CON EL RECHAZO DEL PP Y ERC Y LA ABSTENCIÓN DE CIUDADANOS

La alianza de PSOE, Podemos y PDeCAT logra declarar nula la condena a Companys

El pleno de la Cámara declara nulos de pleno derecho el consejo de guerra y la sentencia a muerte del presidente de la Generalitat. Fue una de las iniciativas pactadas con el PSC en julio

Foto: La socialista Meritxell Batet (c), junto con los diputados de Unidos Podemos Ione Belarra y Xavi Domènech, el pasado 11 de julio en el Congreso. (EFE)
La socialista Meritxell Batet (c), junto con los diputados de Unidos Podemos Ione Belarra y Xavi Domènech, el pasado 11 de julio en el Congreso. (EFE)

El PSOE quería lanzar un gesto hacia Cataluña en un momento de máxima tensión. Y hacerlo con Lluís Companys, el presidente de la Generalitat capturado, juzgado sumariamente y fusilado por la dictadura franquista en 1940. Se trataba de que el Congreso declarase la nulidad de su condena de muerte. Lo logró. El pleno de la Cámara apoyó la moción socialista, aunque con el voto en contra del PP y de ERC y la abstención de Ciudadanos.

El texto de la proposición no de ley del PSOE, de enorme valor simbólico, es fruto del consenso que trabó el pasado julio con la dirección del PSC, cuando ambas direcciones pactaron la 'Declaración de Barcelona', la hoja de ruta de los socialistas para afrontar el desafío secesionista del 1-O y abrir las vías de diálogo con Cataluña, en las que tanto han insistido Pedro Sánchez —incluido este mismo martes, de jornada de trabajo en Barcelona— y sus lugartenientes. En aquel momento el secretario general presentó la moción sobre Companys que más tarde se registraría en la Cámara. La cúpula quiso llevarla al hemiciclo justo este 12 de septiembre, en el primer pleno de este periodo de sesiones y el que sigue a la celebración de la masiva Diada.

La iniciativa socialista [aquí en PDF] declara que la sentencia dictada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona el 13 de diciembre de 1939 y por el consejo de guerra de oficiales generales del 14 de octubre de 1940 contra el republicano Lluís Companys son "ilegítimas, radicalmente nulas e injustas, y carecen absolutamente de eficacia y validez".

Sánchez consuma un giro de la posición mantenida desde 2007: el PSOE pide ahora la "nulidad", no solo la "ilegitimidad", de las sentencias franquistas

Además, el texto reitera la "ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Orden Público, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa". Y también subraya la ilegitimidad de "las condenas y sanciones dictadas por estos y cualesquiera otros tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución, condenas todas ellas también radicalmente nulas e injustas, y carentes absolutamente de eficacia y validez".

Con el añadido pactado con Unidos Podemos

El cambio en la postura socialista es muy significativo. Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que, en 2007, y tras complicadas negociaciones con la izquierda parlamentaria, impulsó la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. Con ella, se declaraba la "ilegitimidad", que no nulidad, de los tribunales y las sentencias franquistas. Y esa había sido la posición defendida por el PSOE hasta incluso el pasado 8 de marzo, cuando a propuesta de ERC y de Unidos Podemos se discutió en la Comisión Constitucional la "justa reparación" de Companys y de todas las víctimas de la dictadura. Los socialistas se opusieron porque se atenían a la letra de la ley de 2007 y porque interpretaban, como entonces defendió el diputado por Málaga José Andrés Torres Mora, que los republicanos y los morados, que lo que pretendían era poner en cuestión la Transición y considerar la actual democracia como "heredera política" del franquismo, "deshonrarla" en lugar de "honrar" a Companys. Sánchez, sin embargo, concurrió a las primarias, en aquel momento en marcha, con la promesa de abrir el melón de la memoria histórica.

El PSOE reconoce que la Ley de Memoria Histórica se quedó corta para las víctimas y las asociaciones. La izquierda cree que su moción es "insuficiente"

El giro impulsado por el secretario general se hacía sentir en la proposición no de ley defendida este martes en la Cámara Baja, que sufrió una pequeña modificación a resultas de una enmienda transaccional firmada con Unidos Podemos. En concreto, se añade que el Congreso "reconoce la honorabilidad de todas las víctimas de la represión franquista, como acto de reparación del dolor que sufrieron y de las injusticias de que fueron objeto, así como de restitución de su memoria y de la dignidad democrática de todos". El texto final fue apoyado por PSOE, Unidos Podemos, el PDeCAT, el PNV, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias y rechazado, por razones opuestas, por PP y ERC, aparte de UPN y Foro. Pero fue la abstención de Ciudadanos lo que hizo posible que la proposición saliera adelante. En total, recabó 168 votos a favor, 141 en contra y 32 abstenciones (las de la formación de Albert Rivera y Bildu).

