El diésel fraudulento se dispara: casi dos de cada diez gasolineras ya vende por debajo de coste

La venta de carburante por debajo de coste y sospechoso de llegar al consumidor a través de intermediarios que aplican prácticas fraudulentas se ha disparado en España. La situación ha llegado a tal extremo que ya hay más de 2.000 estaciones de servicio -de un total de 12.000- que están comercializando gasóleo A a un precio anormalmente bajo, según han detectado expertos empresariales del sector, que tienen monitorizadas las gasolineras sospechosas. Estos son casi dos de cada diez gasolineras vendiendo carburante de origen presuntamente irregular.

Estas estaciones de servicio estarían en condiciones de ofrecer estos precios tan bajos porque los precios inusualmente competitivos ofrecidos por estos intermediarios, quienes, a su vez, se pueden permitir servir el producto gracias a la omisión de impuestos, especialmente el IVA, y otras obligaciones normativas.

Esta situación se da después de que el Gobierno haya admitido que el problema no para de crecer y trate de ponerle coto. Según el decreto Real Decreto-ley 8/2023, "se han detectado crecientes prácticas fraudulentas en el sector de los hidrocarburos líquidos por incumplimiento de sus obligaciones sectoriales [...] y fiscales". Por ello, el Gobierno endurecerá las obligaciones a los operadores con el objetivo de poner fin a estas tramas de fraude. Pero hasta que entren en vigor los nuevos requisitos el 28 de marzo, los operadores piratas están tratando de dar salida a la mayor parte del producto que pueden.

El fraude de los hidrocarburos (ver infografía) consiste en crear una empresa encargada de cometer el delito (un intermediario "trucho" en la jerga sectorial). Este compra el combustible al mayorista con el que puede estar compinchado, ya que es el que le hace llegar el producto desde el exterior. Este combustible viene de fuera, ya que los grandes mayoristas nacionales no les venden y es más difícil seguir el rastro del dinero defraudado.

La empresa 'trucha' vende a otro intermediario real o directamente a estaciones de servicio con un coste por debajo de mercado y les repercute el IVA y el resto de impuestos y obligaciones normativas (obligación de biocarburantes, pago al Fondo de Eficiencia Energética, tasas de Cores, etc.). Sin embargo, posteriormente, cuando Hacienda y otros organismos le reclaman ese IVA y el resto de pagos de obligaciones normativas, ha pasado el tiempo suficiente para que esta empresa defraudadora haya desaparecido y hecho desaparecer el dinero cobrado que no ha soportado, ya que se trata de sociedades limitadas a las que es difícil posteriormente hacerles responsables del nivel de fraude cometido. Es decir, para el intermediario tiene racionalidad económica vender por debajo de precio de mercado porque sabe que no va a abonar el 21% de IVA a Hacienda. Para entonces, ya habrá disuelto la sociedad.

Esta operativa irregular se da desde 2015, cuando se autorizó a que las distribuidoras al por menor puedan suministrar a otros distribuidores, lo que provocó el descontrol al proliferar los defraudadores. Pero los niveles de fraude actuales están en cotas antes no vistas. Las fuentes consultadas apuntan a que los precios de algunas redes low cost son muy anormales y están por debajo de coste. Es decir, que son sospechosas de vender el combustible de origen fraudulento, aunque la patronal que las engloba ya se ha desmarcado de la operativa irregular.

Aunque no estarían haciendo nada ilegal, estas fuentes señalan que son conscientes de que compran el diésel fraudulento, por lo que estarían aprovechándose de la práctica irregular. Según sus cálculos, estos operadores estarían comprando casi ocho céntimos por debajo del precio de referencia, lo que les permite o bien marcar la diferencia con los precios mucho más competitivos o directamente engordar sus márgenes y ganar mucho más.

Según los últimos datos de la CNMC, la diferencia de precios entre las principales low cost y las grandes operadoras se ha disparado. Así, el margen bruto de distribución en 2023 creció en el caso de BP, Cepsa y Repsol hasta un 10% y, sin embargo, el de las estaciones independientes se redujo. Las que ofrecen precios más baratos, según el informe del regulador, son Plenoil, Petroprix, Bonarea y Ballenoil.

Las grandes petroleras agrupadas en AOP (Repsol, Cepsa, BP y Galp) llevan meses denunciando lo que consideran una competencia desleal y piden intensificar la lucha contra el fraude. Tanto esta asociación como Aevecar, APPA, ATliq, Bio-E y UPI lanzaron un comunicado conjunto en febrero en el que "valoran positivamente la inclusión en el RDL 8/2023 de medidas para reducir el fraude en la distribución de combustibles líquidos, aunque insisten en que hacen falta medidas adicionales para frenar las prácticas fraudulentas, que proliferan en el sector desde hace años. Inciden en que es precisa una mayor determinación para avanzar en la lucha contra el fraude, con el objetivo de recuperar la recaudación del IVA actualmente defraudado, garantizar la seguridad de suministro de combustibles y la protección de los consumidores, preservar la competitividad del sector y favorecer el cumplimiento de los objetivos de descarbonización mediante la incorporación de biocarburantes".

La situación ha provocado incluso la intervención de la Guardia Civil junto con la Agencia Tributaria para tratar de poner coto a las irregularidades. El pasado 20 de febrero, el Equipo de Delincuencia Económica del instituto armado realizó registros de forma conjunta con los inspectores del fisco en Cataluña y Andalucía en la denominada Operación Memorable, en la que se investiga una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la venta de carburante. Esta trama habría defraudado más de 140 millones de euros en los últimos años.

Hacienda calcula que el fraude fiscal por los hidrocarburos ascendió solo en 2022 a más de 700 millones de euros, por lo que perseguir a los defraudadores se han convertido en una de las prioridades del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para este 2024. Pero a eso hay que sumar todas obligaciones sectoriales incumplidas. Solo por no pagar las cantidades exigidas de biocarburantes, se provocó un agujero de 95 millones de euros que tiene que cubrir el resto de operadores, lo que se acaba traduciendo en mayores precios para el consumidor final, reconoce el Real Decreto-ley 8/2023.