La 'gracia' de Pedro Calvo al juez: "¿Puedo beber agua? ¿O aquí no llega el Canal...?"

El exconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Pedro Calvo, presidente del Canal de Isabel II en la etapa en que la empresa pública adquirió Inassa, ha protagonizado este miércoles en la Audiencia Nacional, durante su declaración como imputado ante el juez del caso Lezo, un episodio poco habitual en comparecencias judiciales. En un momento de su interrogatorio —de casi dos horas— ante el magistrado Manuel García Castellón y la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, ha pedido agua y cuando se le ha informado de que era complicado facilitársela ha respondido: "¿Qué pasa, que aquí no llega el Canal?".

Calvo rubricaba con esta chanza una declaración en la que ha evidenciado su inquina hacia el cabecilla de la trama, Ignacio González, y su lealtad al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. Como presidente del Canal en el año 2001, la Fiscalía le considera uno de los principales responsables de la operación de compra de la empresa colombiana Inassa a un precio sobredimensionado. La adquisición centra una nueva ronda de interrogatorios abierta esta semana y que se prolongará durante varios días.

TE PUEDE INTERESAR

Así empezó el 'chollo' del Canal de Isabel II: Gallardón pagó 83M por lo que costó 8

David Fernández

Ha explicado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que no hubo irregularidad alguna en la compra. Además, ha apuntado junto a tres exconsejeros que también han declarado como imputados al entonces gerente, Arturo Canalda. Todos ellos han asegurado que desconocían que la compra se efectuó a través de una empresa pantalla ubicada en Panamá y han defendido que confiaron en todo momento en los informes técnicos que les facilitó el equipo económico liderado por el dimitido presidente de la Cámara de Cuentas.

Según fuentes jurídicas presentes en las declaraciones, Calvo y los exconsejeros José Antonio Llanos, Roberto Molero y Andrés Muñoz han contestado a todas las preguntas que se les han formulado, indicando que en la reunión del 14 de noviembre de 2001 en que dieron el visto bueno a la adquisición de Inassa se les facilitó información muy general y poco exhaustiva del proyecto. La recibieron esa misma mañana, según las versiones ofrecidas.

Así, han indicado que en este tipo de procedimientos se les facilitaban los dosieres 24-48 horas antes de la reunión, y que en la sesión específica de Inassa, tanto Canalda como el entonces director Económico y de Desarrollo Comercial, José Antonio de Cachavera, también informaron en persona a los consejeros del Canal. A su parecer, las explicaciones que les dieron les resultaron convincentes, sin que ellos tuvieran forma de comprobar que la operación proyectada pudiera incurrir en ilegalidades, como apunta la Fiscalía Anticorrupción. Sobre todo, han dicho las fuentes consultadas, los exconsejeros tenían plena confianza en Cachavera, ya que era un empleado del Canal.

TE PUEDE INTERESAR

Un arrepentido traiciona a la trama y revela bienes ocultos de exdirectivos del Canal

David Fernández José María Olmo

El papel de Gallardón

Ana Cuenca les ha preguntado a todos los investigados por el grado de participación que pudo tener el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en la operativa, y los exconsejeros han respondido que lo desconocían y que para ello tendría que preguntárselo directamente a él. Así, el exconsejero madrileño Pedro Calvo, que ha sido el primero en declarar, ha dicho que Gallardón les daba autonomía de decisión en este tipo de cuestiones. De hecho, ha precisado que si Gallardón hubiera tenido el conocimiento del que disponían los miembros del consejo, hubiera rubricado la operativa que supuso un desembolso para el Canal de 73 millones de dólares en 2001. Según ha explicado, la filial del Canal en Colombia tiene un valor en la actualidad de 200 millones de euros.

La fiscal anticorrupción ha centrado, además, su atención en el aval bancario obtenido para respaldar la operación y que se reclamó un día antes de la primera de las reuniones del consejo referentes a esta cuestión, la celebrada el 8 de noviembre. El tono de las preguntas formuladas durante las declaraciones apunta a que sospecha que venía orquestada de antemano y se daba por hecho que obtendría el aval de los órgano fiscalizadores.