Villarejo y los 40 funcionarios corruptos: las primeras horas del comisario en prisión

El comisario jubilado José Manuel Villarejo y el que fuera máximo responsable policial del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, han pasado su primera noche en prisión. Ambos aterrizaron en el centro penitenciario de Estremera (Madrid) ayer, poco después de la una de la madrugada, tras pasar dos noches en los calabozos. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó su ingreso preventivo en la cárcel tras autorizar su detención el pasado viernes en el marco de la operación Tándem, que investiga la Fiscalía Anticorrupción, pocas horas antes de decretar la busca y captura del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

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Tras pasar las correspondientes entrevistas con los especialistas médicos y psicológicos del centro, tanto Villarejo como Salamanca fueron derivados a sus respectivas celdas, ubicadas en el módulo reservado en exclusiva para policías y guardias civiles con que cuenta la instalación de Estremera. La dependencia acoge a 40 funcionarios que han sido encarcelados por haber sido 'cazados' cometiendo algún delito. En concreto, según fuentes penitenciarias, entre el grueso de agentes encerrados predominan los internos condenados por violencia de género y narcotráfico, que son los dos ilícitos penales predominantes en el centro.

Las mismas fuentes explican que Villarejo se encontraba visiblemente deteriorado, aunque lo atribuyen al delicado estado de salud que sufre el que ha sido el comisario más poderoso de la democracia y a las dos noches sin apenas dormir que pasó antes de depositar la maleta en la que será su próxima casa hasta nuevo aviso de la Audiencia Nacional. Tras ser examinado por el personal médico, de hecho, fue enviado a su celda.

Tanto Villarejo como Salamanca pasaron ayer su primer día conversando con el resto de reclusos, sin apenas leer ni ver la televisión. Durante el tiempo que pasen entre rejas, no tendrán ningún contacto con presos comunes. Tampoco con el exvicepresidente del Gobierno Catalán Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros encerrados también por Lamela en la misma prisión. Estos últimos se encuentran en un módulo penitenciario distinto y no coinciden ni en lugar ni en actividades con los asignados a la instalación reservada a funcionarios.

Ni siquiera en el patio, ni cuando van al médico de la prisión o acuden a recibir a la gente que los visita desde el exterior. En todo momento, los funcionarios de prisiones cuidan que los policías o guardias civiles encerrados no se crucen con el resto de reclusos, que están situados en otros módulos, que tienen sus horarios y su organización independiente. En la instalación que alberga a Villarejo y a Salamanca, hay sala de lectura, gimnasio, taller, escuela, comedor y televisión como en la práctica totalidad de los centros penitenciarios de España, pero tampoco allí coinciden con el resto de presos comunes.

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En este sentido, los dos policías se encuentran absolutamente aislados de la realidad penitenciaria. Ambos permanecerán en prisión provisional hasta que decida la jueza Lamela, que mandó a los dos a la cárcel y dejó en libertad al resto de componentes de la supuesta trama. La Fiscalía acusa a todos ellos de haber incurrido en los delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en el marco de la operación que instruye la Audiencia Nacional, que los investiga por "reintroducir en España y otros países de la Unión Europea fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios", según sostiene el ministerio público.

La investigación, que comenzó hace un año, tras conocerse el entramado de empresas que regentaba el comisario Villarejo, considera que los dos responsables policiales, "prevaliéndose de las funciones propias de sus respectivos cargos, especialmente sensibles para la seguridad nacional, habrían recibido elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español".