implicaría a ignacio gonzález en el cobro de mordidas

Un arrepentido traiciona a la trama y revela bienes ocultos de exdirectivos del Canal

Diego García Arias, exgerente de Inassa e imputado, ha empezado a colaborar con la Fiscalía colombiana ofreciendo datos de empresas, cuentas y propiedades vinculadas al desfalco del Canal

Foto: Ignacio González a su salida de prisión
Ignacio González a su salida de prisión

Un exdirectivo de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Suramérica, ha decidido tirar de la manta y colaborar con la Fiscalía colombiana, y por ende, con la Fiscalía española, revelando el nombre de varias empresas, testaferros y cuentas bancarias que ocultarían parte de los fondos presuntamente obtenidos de forma ilícita por otros exdirectivos del Canal implicados en el caso Lezo. El dinero desviado del saqueo de la mayor empresa pública de Madrid estaría así oculto en varios países al otro lado del Atlántico y también europeos. El arrepentido, también imputado en la causa, es el colombiano Diego García Arias, quien fue durante cinco años gerente de Expansión y Nuevos Negocios de Inassa.

García Arias fue detenido el pasado 24 de agosto en el aeropuerto El Dorado de Bogotá (Colombia). Desde entonces está en prisión preventiva en la cárcel La Picota, también en Bogotá. Mientras las autoridades colombianas estudian su extradición a España (la petición llegó el pasado 3 de octubre), García Arias ha decidido empezar a colaborar con la Fiscalía de su país (que tiene un acuerdo de colaboración con la española) y revelar el destino de los fondos presuntamente detraídos de las arcas del Canal.

Aunque el proceso de extradición aún puede durar un año, señalan fuentes jurídicas, García Arias ha decidido colaborar con la justicia. El exgerente de Inassa ha tenido varias reuniones con la Unidad Anticorrupción y en al menos dos de esos encuentros ofreció datos de empresas, cuentas, nombres de testaferros y propiedades inmobiliarias vinculadas a varios de sus excompañeros, como su jefe en Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino. García Arias también ha ofrecido datos sobre su patrimonio, que se ha incrementado notablemente en estos cinco años. Como adelantó este viernes la Cadena Ser, los investigadores también tendrían información sobre cuentas vinculadas al expresidente madrileño Ignacio González por valor de 4,6 millones de euros, lo que su abogado ha negado tajantemente.

Fuentes jurídicas colombianas han explicado a El Confidencial que toda la información aportada por García Arias está relacionada con varios de los imputados y con personas que aún no lo están, aunque ese círculo de implicados es muy cerrado. El dinero localizado ascendería a los cuatro millones de euros, sin contar las propiedades inmobiliarias. No hay que olvidar que en esta pieza del caso están investigados, entre otros, la argentina María Fernanda Richmond (ex directora financiera del Canal) y Francisco Javier Domínguez Anaya (exgerente de Inassa Panamá). Los investigadores ya localizaron el pasado 8 de junio 262.000 euros ocultos en un apartamento propiedad de Rodríguez Sobrino en la ciudad de Barranquilla (Colombia), .

Diego García Arias, con un círculo. A su derecha, Edmundo Rodríguez Sobrino. Foto: En Blanco y Negro
Diego García Arias, con un círculo. A su derecha, Edmundo Rodríguez Sobrino. Foto: En Blanco y Negro

Aunque es un gran desconocido para la opinión pública, García Arias es uno de los principales investigados en el caso. Su papel es clave, ya que las autoridades colombianas saben que tiene mucha información sobre los sobornos que pudieron recibir cargos públicos de Suramérica por adjudicar contratos a las filiales del Canal. También sobre el presunto desvío de fondos públicos en grandes operaciones de compra realizadas por el Canal al otro lado del Atlántico, como la de la brasileña Emissao, uno de los ejes del caso. Como ya adelantó El Confidencial, directivos de Inassa utilizaron el efectivo de la tesorería de la compañía para pagar mordidas a políticos sudamericanos.

Dinero en bolsas o maletas

El pago de los sobornos se hacía cogiendo dinero depositado en cajas fuertes de Inassa. Se metía en bolsas o maletas y a veces el directivo que se lo llevaba iba escoltado por el personal de seguridad contratado por Inassa, en muchos casos exmilitares colombianos. Este sistema tan directo y tan evidente motivó las quejas de algunos cargos de la compañía, que avisaron a Edmundo Rodríguez de lo irregular de estos pagos y de lo peligrosos que eran. Las quejas cayeron en saco roto.

Su papel es clave, ya que tiene mucha información sobre los sobornos que pudieron recibir cargos públicos de Suramérica


García Arias, por su parte, es hijo de un funcionario de la Triple A de Barranquilla (la empresa más importante del 'holding' que dependía de Inassa), gracias a lo cual empezó a trabajar en Metroagua (otra sociedad del grupo). Un hermano también trabajó en otra firma de Inassa, Recaudos y Tributos, "aunque fue despedido por malas prácticas", explican las mismas fuentes. García Arias también fue despedido tras su implicación en el caso el pasado 24 de abril.

El círculo se va estrechando. Los investigadores saben que Inassa realizó inversiones en Colombia, República Dominicana, Brasil, Ecuador, México, Panamá, Venezuela, Perú y colateralmente Haití. En algunos de esos países ya se trabaja con fuertes indicios de que Inassa pagó comisiones a políticos a cambio de adjudicaciones públicas. Según el último auto de la Audiencia Nacional que decretó la libertad bajo fianza de Ignacio González, "existen indicios de la realización de hechos delictivos en paises que albergan la sede de las filiales de la sociedad Inassa, como Brasil, Panamá, República Dominicana o Colombia".

El juez instructor del caso señala que "la estructura societaria creada por la organización indiciariamente oculta en terceros paises, como Suiza, Luxemburgo, Licchtenstein o Reino Unido, el dinero público desviado. Los elementos probatorios que se están recabando evidencian que el reparto de papeles entre los miembros de la organización facilita el retorno del capital oculto bajo la instrumentalización de préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal".

Las pesquisas también se centran en la Triple A de Barranquilla, la 'joya de la corona' de Inassa, la filial que más factura. De momento, la Procuraduría General de Colombia (similar a la Fiscalía, pero que persigue a los funcionarios públicos) ha ordenado a la Triple A que suspenda el contrato de asesoría técnica que mantiene con Inassa, ante las evidencias que maneja de posibles delitos cometidos.

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