La UE relaja sus normas de responsabilidad corporativa para esquivar el 'no' de Berlín

Tras semanas de bloqueo por la abstención alemana y el efecto arrastre provocado por el Gobierno de Berlín en otros Estados miembros, los Veintisiete han sido capaces de aprobar este viernes las nuevas normas europeas de responsabilidad corporativa. La conocida como directiva de diligencia debida (CSDDD, por sus siglas en inglés, o EGS, por sus siglas en español) establece la responsabilidad de las compañías en caso de que se produjeran violaciones de los derechos humanos o daños al medioambiente a lo largo de la cadena de suministro. El texto ha salido adelante con nueve abstenciones, entre ellas la de Alemania, y con el apoyo de Italia, que era clave para desequilibrar la balanza.

Pero para poder obtener los votos suficientes en la reunión de embajadores representantes permanentes de los Veintisiete ante la Unión Europea la presidencia belga del Consejo de la UE ha tenido que relajar bastante la norma, aumentando los umbrales y sacando de la directiva a un buen número de compañías que antes iban a tener que hacer frente a los requisitos que establecía la nueva regulación. Francia lideró los intentos por salvar la CSDDD descafeinado la norma a finales de febrero, pero ni eso permitió salvar la votación entonces.

El acuerdo político se había cerrado en diciembre, al final de la presidencia española del Consejo de la UE en los conocidos como “trílogos”, rondas de negociaciones maratonianas en las que la presidencia de turno en representación del resto de Estados miembros trata de cerrar un pacto con los negociadores de la Eurocámara y con la Comisión Europea. Pero aunque ya se había cerrado ese acuerdo político en enero los liberales alemanes del FDP, parte del Gobierno alemán, mostraron su oposición. Aunque los socialdemócratas (SPD) y los Verdes (Grüne) apoyaban la directiva, la oposición del FDP, que además controlaba los ministerios del ramo afectado por la norma europea y que criticaba que esta iba a crear una carga administrativa excesiva para las empresas comunitarias, obligaba a que el representante alemán se abstuviera en lo que se conoce como el “voto alemán”, cuando surgen desavenencias dentro del Ejecutivo en Berlín.

Esta misma semana la presidencia belga circuló una última propuesta que ha salido adelante y en la que el umbral se ha subido de manera considerable: ahora la CSDDD solamente afectará a compañías con una facturación superior a los 450 millones de euros anuales, comparado con la propuesta que había estado en pie hasta esta semana, que afectaba a empresas con una facturación superior 300 millones. El acuerdo de diciembre era mucho más ambicioso y afectaba a compañías con más de 500 empleados y unos 150 millones de euros de facturación global, una cifra que se dobló por presión francesa para intentar sumar a los suficientes países para alcanzar la mayoría cualificada que permitiera sacar adelante las normas.

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El Confidencial

Fuentes diplomáticas belgas han señalado que, además, que “se suprimen los sectores de alto riesgo” aunque con una cláusula de revisión, y que se hará una “aplicación por etapas”, que empezará por compañías muy grandes de más de 5.000 empleados. Esa referencia a los sectores de alto riesgo es relevante: en el acuerdo de diciembre se señalaba que había empresas que quedaban por debajo del umbral acordado, que ya era mucho más exigente que el actual, que pertenecían a sectores considerados de alto riesgo. Empresas que tuvieran más de 250 empleados y que facturaran más de 40 millones de euros siendo al menos la mitad de ellos provenientes de estos sectores, que incluían por ejemplo agricultura o textil, debían también someterse a las reglas de CSDDD. Sin embargo, el acuerdo alcanzado este viernes elimina este requisito particular.

El texto tiene que pasar por la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo la próxima semana, y aunque el respaldo de la Eurocámara no está totalmente garantizada la opinión general es que los eurodiputados la apoyarán para al menos contar con unos estándares mínimos. Unas 17.000 empresas se iban a ver afectadas por la propuesta original que hizo la Comisión Europea, pero ahora los grupos de presión y ONGs critican que la nueva reducción de estándares por parte del Consejo de la UE hará que sean poco más de 5.000 compañías las que tengan que cumplir con la directiva.