Históricos del PSOE y del independentismo meten presión al Gobierno para retrasar el cierre nuclear

Crecen las voces a favor de la nuclear en un momento clave: en el año en que se tiene que decidir, de forma definitiva, si continúa o cierra Almaraz I en 2027, el primer grupo atómico del calendario de cierre pactado por las empresas y el Gobierno en 2019.

Después del rechazo explícito del Ejecutivo a modificar esa hoja de ruta y tras plantear una nueva subida de tasas, aparecen voces más allá de los considerados pronucleares pidiendo retrasar ese calendario de cierre. En menos de una semana, el expresidente del Gobierno Felipe González, el exministro del PSOE y expresidente de Red Eléctrica Jordi Sevilla y el exconseller de Economía de la Generalitat de Cataluña Andreu Mas-Colell han salido en defensa de la energía atómica.

Se trata de tres voces que, a priori, no tienen intereses en el ámbito de las nucleares ni están dentro del sector, pero se les considera personalidades con influencia —en mayor o menor grado— dentro del PSOE o del independentismo catalán, sobre todo entre el electorado de Junts y el mundo posconvergente. Además, estos tres exdirigentes políticos han logrado colocar sus mensajes, que cuestionan de forma más o menos directa los planes nucleares del Gobierno, en medios del Grupo Prisa (Cinco Días) o Grupo Godó (La Vanguardia), también con mayor capacidad de influencia en el actual Ejecutivo y sus socios.

Esta lluvia fina se da en un momento en que Foro Nuclear, la asociación que defiende los intereses de esta industria y entre cuyos socios destacan los propietarios de las centrales nucleares, ha intensificado su labor, reconocen fuentes al tanto de su situación. Su influencia, defienden, está calando en miembros más próximos al actual Gobierno o sus socios, que además se ven respaldados por las recientes conclusiones de la Comisión Europea, la última cumbre del clima de Dubái a favor de la tecnología atómica o la Agencia Internacional de la Energía. El modelo nuclear ha ido ganando enteros a nivel europeo —sobre todo después de la guerra de Ucrania—, que ha demostrado su aportación a la independencia energética del continente y la reducción de emisiones de CO2. A la par, disminuyen sus detractores, sobre todo en ámbitos de izquierdas que antes estaban más en contra.

Ante este clima, el Foro Nuclear vertió recientemente sus críticas por la nueva subida del 40% de la tasa a Enresa que pagan sus centrales (otros 180 millones de euros aportación anual) Según lamentan, no supieron hasta el mismo momento de su publicación. Aseguran que su interlocución con el Ministerio para la Transición Ecológica es nula y no hay novedades sobre una negociación al respecto.

Hasta ahora, el departamento encargado de la política energética se ha reunido directamente con las empresas titulares de estas centrales. Foro Nuclear hará alegaciones y asegura que retrasar el cierre cuatro años permitiría cubrir los 2.000 millones de euros de costes extra que prevé el Gobierno tras enterrar el proyecto de construcción de un almacén centralizado de residuos nucleares y optar por almacenes individuales contiguos a las centrales.

Cuestión clave en Cataluña

La defensa de esta tecnología por un catedrático de amplia reputación, pero lejano al mundo energético, como Mas-Colell se produce, además, casi en paralelo a que la asociación nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), participada por Endesa e Iberdrola y que representa a las centrales nucleares ubicadas en territorio catalán, lanzara un comunicado (en castellano y en catalán) en el que destaca que el 59% de la generación eléctrica de Cataluña en 2023 procedió de estas centrales nucleares.

La baza de la soberanía energética de Cataluña se da en una comunidad autónoma con serios problemas para el desarrollo de las renovables y mientras el grupo aragonés Forestalia, donde han recalado varios posconvergentes, trata de tirar una línea eléctrica de 272 kilómetros para suministrar energía verde desde la comunidad vecina. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ya advirtió de que Cataluña podría acabar dependiendo energéticamente de Aragón.

Fuentes próximas a Junts per Catalunya y conocedoras también de las eléctricas y el mundo nuclear defienden el mantenimiento de las centrales atómicas y aseguran que si se plantea el debate, Junts y el PNV, partido de gobierno en País Vasco, donde se ubica la sede de Iberdrola, estarían a favor de prorrogar la vida útil de las plantas más allá del calendario pactado.

Utilizar la baza negociadora

Otras fuentes del sector señalan que, en realidad, las eléctricas no tienen ningún interés en extender la explotación de las plantas atómicas más allá del año 2035, cuando está previsto el cierre definitivo del último de los siete reactores aún abiertos. Así lo han manifestado responsables de algunas de las compañías afectadas en recientes foros privados, señalan fuentes conocedoras de esos encuentros. Sin embargo, creen que su objetivo es utilizar la subida del 40% de la tasa de Endesa que pagan las nucleares para pedir otras contrapartidas al Ejecutivo para que se les den sin que siquiera entren en el debate público.

En ese escenario, apuntan a que las eléctricas que ahora deberían asumir el sobrecoste nuclear a cambio de no romper el calendario de cierre, lo que generaría un gran problema político, tienen importantes retos regulatorios en el futuro próximo. En primer lugar, los pagos por capacidad a las centrales de gas para dar seguridad de suministro al sistema y evitar apagones que el Gobierno ya está tramitando. También están pendientes de la retribución a las redes a partir de 2025 cuando termine el actual periodo regulatorio con una principal reivindicación: que se les reconozca la inflación, algo que ahora no ocurre.

Sin olvidar la cuestión fiscal. Hacienda ya está modificando el impuesto a energéticas que activó el Gobierno en 2023. Ha recuperado el impuesto a la generación, el denominado gravamen del 7% que algunas empresas ya daban por amortizado al reducirse el déficit del sistema eléctrico. Y a nivel catalán, las centrales nucleares soportan un gravamen autonómico. Diversas monedas de cambio mientras Junts pelea por la vuelta de las sedes de las grandes empresas que se fueron tras el 1-O.

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En este escenario, aparecen voces a favor de la extensión nuclear mientras las empresas, quienes en última instancia tendrán que decidir si pedir o no la prolongación de la vida útil más allá de los 46 años, guardan silencio. El Gobierno ha contestado hace menos de un mes, en una respuesta parlamentaria a los diputados del PP y de Vox —quienes dijeron antes de las elecciones del 23-J que sus planes pasaban por mantener las nucleares más allá de lo pactado si hubieran llegado a la Moncloa—, que no tiene previsto replantearse el calendario de cierre programado y que no existe contradicción entre este plan y la defensa nuclear a nivel europeo, porque la competencia es de cada Estado.

Algunos de los críticos con el plan del Ejecutivo lo circunscriben a un posicionamiento específico de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dando a entender que otros miembros del PSOE tendrían una posición distinta. Esta ya dejó claro a inicio de año en presencia de las propias eléctricas e inversores internacionales que no hay ninguna modificación de la hoja de ruta.

Fuentes del sector ajenas al mundo nuclear señalan que las empresas nucleares quieren que se les dé un precio garantizado a largo plazo para mantener su operación, lo que supondría un incremento de costes para el sistema respecto del coste que supondrán las renovables en los próximos años. En cualquier caso, el sector atómico espera que en última instancia se pronuncie Red Eléctrica, que tendrá que determinar si el cierre de Almaraz I en 2027, que tendría que empezar a tramitarse este año, pone en peligro la seguridad de suministro. El debate seguirá presente.