la fiscalía pide analizar movimientos de riesgo

La UDEF investigará todas las transferencias efectuadas por políticos en Banco Madrid

El procedimiento para esclarecer la presunta participación de Banco Madrid en diferentes tramas de blanqueo va a extenderse más allá de las identidades y operaciones detectadas por el Sepblac

Foto: La entrada de la sede principal de Banco Madrid. (Pablo López Learte)
La entrada de la sede principal de Banco Madrid. (Pablo López Learte)

La investigación que ha iniciado la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer la presunta participación de Banco Madrid en diferentes tramas de blanqueo va a extenderse a todos los clientes y operaciones de alto riesgo que pasaron por la entidad al menos desde 2011, el momento en que fue adquirida por Banca Privada de Andorra (BPA).

Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, el Ministerio Público ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que designe a un grupo de agentes para analizar la información alojada en los servidores del banco sobre todos los movimientos de capitales que puedan ser considerados sospechosos, especialmente, los protagonizados por políticos y otros altos cargos públicos, como establece la normativa de Prevención contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Las fuentes preguntadas aseguran que el foco se centró durante las primeras horas en las transacciones irregulares que ya habían sido detectadas por el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales), el organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad encargado de supervisar que los agentes financieros obligados (bancos, cooperativas de crédito, banca privada…) alertan de las operaciones sospechosas.

La comisión ejecutiva del Sepblac se reunió de urgencia el jueves de la semana pasada para estudiar un informe que acusaba a Banco Madrid de no haber dado la voz alama sobre transacciones efectuadas, entre otros, por la familia de empresarios valencianos Cotino, ligada al PP; la familia Carceller, propietario de la cervecera Damm; altos cargos venezolanos de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro; y un asesor electoral del presidente de México Enrique Peña Nieto. Tras la reunión, el Sepblac remitió el informe a la Fiscalía Anticorrupción y denunció a la cúpula al completo de Banco Madrid, provocando la apertura inmediata de un procedimiento judicial para depurar las responsabilidades penales que podrían derivarse de las irregularidades detectadas.

Un macroproceso contra el blanqueo

Pero la investigación no se va a quedar ahí. La Fiscalía ha solicitado a la UDEF que averigüe si Banco Madrid pudo participar directa o indirectamente en otros movimientos de dinero irregulares que lograron pasar desapercibidos para el Sepblac. Es decir, que el procedimiento no sólo se dirigirá contra los gestores de Banco Madrid y las operaciones que ya han sido identificadas y han servido para iniciar el proceso penal, sino que afectará a todos los inversores que utilizaron la entidad para evadir dinero procedente de delitos contra la Hacienda Pública o de prácticas delictivas más graves, como el cobro de sobornos y comisiones ilegales, financiación irregular de campañas electorales y tráfico de armas, drogas y personas, entre otras.  

La categoría de alto riesgo depende de criterios internos del banco pero afecta a todo cliente con responsabilidad pública

La orden de la Fiscalía ya ha tenido consecuencias prácticas. Los agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía se llevaron información de los servidores de Banco Madrid sobre todos aquellos clientes y movimientos calificados de alto riesgo por la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Prevención del Terrorismo. Según fuentes cercanas a las pesquisas, el volcado de los datos requirió dos días por el volumen de la información requisada. En los próximos días comenzará a ser analizada por parte de los especialistas de la UDEF.

La categoría de alto riesgo depende de criterios internos fijados por el propio banco pero afecta obligatoriamente a todos los clientes que tengan o hayan tenido algún tipo de responsabilidad pública, tanto en España como en el extranjero. En concreto, según la ley, en ese grupo entran presidentes de Gobierno, “ministros”, “secretarios de Estado y subsecretarios”, “magistrados”, fiscales, “consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de España”, “embajadores y encargados de negocios”, “alto personal de las Fuerzas Armadas”, altos cargos de instituciones autonómicas y locales y “miembros de consejos de administración de organizaciones internacionales”, entre otros.

Un documento sin valor probatorio

Todas las transacciones efectuadas por clientes de Banco Madrid que encajen en alguno de esos perfiles serán diseccionadas por la UDEF. Sus conclusiones serán decisivas en la evolución del caso. El Tribunal Supremo ya ha establecido que los informes del Sepblac no tienen valor probatorio. Sólo pueden ser empleadas como indicios para otras averiguaciones. En cambio, las diligencias policiales son admitidas como prueba a todos los efectos.

La UDEF sospecha que los nombres que han aparecido hasta ahora sólo son una pequeña representación de los que acabarán surgiendo en curso del procedimiento. Por ejemplo, aunque el nombre de la familia Pujol no aparece en el informe del Sepblac, ya se sabe por otras investigaciones abiertas que el clan del expresidente de la Generalitat de Cataluña habría recurrido a los servicios de la entidad para ocultar fondos procedentes del presunto cobro de comisiones ilegales. Hay informes que incluso atribuyen a los Pujol una destacada participación en el accionariado de Banco Madrid a través de terceras personas.

Andorra y Luxemburgo, en el punto de mira

Las pesquisas pueden acabar salpicando a los propietarios de depósitos alojados en la matriz con sede en Andorra, BPA, y en otra de las filiales del grupo, BPA Luxemburgo. Como detalla un informe de inteligencia de la Policía fechado en julio de 2014, Banco Madrid estaba siendo utilizado para evadir fondos que, después de varias transacciones, terminaban en sociedades de inversión libre (SIL) con sede en Luxemburgo gestionadas por el propio banco.

En condiciones normales, las autoridades españolas nunca habrían accedido a la información sobre esos depósitos ocultos en Luxemburgo y Andorra. Ambos territorios sólo comparten datos con otros países cuando el dinero que albergan procede de delitos graves. De hecho, los requerimientos relacionados con simples infracciones fiscales son automáticamente desestimados por sus autoridades judiciales.

Sin embargo, el proceso penal que acaba de iniciarse ahora contra Banco Madrid salvaría ese obstáculo. Tanto Andorra como Luxemburgo pueden verse obligadas a proporcionar todos los datos de que dispongan sobre inversores de BPA si la investigación de la UDEF consigue demostrar que sus fortunas son el resultado de casos de corrupción, narcotráfico u otras modalidades de crimen organizado. Banco Madrid puede convertirse en la puerta de acceso a todo un universo delictivo que había logrado establecerse al margen de las leyes. 

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