82.500 casos judiciales en la década 2005-2015

El interminable y tedioso suplicio de ser expropiado en España

Miles de antiguos propietarios llevan alrededor de una década atrapados en juicios sin recibir indemnización. Las leyes se modificaron antes del fallo, perjudicándoles en todos los casos

Foto:  Autovía A-32 en Andalucía, cuya construcción está paralizada desde 2010. (Tanya Hirsch y Alba Martín)
Autovía A-32 en Andalucía, cuya construcción está paralizada desde 2010. (Tanya Hirsch y Alba Martín)

Murcia, 2010. A María Plaza le dieron un mes para abandonar la casa donde vivía desde hace 47 años. El Ministerio de Fomento necesitaba su terreno para construir la autovía de El Reguerón entre Zeneta y Beniaján. Dos semanas después, el proyecto quedó paralizado por falta de presupuesto. Pero el expediente de expropiación ya estaba abierto. O lo que es lo mismo: la casa ya no era suya.

Con su marido enfermo, María tuvo que abandonar el hogar que construyeron juntos en 1969, cuando esperaban al primero de sus cuatro hijos. El mismo donde luego levantaron cuadras, gallineros y cultivos de limoneros, ciruelos y naranjos. Además, se vio obligada a pedir un préstamo para mudarse a un piso de 70 metros cuadrados.

Su incertidumbre es una situación por la que pasan todos los expropiados, ya que las obras públicas en España siempre se construyen por la vía de urgencia. Este concepto permite al Ministerio de Fomento expropiar primero y pagar después, sin haber fijado el valor del suelo y sin un plazo límite para realizar el pago. Únicamente se entrega a los antiguos propietarios un porcentaje de la primera oferta de compra del terreno, propuesta por el Gobierno. Según la Ley de Expropiación Forzosa, esta opción debería usarse solo de forma extraordinaria.

Desde su publicación en 1954, la Ley de Expropiación Forzosa ha gestionado las tierras donde se construyeron 750 presas, la red de alta velocidad ferroviaria con más kilómetros por habitante del mundo y la mayor longitud de vías de gran capacidad de Europa. Pero el 'boom' de las infraestructuras se convirtió en otra de las tantas burbujas españolas. El conflicto se hizo patente cuando la crisis económica demostró que proyectos como la autovía de El Reguerón en Murcia no solo no eran urgentes, sino que además no contaban con el presupuesto para ser construidas.

El marido de María falleció en 2013. Tres años más tarde, a comienzos de 2016, la casa fue finalmente demolida tras haberse retomado la obra. María aún no ha recibido el pago de su expropiación.

1.800 vecinos se encuentran en la misma situación por la autovía de El Reguerón. El nuevo vial aún no se construye pese a contar con un 75% de financiación de los fondos FEDER europeos. María acudió a la Justicia al no estar de acuerdo con la valoración que le propuso Fomento. El caso sigue paralizado en el Contencioso-Administrativo, después de que se redujera la tasación original. “Nos han bajado unos 30.000 euros. Y aun así no pagan. A lo mejor me muero yo también antes de que paguen”, se lamenta María, de 75 años.

La vía de urgencia nunca ha estado cerca de ser eliminada, a pesar de ser la causante de algunos de los daños más visibles de la expropiación. Sin embargo, las dos leyes esenciales que regulan este ámbito sí han sido modificadas.

Historia de un calvario

La Administración se arruinó. Si no se parte de esta base, no se entiende nada”, resume el exmagistrado Alfonso Sabán, quien desde el año 2000 hasta 2015 formó parte de las salas contencioso-administrativas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sabán asegura que el 80% de los casos de su sala eran de expropiación, con retrasos de hasta cinco años.

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Miles de expropiados llevan esperando las compensaciones económicas correspondientes más de una década, desde que la burbuja de las grandes infraestructuras públicas se pinchó. En aquellos años saturaron los tribunales superiores de toda España, discutiendo tasaciones, retasaciones, ejecuciones de pago e indemnizaciones por irregularidades en el procedimiento. 82.500 casos pasaron por los tribunales entre 2005 y 2015, según la Base de Datos de Estadísticas del Poder Judicial.

Todavía hoy son muchos los expropiados que aún no han llegado a un acuerdo con la Administración. Sus expedientes siguen paseando de tribunal en tribunal a la espera de una resolución. A medida que estos juicios van definiendo los precios de los terrenos y sus intereses, las cantidades se agregan a la deuda de Fomento. Esto explica que cada año sigan aflorando nuevas obligaciones. “Hay deudas anteriores a 2008, de hasta diez o quince años”, explican desde Fomento.

La única esperanza de los afectados es la suma de intereses. La Administración desembolsó 2.090 millones de euros entre 2008 y 2014 por pagos pendientes en expropiaciones, según datos oficiales de la Dirección General de Carreteras entregados a El Confidencial en respuesta a una solicitud de acceso a la información. A finales de 2014, el departamento dirigido por Ana Pastor aún debía casi 13 millones de euros del mismo periodo. El 86% de esta cantidad corresponde a deudas reconocidas solo en ese mismo año.

