Lío en el concurso de 300M de autobuses en Valencia: un aspirante denuncia "causa de ilegalidad"

Polémica en el concurso millonario de la Generalitat Valenciana para la concesión de las líneas de transporte regular en autobús en el área metropolitana de Valencia. Uno de los aspirantes a los tres lotes en que se divide el contrato ha enviado vía burofax cartas a la consellera de Infraestructuras, la popular Salomé Pradas, y a todos los integrantes del consejo de administración del licitador, la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), en las que advierte de la posible incursión en "causas de ilegalidad" si se resuelve de forma definitiva la adjudicación a las empresas propuestas por la mesa de contratación, todas ellas vinculadas al grupo Transvía. La conselleria, por su parte, defiende la regularidad del procedimiento administrativo.

La ATMV tiene en marcha desde febrero de 2023 un concurso para elegir a los concesionarios durante los próximos diez años del transporte y comunicación entre aquellos municipios del área metropolitana de Valencia que no cuentan con líneas de Metrovalencia. El proceso se ha dividido en tres sub procedimientos distintos en función del área de actuación: sur, norte y oeste. El importe de los contratos (con IVA) es de 92,9 millones, 54,2 millones y 156 millones de euros, respectivamente. El presupuesto de licitación global para todo el período de la concesión es de más de 300 millones de euros, lo que atrajo el interés de compañías de autobuses de todo el país.

El procedimiento ha estado vivo durante más de doce meses, con cambio de gobierno incluido en la Generalitat, ahora presidida por el popular Carlos Mazón. El pasado 12 de enero, la mesa de contratación resolvió proponer como adjudicatarias a las compañías Autocares Herca (sur), Autos Vallduxense (norte) y Fernanbus (oest). Las tres están ligadas al grupo de transporte valenciano Transvía. El grupo propiedad de la familia Catalán, que su día se vio salpicada por la pieza del caso Taula que terminó en condena al exteniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, por recibir relojes de lujo, mantiene en vigor otros contratos con la Administración valenciana, como es el del grueso del transporte escolar de la provincia de Valencia.

La propuesta de adjudicación a las empresas de Transvía se formalizó después de que los servicios técnicos de la ATMV tuviesen que elaborar tres informes por cada lote por las ofertas económicas "anormalmente bajas" presentadas por dichos aspirantes. Se reclamó a las aspirantes que justificasen las posibles bajas temerarias, en los tres casos por encima del 20%. El principal argumento de todas ellas fue que su propuesta se basaba en la futura percepción de ayudas públicas para la renovación de flota, tanto del Ministerio de Transportes a través de fondos europeos Next Generation como del Instituto Valenciano para la Competitividad Empresarial (Ivace), dependiente de la propia Generalitat. Los servicios técnicos dieron por buenas las justificaciones en diciembre del año pasado, cuando ya se habían concedido las subvenciones.

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Sin embargo, las empresas que quedaron en segundo lugar en los tres lotes, Agrupación Sud 23, Agrupación Oest 23 y Agrupación Nord 23 (en este caso tercera clasificada), ligadas al grupo gallego de transporte Monbus, han remitido cartas a los consejeros de la ATMV y a su presidenta, la consellera Pradas, en las que reclaman que se acuerde "la exclusión de la oferta presentada" por las empresas de Transvía, con el fin de "ordenar la nueva clasificación de las ofertas admitidas".

"Cualquier otra decisión sería arbitraria y sus causas de ilegalidad serían hasta tal punto ostensibles y flagrantes que no pueden ser desconocidas en el ejercicio de la autoridad pública por los miembros del Consejo de Administración de ATMV", se escribe en las misivas, a cuyo contenido tuvo acceso El Confidencial.

La argumentación de estas empresas es que las ofertas propuestas para la adjudicación se fundamentaron "en la hipótesis de que la compañía recibiría en el futuro subvenciones de la Dirección General de Transportes y Logística y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial que, en el momento de presentarse, no se habían adjudicado", explican las cartas recibidas por todos los consejeros. "Que esta hipótesis es palmariamente inadmisible queda claro tanto por la normativa de aplicación como por el propio informe de baja temeraria emitido para una tercera empresa", señala respecto del contrato de Valencia Metropolitana Sud: "No pueden ser aceptadas [las explicaciones] para la justificación de la oferta, pues dicha pretensión se basa en una mera hipótesis no sustentada en una resolución de concesión".

E insisten: "La oferta se basó en la inequívoca infracción del artículo 18 del Real Decreto 983/2021. Las subvenciones otorgadas por la Dirección General de Transportes y Logística (del Ministerio) son incompatibles con las concedidas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial".

"Los contratos han sufrido retrasos que solo han beneficiado a las empresas beneficiarias"

Las empresas denunciantes han hecho llegar por la vía formal incluso otras cartas de advertencia al Ministerio que dirige el socialista Óscar Puente para poner en su conocimiento las posibles "irregularidades en la adjudicación de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías en la Comunidad Valenciana".

"Ayudas incompatibles"

"Las empresas beneficiarias han resultado adjudicatarias de ayudas públicas incompatibles con las subvenciones. En efecto, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial ha otorgado ayudas públicas a las empresas beneficiarias cuya finalidad es precisamente la adquisición de vehículos de energías alternativas, lo que no resulta compatible de acuerdo con las bases de las subvenciones", advierte un escrito remito al subsecretario de Transportes, José Manuel Gómez, señalando posible vulneración de los requisitos para obtener fondos comunitarios.

Y añade sobre el concurso convocado por la ATMV: "Los procedimientos de licitación de los contratos han sufrido inopinados retrasos que solo han beneficiado a las empresas beneficiarias. Cuando estas compañías presentaron sus ofertas aún no habían obtenido las subvenciones, pero, insospechadamente, estas fueron adjudicadas con escasa anterioridad a la presentación de las "justificaciones por baja temeraria" en que incurrieron las ofertas de las empresas beneficiarias. En definitiva, la adjudicación de las subvenciones en favor de las empresas beneficiarias ha supuesto una relevante ventaja competitiva en los procedimientos de adjudicación de los contratos; existiendo relevantes indicios de que se han cometido irregularidades en el otorgamiento" de las ayudas.

"No hay recursos presentados"

A preguntas de El Confidencial, fuentes oficiales de la Conselleria de Infraestructuras aseguraron que todo el procedimiento seguido en la adjudicación "ha respetado escrupulosamente la normativa en materia de contratación". "En cumplimiento además de dicha normativa, cualquier empresa podría presentar recurso cuando se haya resuelto definitivamente la adjudicación, acto administrativo que todavía no se ha producido", insistieron en referencia a que, más allá de las cartas remitidas vía burofax a consejeros y consellera, no se ha producido ninguna acción ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Puente admitieron haber recibido esos escritos, aunque señalaron que se trata de una cuestión que compete a la Generalitat valenciana y que no han tenido ocasión de revisar todavía el caso en cuestión.