partido Daniel Osàcar ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión y 3,8 millones de multa.

Lo que se ha juzgado hasta ahora es solo una de las ramificaciones de la financiación ilegal de Convergència. Pero sus herederos ya se han apresurado a desvincularse del tema, a pesar de que las relaciones con CDC son más que evidentes y que el presidente de Convergència lo ha sido también del PDeCAT hasta esta misma semana: Artur Mas. Es más: la sede del PDeCAT fue comprada con el dinero de la venta de la sede de Convergència.

En una nota oficial, el PDeCAT dice que la sentencia del caso Palau “tiene que ver con CDC, una formación política que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas de un caso que es anterior al año 2010”. Ello no es del todo cierto: la Fundación Trias Fargas (luego llamada CatDem), la oficial del partido, acordó devolver 630.000 euros que recibió del Palau de la Música mediante un convenio que había hecho con esta institución. Fue una devolución en cómodos plazos anuales, pero no hubo dimisiones ni responsabilidades de cargos políticos, si exceptuamos el relevo (normal) del tesorero ahora condenado, Daniel Osàcar, que fue sustituido por Andreu Viloca (luego, ambos serían detenidos por su implicación en otra de las ramas de la financiación ilegal de CDC, la conocida como caso 3% que investiga el juez Josep Bosch, de un juzgado de El Vendrell). El resto del dinero distraído, prácticamente 6,7 millones de euros, llegó a la fundación de CDC y, por tanto, al partido, a través de diversas vías. Ese dinero es el que se reclama en la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

CDC liquidará las deudas

Pero de ahí a que el PDeCAT o Carles Puigdemont puedan asumir alguna responsabilidad va un universo. Fuentes cercanas a esta formación señalan a El Confidencial que “el PDeCAT no asumirá ninguna responsabilidad porque es un partido que ha nacido el año pasado y los hechos que se han juzgado son anteriores a 2009. Además, ni sus responsables ni Carles Puigdemont formaban parte de la dirección de Convergència que supuestamente cometió esos hechos. Jamás tuvo nada que ver con todo esto que se ha juzgado. ¿Qué responsabilidades han de asumir si no hay nadie de aquella época en activo?”. Objetivamente, el argumento es impoluto, puesto que Puigdemont era entonces un simple diputado en el Parlament y concejal en Girona, y Marta Pascal, la coordinadora general, ni siquiera estaba afiliada a las Juventudes de CDC cuando se produjeron muchos de los hechos juzgados: se afilió a la JNC en 2006 y en 2008 fue contratada como jefa de área en la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Vic, cargo donde estuvo hasta 2011.

Opinión

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Las fuentes subrayan que “los líderes de la formación ya no están. Artur Mas ya no es presidente del PDeCAT y ni siquiera es diputado. Y Germà Gordó, que había sido responsable de finanzas, tampoco está. Por tanto, lo que hay ahora es una batalla política en la que cada uno dice lo que le interesa”. Asimismo, afirman que “CDC hizo lo que ningún otro partido: desapareció y creó un nuevo partido con dirigentes que nada tenían que ver con la anterior etapa. Solo quedó Artur Mas como presidente honorífico para realizar el traspaso”.

Aseguran estas fuentes que Convergència, no obstante, asumirá todas las responsabilidades económicas que haga falta. “Por eso no ha desaparecido jurídicamente como entidad. Ya no es un partido político, pero sí que está para liquidar las deudas. En cierta manera, ya hay una cobertura económica de la deuda, que está avalada con su patrimonio. Y se liquidará todo correctamente”.

Otra cosa es que luego la sentencia sea recurrida. En ello están los abogados de la formación: pensando en acudir al Supremo porque desde el partido se considera que las acusaciones realizadas tanto a CDC como a su extesorero Daniel Osàcar son poco sólidas. “Además, se inventan un delito de tráfico de influencias en cascada que no se puede admitir. Desde luego, acatamos la sentencia, aunque no estamos de acuerdo con ella ni con su fondo y por eso recurriremos al Supremo”.

Críticas de la oposición

La oposición, no obstante, se ha llevado las manos a la cabeza y exige que el PDeCAT y Puigdemont muevan ficha. Uno de los más beligerantes fue Xavier Domènech, líder de Catalunya en Comú-Podem, que alertó de que en Cataluña ha habido “corrupción sistemática” y calificó el caso Palau como “la Gürtel de CDC”. Y dijo en voz alta lo que muchos piensan: “Viendo la sentencia, pensamos que Artur Mas dimitió hace pocos días [como presidente del PDeCAT] para evitar dar respuesta pública a una sentencia que afecta al PDeCAT”. A continuación, el líder de los comunes propuso un Acuerdo Nacional por una Cataluña Libre de Corrupción para la próxima legislatura. Es un compendio de buenas intenciones: proteger a las personas que denuncian casos de corrupción en su vertiente personal, profesional y de asistencia jurídica; prohibición de que las empresas que operen o tengan filiales en paraísos fiscales puedan contratar con la Administración pública; obligar por ley a la Generalitat a acusar en los casos de corrupción en que se vean perjudicados recursos públicos o patrimonio; impedir las puertas giratorias; más control sobre partidos y sus fundaciones o asociaciones, y dotar de más recursos a la Oficina Antifraude.

Muy dura fue también Carina Mejías, portavoz municipal de Ciudadanos, que afirmó que con la sentencia “se constata que CDC era una organización delictiva cuyo objetivo era saquear a los catalanes en beneficio de determinadas personas”, mientras que Salvador Illa, secretario de Organización del PSC, reclamó que Artur Mas y Carles Puigdemont “den explicaciones y no escondan la cabeza bajo el ala". Santi Rodríguez, secretario general del PP, fue meridianamente claro al subrayar que “el 3% deja de ser un mito y pasa a ser una realidad constatada judicialmente".

Más sutiles han sido los socios de Convergència, Esquerra Republicana (ERC). Su portavoz, Sergi Sabrià, señaló que “no se trata solo de deplorar la corrupción, sino de actuar de manera preventiva en todos los casos. Pero cuando estos se producen y se demuestran, como ha sido el caso, todo el peso de la justicia ha de caer sobre sus responsables, sin excepciones”.