 

Pero los expropiados se enfrentan ahora a un nuevo calvario. Mientras sus juicios se desarrollaban, las dos leyes esenciales que regulan la materia -la de Expropiación Forzosa y la de Suelo- fueron modificadas. Los nuevos textos legales se aplicaron en juicios ya abiertos, cambiando sus resultados en perjuicio de los afectados.

“Encima de que tarda usted en pagar, cambia la Ley y tengo que aceptar que rectifiquen todo lo ya definido en años de juicio”, denuncia la abogada María Jesús Serrano sobre los efectos del cambio en la Ley de Suelo en relación a las expropiaciones de la autovía M-50 de Madrid.

Tasaciones cuarenta veces menor entre vecinos

Madrid, 2001. A 200 propietarios de Paracuellos de Jarama les expropiaron sus fincas para construir un nuevo vial para la capital: la M-50. Tras siete años de pleito, el Tribunal Supremo respaldó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y estableció que la carretera creaba ciudad. Es decir, todo lo que estaba dentro de la circunferencia que dibuja la M-50 se consideraba como suelo urbanizable, incrementando su valor de 1,15€/m2 originales (tasados como suelo rural) a 42,84€/m2.

Pasaron dos años y gran parte de las resoluciones no se pagaron, lo que llevó a los afectados a abrir nuevos expedientes de retasación de la finca. Para entonces, la Ley de Suelo había cambiado, prácticamente eliminando la categoría de suelo urbanizable (salvo en los casos en los que las calles, las tuberías y el tendido de la luz estén ya en construcción). El magistrado Carlos Vieites decidió aplicar la nueva ley en esta situación que ya había sido resuelta, reduciendo nuevamente su precio, contradiciéndose a sí mismo y al Supremo.

El tema de igualdad en la sentencia es un principio jurídico, pero ser magistrado es una actividad humana. Aquí gracias a Dios no matamos a nadie

“Son las mismas fincas del mismo proyecto. Cambian la ley de referencia y se cargan todo lo anterior”, explica la abogada María Jesús Serrano, que llevó el caso. Agrega que este nuevo fallo carece de fundamento legal porque, al aplicarse retroactivamente solo en algunos casos, ha dejado a afectados por un mismo proyecto con justiprecios (acuerdo de valor definitivo) distintos. Cientos de expropiados terminaron con tasaciones cuarenta veces menor que las de sus vecinos.

“El tema de igualdad en la sentencia es un principio jurídico, pero ser magistrado es una actividad humana. Por ejemplo, un enfermo es tratado de maneras distintas dependiendo del médico que lo atienda, que puede ser mejor o peor en su actividad. Aquí gracias a Dios no matamos a nadie”, justifica el magistrado Carlos Vieites, presidente de la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Ley de Suelo se cambió en 2007 porque muchos proyectos de obras públicas fueron aceptados por la Administración con un presupuesto de expropiación que asumía los terrenos como rurales, pero en realidad eran urbanizables. De pronto, la Administración se encontró con un monto muy superior al que tenía contemplado. Se generó una controversia mediática que acusó a los expropiados de cobrar precios exorbitantes, cuando había una ley creada por legisladores que obligaba a pagar estas cantidades.

 

“El cambio ha sido especialmente trágico en carreteras. El problema está cuando pasan de urbanizable a rústico, ya que pueden bajar al 10% del valor. Mi opinión es que esto se hizo para que la Administración pudiera pagar menos”, apunta el exmagistrado Alfonso Sabán, quien redactó un voto particular en cerca de 100 sentencias de la M-50 en el que sostenía que este cambio de criterio era un fraude legal.

El fin de la indemnización

La Rioja, 2006. Julián Lujo, Julio Tobías y Pedro Orue, vecinos de Hormilla y Huércanos, fueron expropiados para construir la autovía del Camino de Santiago o A-12. Les pagaron por ello.

Seis años más tarde, el ingeniero de caminos Fernando Guirao citó a todos los afectados a varias reuniones. “La gente no cabía en la sala. Había 30 ó 40 personas en cada grupo”, recuerda Julio Tobías. En ellas, Guirao explicó que en su expropiación se omitió un trámite obligatorio por ley: la información pública. Este requisito supone la publicación del proyecto en el BOE para permitir alegaciones de ayuntamientos y propietarios afectados.

El ingeniero tiene una amplia trayectoria como administrador de consultoras de asistencia técnica, jurídica y legal en el ámbito de servicio de expropiaciones. Asegura que el trámite de información pública ha sido omitido durante décadas. Esta denuncia le permitió ganar 100 sentencias entre 2005 y 2013 que anulan completamente el expediente expropiatorio. Al no ser posible devolver los terrenos por estar ya urbanizados, se otorga una indemnización de un 25% del precio definitivo de la finca.