La diputada Meritxell Batet, secretaria general adjunta del Grupo Socialista y líder de los parlamentarios del PSC en Madrid, admitió que la ilegitimidad de los tribunales y las sentencias franquistas que declaraba la ley de 2007 se quedó corta, que no fue "suficiente para reparar la herida" de las víctimas. Subrayó que aunque la Fiscalía General del Estado apuntaba que la ilegitimidad conllevaba la "nulidad de pleno derecho", parte de la sociedad española, las víctimas y las asociaciones memorialistas llevaban reclamando la nulidad de los fallos de la dictadura. "Reconozcamos esta realidad y démosle respuesta, sin rencor, sin odios pero sin olvidos", enfatizó Batet.

Lluís Companys (c) y el Govern, en la cárcel tras los sucesos de 1934.
Lluís Companys (c) y el Govern, en la cárcel tras los sucesos de 1934.


Incluso entre los grupos que apoyaron al PSOE la queja principal era esta: que la propuesta era "insuficiente" y tenía que ir más allá. Para empezar, porque no deja de ser una proposición no de ley, con valor puramente simbólico, pero que no tiene consecuencias jurídicas ni obliga al Gobierno a nada. Desde Unidos Podemos, el catalán Xavi Domènech aplaudió que los socialistas asuman la "nulidad radical" de la condena a Companys, "y no es poco". "Pero no nos valdrá con este paso. Si hay coherencia, no nos vale con esto. Se comprobará cuando presenten la nulidad de todas las sentencias del franquismo". El portavoz de En Comú Podem remarcó que con el debate de esta moción tenía "sensaciones encontradas", porque hace apenas seis meses los mismos socialistas rechazan el texto de ERC y ahora piden lo mismo en "plena crisis de relaciones entre Cataluña y el Estado español". "Si quieren hacer algo por Lluís Companys, escuchen con anhelo al pueblo catalán", sostuvo, aludiendo a la reclamación de un referéndum pactado, al que el PSOE se opone.

Buena acogida de convergentes y PNV

El PDeCAT planteó una enmienda que fue rechazada por los socialistas. En ella pedía reformar directamente la Ley de Memoria Histórica, puesto que la propuesta inicial es "insuficiente". Se trataba de ir "un paso más allá", como defendió en el pleno el diputado Jordi Xuclà, quien recordaba que en junio de este mismo año el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad —esto es, con los votos incluso del PP— la declaración de nulidad de las condenas franquistas. En tono conciliador, Xuclà advirtió al PSOE de que aunque la iniciativa de este martes era "un gesto hacia Cataluña" al que el PDeCAT daba la "bienvenida", también el momento político actual exige "algo más profundo".

ERC denuncia la "hipocresía y el cinismo" del PSOE y le advierte de que no permitirá que "manipule" a sus víctimas, pues Companys era de los suyos

El PNV no presentó enmienda, pero su línea de argumentación era muy coincidente con la de la antigua CiU. Un "paso en la buena dirección pero no definitivo", indicó Mikel Legarda, ya que es "una mera declaración sin consecuencias jurídicas para los afectados y los represaliados" por la dictadura.

Joan Tardà, portavoz de ERC, durante el pleno de este martes. (EFE)
Joan Tardà, portavoz de ERC, durante el pleno de este martes. (EFE)

La tormenta de críticas arreció con las intervenciones de ERC y del PP. Nada más subir a la tribuna, el republicano Joan Tardà denunció la "hipocresía y el cinismo" del PSOE, por haberse comprometido en 2004 a la declaración de ilegalidad de los consejos de guerra y las condenas franquistas y no haberlo apoyado después. La enmienda de ERC recogía el guante del PDeCAT, y directamente proponía la modificación del articulado de la ley de 2007 para reflejar la "nulidad" de las sentencias de la dictadura y de sus tribunales. Y avisó por anticipado de que si los socialistas no aceptaban esa modificación, entonces los republicanos concebirían la moción como un "engaño". "Y me duele. Me duele el papel del PSOE con sus víctimas. Pero no permitiremos que manipulen a nuestras víctimas [pues Companys pertenecía a ERC]. Nos mantendremos fieles a lo que debatimos y postulamos en 2007".

Los argumentos del PP para votar no eran radicalmente diferentes. La catalana Alicia Sánchez-Camacho recalcó que la norma impulsada por Zapatero —y que los populares no apoyaron entonces— ya "reconoce" la reparación a las víctimas y a sus familias, pues declara "ilegítimas" las sentencias del franquismo. Pero la parlamentaria quiso llevar pronto el debate al 1-O y al órdago soberanista.

