PwC ficha a la mano derecha de Galán tras facturar 130 millones a Iberdrola desde 2017

PwC ha fichado a Julián Martínez-Simancas, el abogado del Estado que fue el responsable jurídico de Iberdrola y mano derecha de Ignacio Sánchez Galán, según ha confirmado la firma de auditoria y consultoría. De este modo, el exsecretario del consejo de administración de la eléctrica colaborará con la sociedad que durante más de una década asesoró en la medición de la retribución del presidente y que realizó el informe forensic que exculpó a Iberdrola del caso Villarejo.

Según fuentes oficiales de PwC, Martínez-Simancas está realizando "colaboraciones puntuales en temas relaciones con el gobierno corporativo, del que es un experto". Desde la consultora y auditora, se asegura que no ha entrado en plantilla, sino que se ha convertido en un senior advisor en materias vinculadas a ESG (environmental, social and governance), área que la firma ayudó a implementar en Iberdrola desde al menos 2013, cuando se denominaba Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (CRSC), según documentos internos.

De hecho, la relación entre Iberdrola y PwC viene de muy lejos. Concretamente, desde la batalla legal entre Galán y Florentino Pérez. Poco después, la consultora comenzó a hacer informes para la eléctrica para medir el valor total que aporta la compañía a la economía y a la sociedad. El estudio, denominado Total Impact Measurement, consistía en concretar los impactos socioeconómicos, ambientales y tributarios de una empresa para monetizar las variables extrafinancieras. Un documento que, según la firma, sirve como "carta de presentación para establecerse en nuevos países y regiones", como "soporte para la negociación con reguladores y administradores" y como "elemento defensivo ante ataques".

Pero, sobre todo, se ha encargado desde hace una década de llevar a cabo el proceso de validación del desempeño del consejo de administración de Iberdrola y, en particular, el de su presidente, Ignacio Sánchez Galán. De esa evaluación de "amplio alcance" en la que se analiza, entre otras cosas, si el consejo ha cumplido con "la normativa interna y el código de buen gobierno de las sociedades cotizadas de la CNMV", se deriva el informe en el que se justifican los sueldos del primer ejecutivo (más de 12 millones de euros anuales), previa supervisión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. También validaba los incentivos trianuales o bono estratégico, por los que la cúpula de la primera energética de España recibe una media de 130 millones de remuneración variable cada tres años. El último de estos planes asciende a unos 200 millones.

TE PUEDE INTERESAR

Iberdrola eleva un 12,2% el dividendo y repartirá 0,202 euros brutos por acción

Europa Press

Según consta en los informes de gobierno corporativo de Iberdrola, la empresa vasca ha abonado 131,65 millones de euros a PwC entre 2017 y 2022, último año con datos públicos. En el último ejercicio, la factura ascendió a 36,65 millones, de los que 491.000 euros se correspondieron a servicios de consultoría al consejo de administración y su secretaría general. La cifra total se ha multiplicado por más de tres en este periodo, con un incremento sustancial entre 2018 y 2019 —pasó de 10,7 a 23 millones—, que la eléctrica explicó por la externalización de los servicios fiscales de Avangrid, su filial en Estados Unidos.

Justo ese año también fue cuando Iberdrola contrató a PwC para hacer el informe forensic del caso Villarejo. La consultora concluyó que no se había puesto de manifiesto "la comisión de ningún tipo de ilegalidad o irregularidad ni de ninguna conducta inapropiada (ni indicio alguno de su posible comisión) por parte de los miembros del consejo de administración ni de la alta dirección en relación con los hechos".

Según Iberdrola, la investigación de PwC fue "absolutamente independiente y sin limitación, ni intervención alguna en cuanto a su alcance"

Según Iberdrola, la investigación de PwC fue "absolutamente independiente y sin limitación, ni intervención alguna en cuanto a su alcance, por parte de la compañía", tras revisar un número muy importante de documentos, la realización de numerosas entrevistas, el análisis de ordenadores y dispositivos móviles de personas vinculadas al Departamento de Seguridad y al propio Galán. Sin embargo, la firma no pudo sentarse cara a cara con Antonio Asenjo, el jefe de Seguridad, aún hoy imputado, y responsable directo de los pagos a Villarejo.

Adjunto a la presidencia de Iberdrola

Iberdrola anunció que Martínez-Simancas dejaba la secretaría general de Iberdrola en la junta general de accionistas de 2021 por motivos de edad. Al cumplir los 70 años, el prestigioso abogado del Estado tenía que abandonar el consejo de administración de la mayor eléctrica española. No obstante, finalmente, la compañía comunicó su salida oficial en octubre de 2022, con efectos a partir de enero de 2023.

Durante ese impasse, fuentes internas de la compañía con sede en Bilbao aseguran que estuvo trabajando codo con codo con Sánchez Galán para solventar la implicación del grupo en los pagos a Villarejo. En la primavera de 2022, después de dos años y medio de investigación, el juez de la Audiencia Nacional consideró que los delitos que se imputaban al presidente y a varios directivos habían prescrito. Otras fuentes señalan que Martínez-Simancas mantiene un contrato profesional con la eléctrica. A finales de 2023, en un acto cultural patrocinado por Iberdrola, se presentó como adjunto a la presidencia de la multinacional vasca. Uno de sus hijos, Víctor Martínez-Simancas, trabaja en la compañía como senior counsel, desde noviembre de 2021.