Plano del terreno expropiado a Julián Lujo en La Rioja. (Tanya Hirsch y Alba Martín)
Plano del terreno expropiado a Julián Lujo en La Rioja. (Tanya Hirsch y Alba Martín)

 

El exmagistrado Alfonso Sabán recuerda esta resolución común como una forma rápida de resolver el error de la Administración y, al mismo tiempo, reducir la carga de juicios de expropiación en los tribunales. “Yo lo llamaba la ‘lotería nacional’ porque se hacía masivamente. ¿Por qué el 25% y no el 10 o el 100? Pues así lo dijo el Supremo. Y a todos nos vino fenomenal, ya que no había que razonar nada. Te llevaba cinco líneas hacer lo que otra deliberación te llevaba años”.

Pero algo ocurrió en La Rioja. A Julián le aceptaron la nulidad. A Julio y Pedro no.

Hasta 2012, la indemnización por nulidad era uno de los pleitos más comunes en el ámbito expropiatorio. Desde aquel año, los tribunales dejaron de estimarlo progresivamente y hoy ya prácticamente no existe. Un análisis de más de 80 sentencias de juicios abiertos por la consultora de Fernando Guirao lo demuestran.

“Es un cambio de criterio judicial. Ahora lo justifican diciendo que si firmaste un justiprecio es porque no tenías nada que alegar. Pero antes nunca exigieron eso”, explica el ingeniero. Guirao considera que este argumento no es válido, ya que si la expropiación es nula para un afectado debería serlo para todos, independiente de en qué etapa se encuentren. “A partir de 2013 perdimos todo. Estábamos reclamando más de 100 millones de euros a resultados”, concluye.

Qué más daño y perjuicio hay que te ocupen ilegalmente un predio. Ya de por sí es un daño

El conflicto se repitió en seis comunidades autónomas, con miles de afectados que recibieron sentencias distintas por omisión de trámites. Muchos de ellos acusan al ingeniero de estafador, dado que entregaron miles de euros para cubrir costes legales que luego quedaron sin respuesta. “Guirao desapareció. Quedó en que íbamos a cobrar en navidades de 2013”, dice Julio Tobías.

Más allá de las discrepancias, en 2012 se publicaron tres modificaciones a la Ley de Expropiación Forzosa camufladas en los Presupuestos Generales del Estado. Se alargó el periodo para solicitar la retasación de dos a cuatro años; se cambió la composición del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, introduciendo más funcionarios; y se exigió que para proceder a la nulidad -por ejemplo en caso de omisión de información pública- se debe acreditar un daño efectivo e indemnizable.

Esta modificación frenó definitivamente la entrega de indemnizaciones del 25% por expropiaciones anuladas. ¿El motivo? Resulta prácticamente imposible cuantificar los daños provocados por la omisión de trámites referidos a la titularidad de la propiedad o la modificación del trazo de vía a favor de la comunidad. “Qué más daño y perjuicio hay que te ocupen ilegalmente un predio. Ya de por sí es un daño”, considera María Jesús Serrano. Y agrega: “En ese momento cambian todo al mismo tiempo, cierran el grifo y se toma control de los juicios”.

Entre una crisis y dos leyes

El año 2012 fue clave en el cambio de la situación de los expropiados ante la ley. En febrero, durante una intervención que duró siete horas, la recién nombrada ministra de Fomento, Ana Pastor, reveló un agujero de 40.000 millones de euros en la cartera. 715 millones correspondían a 6.700 expedientes de expropiación pendientes de pago de la Dirección General de Carreteras. La mayoría de ellos eran pequeños propietarios y los procesos correspondían a obras puestas en marcha de 2004 a 2011, en muchas de las cuales ya circulaban coches.

Cuatro meses después, nueve autopistas de peaje y radiales se declararon al borde de la quiebra. El Tribunal Supremo aclaró que las deudas por expropiaciones eran responsabilidad de la Administración, ya que lo que justifica esta venta forzada es el interés público de la obra y no los intereses privados de las concesionarias. Esto sumó una nueva deuda de 3.800 millones. Fomento se vio obligado a poner freno a la inversión en infraestructuras y empezar a pagar.

 

Desde entonces, magistrados y abogados aseguran que los tribunales protegen a la Administración con retrasos de hasta quince años en el pago, evitando la aplicación de multas por impago de sentencias.

“Hasta cinco veces hemos pedido la ejecución forzosa de las sentencias que ordenaba el pago. ¡Incluso hemos pedido la responsabilidad del funcionario!”, exclama Serrano. El presidente de la sala desde 2010, el magistrado Carlos Vieites, se justifica. “No puedes condenar a la Administración a entrar en bancarrota, sería absurdo”.

“Hubo un momento en el que podía escribir tasaciones de 80 ó 90 euros y se pagaban. Y hubo otro momento en el que ya no tenían dinero. ¿Están haciendo los tribunales todo lo que pueden hacer para intentar cobrar la deuda de la Administración? Mi respuesta es no; dejan los papeles morirse”, afirma Sabán, jubilado en 2015. Y sentencia: “Ir contra la Administración es mucho más difícil que no hacerlo. Cobrarle es muy incómodo”.

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Este reportaje es fruto de una investigación desarrollada durante el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y Unidad Editorial, programa académico que cuenta con el apoyo de Caixabank y de la Comisión Europea en España. La edición ha corrido a cargo de Jesús Escudero. Revise la investigación completa aquí.

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