La doctora Pinto teme que Villarejo acceda a charlas 'íntimas' y datos de sus pacientes

La doctora Elisa Pinto está preocupada por los datos personales de sus pacientes y por las conversaciones que mantuvo con ellos. Entiende que esta información confidencial y protegida expresamente por la ley podría pasar a estar en manos del comisario José Villarejo, que podría acceder a su ordenador profesional así como a una copia de las llamadas telefónicas que la dermatóloga realizó entre junio y septiembre de 2014, cuando la Guardia Civil pinchó su terminal a petición de la propia Pinto, que lo solicitó para que los agentes identificaran a quienes la amenazaban.

El policía, que se encuentra imputado en el Juzgado 39 después de que la doctora le señalara como la persona que la apuñaló, pidió el acceso al ordenador, que tenía una copia de seguridad depositada ante notario con el fin de preservar su autenticidad, además de comprobar la veracidad de los audios y fotos que fueron peritados al inicio del procedimiento. La defensa letrada de Pinto, sin embargo, entiende que existe la posibilidad de que el funcionario se haya descargado la totalidad del contenido, no solo los mencionados archivos.

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Por eso, la dermatóloga ha interpuesto un recurso en el que se muestra contraria a que el comisario se baje todos los archivos del ordenador y pide que se limite estrictamente a los que sean imprescindibles para realizar la diligencia que le ha permitido la titular del Juzgado 39, Belén Sánchez, que se limitaba a la comprobación de los audios y fotos ya peritados. Pinto reclama que se mantenga una rigurosa confidencialidad sobre el resto de datos que contiene el ordenador, dado que muchos de ellos afectan a personas totalmente ajenas al procedimiento, como por otra parte exige la ley.

Entre la información ajena a la causa, asegura la defensa de la dermatóloga en el citado recurso, se encuentran los historiales clínicos de miles de pacientes suyos, sus dolencias y sus intervenciones, datos enormemente sensibles, dado además el tipo de personas que trata la doctora, reconocida profesional en el sector de la 'jet' madrileña. De ahí que Pinto haya exigido a la jueza que el volcado del dispositivo se lleve a cabo en sede judicial y en presencia de los peritos de la defensa. Lo que no sea relevante para la causa, añade el recurso, deberá quedar fuera del poder de Villarejo.

En el mismo escrito presentado por la defensa de la dermatóloga, además, esta se queja de que, durante unas recientes declaraciones ante el juzgado, el abogado de Villarejo puso un audio de una conversación mantenida por Pinto en 2014, justo cuando la doctora solicitó que le pinchara el teléfono la Guardia Civil para tratar de localizar a la persona que la estaba amenazando a través de llamadas y mensajes. El audio, según la defensa de la víctima, pone en evidencia que los investigadores no llevaron a cabo criba alguna, como exige la ley, para separar las conversaciones privadas de las que sirven para las diligencias, ya que trataba asuntos personales.

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De ahí que sospechen, en línea con lo que ocurre con el ordenador, que Villarejo haya podido acceder a todas las conversaciones que la dermatóloga mantuvo durante los cuatro meses que estuvo su terminal intervenido. Habría podido escuchar, por lo tanto, según el mencionado recurso, conversaciones entre Pinto y sus pacientes que nada tienen que ver con el caso del presunto acoso del empresario Javier López Madrid a la doctora ni con el supuesto apuñalamiento por Villarejo, que son los asuntos que se tratan en el Juzgado 39. La denunciante argumenta que en esas conversaciones grabadas se puede identificar a sus pacientes con nombres y apellidos, se habla de sus dolencias y de otros asuntos personales; también hay charlas entre ella y sus abogados; o entre ella y terceras personas que abordan distintos aspectos de su intimidad.

No hacer una criba tanto en el ordenador como en el dispositivo que guarda las llamadas telefónicas puede suponer una vulneración de la dignidad y de la imagen de la doctora, así como de la gente que habla con ella o a la que ella trata, denuncia la defensa de Pinto, que exige al juzgado que excluya el cedé (que contiene las conversaciones intervenidas) del procedimiento y que solicite a las partes que devuelvan todas las copias con el fin de que quede bajo custodia de la administración de Justicia. Asimismo, Pinto reclama que se eliminen definitivamente todas aquellas conversaciones ajenas al caso que afecten a la vida íntima de las personas.