Mientras se "vulneran derechos de los diputados, la Constitución y el Estatuto", y "se presiona a alcaldes" para que cedan locales para el referéndum, los socialistas, denunció, llevan a la Cámara esta iniciativa. Sánchez-Camacho fue más allá al hacer hincapié en que Companys "no es un símbolo" pues "no fue presidente de todos los catalanes". "Estoy cansada como catalana y como española de que se tergiverse la historia, el presente y el futuro de mi país". La condena a muerte "fue injusta", igual que todo el proceso, pero el presidente de la Generalitat entre 1934 y 1940 "no fue un símbolo", repitió.

Alicia Sánchez-Camacho, secretaria primera de la Mesa y diputada del PP, este 12 de septiembre. (EFE)
Alicia Sánchez-Camacho, secretaria primera de la Mesa y diputada del PP, este 12 de septiembre. (EFE)


Ciudadanos, por su parte, proponía deshacer lo que planteaba el PSOE con su proposición: ratificar la redacción de la Ley de Memoria Histórica, pues fue "un punto de encuentro". José Manuel Villegas, número dos de la formación naranja, se remitió a las palabras del socialista Torres Mora en marzo, insistiendo en que hace falta restituir a las víctimas de la dictadura, pero sin desviarse del "consenso" alcanzado con la norma de 2007.

La alianza de PSOE, Podemos y PDeCAT logra declarar nula la condena a Companys

El debate de este martes fue un gesto, sí, pero poco más. Los socialistas tienen no obstante la mirada puesta en la comisión de actualización del Estado autonómico. Esta mañana la Mesa admitió la solicitud del grupo por unanimidad (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), pero aún deberá ser votada en la Junta de Portavoces. Para ese momento no hay fecha, y ahí está la clave, porque cuando llegue será cuando efectivamente se podrá constituir el órgano. La portavoz socialista, Margarita Robles, no quiso anticipar cuándo pedirá que se vote, e insistió en que lo importante no es tanto si cuaja antes o después del 1-O, si no si se arma un gran consenso. De los grandes partidos, el más remiso es C's, porque cree más útil conducir el diálogo en una mesa de expertos que estudien la reforma constitucional, y no solo para el encaje territorial.

Sánchez defiende no romper con Colau aunque ponga las urnas el 1-O

Pedro Sánchez cree que el Gobierno de Barcelona en Comú y el PSC no debe saltar por los aires aun si la alcaldesa, Ada Colau, decidiera facilitar la celebración del referéndum del 1-O. 

Al secretario general se le preguntó este martes en un desayuno informativo organizado por 'El Periódico de Catalunya' en Barcelona si el PSC debería marcharse del Ejecutivo municipal en caso de que el Ayuntamiento cediera locales para la celebración de la consulta. Colau había congelado su decisión a la espera de que el Govern le aclare cómo se puede promover el plebiscito sin perjudicar a los funcionarios. 

Sánchez recalcó este martes que la "estrategia de Gobierno en Barcelona" corresponde al PSC y a su federación de Barcelona, pero sí quiso dar su "opinión como secretario general": "El PSC ha gobernado en Barcelona más de 20 años. Mi opinión es que cuando el PSC se mete en un Gobierno, se incorpora con todas las consecuencias para resolver temas de sanidad, derechos sociales o desigualdad".

"Eso está por encima de cualquier otra consideración. Y esos compromisos deben ser hasta final de legislatura. Creo que con esto he sido claro", señaló, y al ser repreguntado sobre si entonces él defiende mantener ese pacto, se mantuvo: "Insisto, por los compromisos que tenemos con los ciudadanos", informa EFE. 

Sánchez, como en otras ocasiones, recriminó a la regidora su falta de claridad. "Me gustaría que la alcaldesa, a la cual le manifiesto mi cariño y reconocimiento personal y político, estuviera al lado de los alcaldes del PSC. A quince días del referéndum, no entiendo que no se haya posicionado al lado de los alcaldes socialistas" contra el 1-O, se quejó. En el acto se encontraba el primer teniente de alcalde de la ciudad, Gerardo Pisarello, del partido de Colau, igual que una nutrida representación de regidores socialistas, encabezados por la primera edil de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín

El secretario general volvió a referirse a una polémica muy fértil en el PSOE, a raíz de la apuesta por la España "plurinacional" que salió aprobada en su 39º Congreso. En el desayuno informativo, defendió que su partido tiene "un concepto no nacionalista del término nación" y rechazó las visiones "uninacionales" tanto de España como la que a su juicio defiende el independentismo en una hipotética República catalana. "Yo que me considero ciudadano madrileño y español. Aquellos que tienen una visión de España uninacional, ¿qué quieren decirnos: qué solo se puede ser español en la nación española?". Y agregó: "¿No están, precisamente, los independentistas que defienden la República independiente de Cataluña teniendo una visión uninacional de esa futurible Cataluña independiente, de solamente ser catalán sin poder ser otras cosas y otros sentimientos?". 

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