Calviño convocará en diciembre a los bancos para azuzarlos con el alivio a los hipotecados

Los bancos serán una de las primeras prioridades del equipo económico del Gobierno en esta nueva legislatura, al igual que en la última. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresas (nueva denominación) convocará en las próximas semanas a las patronales del sector financiero a una reunión que se producirá "antes de final de año", según fuentes conocedoras consultadas por este medio.

La previsión es que esta reunión tenga ya fecha en los próximos días en cuanto el equipo de la vicepresidenta Nadia Calviño haya vuelto a coger las riendas tras el parón electoral, según las mismas fuentes. Y el objetivo es que este encuentro se produzca antes de la posible marcha de Calviño al Banco Europeo de Inversiones (BEI), en cuya posición empezaría a trabajar el 1 de enero si recibe el visto bueno comunitario. La española cada día suena con más fuerza para el cargo.

El foco de esta reunión será principalmente la revisión de las medidas de alivio hipotecario que se aprobaron hace un año, y que el Gobierno quiere endurecer con la oposición de bancos y supervisores (BCE y Banco de España). Junto a ello, el Gobierno también tiene planes de resucitar la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que no fue aprobada en la anterior legislatura por apenas unos días, y que también rechazan los bancos.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo mención a los planes que tiene para los bancos en su discurso de investidura: "Vamos a elevar el umbral de renta media, de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros, para que más familias puedan acogerse a la medida de alivio hipotecario en vigor, que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años".

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Este asunto ya provocó un choque frontal entre la vicepresidenta, el Banco de España y los representantes del sector (las patronales AEB, Ceca y Unacc) en la penúltima reunión entre Economía y los bancos, el pasado 29 de junio. En ella, y a las puertas de las elecciones, Calviño insistió en la necesidad de ampliar el código de buenas prácticas (CBP) para que se acojan a él más hipotecados. El sector, encabezado por el gobernador Pablo Hernández de Cos, frenó el intento con dos argumentos: no hace falta, porque la economía y el empleo están aguantando bien, y poniendo sobre la mesa los riesgos contables que implica esta reforma.

Calviño volvió a reunirse con los bancos el pasado 4 de septiembre, aunque en esta ocasión no con las patronales, sino con los presidentes y consejeros delegados de las principales entidades. Fuentes presentes en el encuentro destacan que el tono de la vicepresidenta fue más afable y recuerdan que los banqueros volvieron a insistir en que no hace falta tocar el CBP, ya que las entidades incluso están olvidándose de sus requisitos para llegar a todos los clientes con problemas para llegar a final de mes.

Distintos argumentos

Aun así, Economía y el sector financiero están abocados al enfrentamiento en este terreno. El último detonante han sido las cifras que hizo públicas hace varias semanas el Banco de España, con unas 42.000 solicitudes del código entre enero y julio, pero con un índice de aprobación bajo: un 8%, frente a un 40% de rechazos y un 50% de operaciones en estudio.

El Gobierno ha leído estas cifras como una señal de que el sector financiero no está remando lo suficiente y de que el código necesita una reforma, más teniendo en cuenta que su previsión era que se llegaría al millón de solicitudes. Mientras, las entidades explican que lo que reflejan estos números es que tienen un elevado volumen de solicitudes poco maduras (por no cumplir todos los requisitos o porque realmente no necesitan el código) que distorsionan el balance general. De hecho, insisten en que ellos mismos persiguen a los deudores que preguntan por el CBP o tienen dificultades, porque lo último que quieren es verse obligados a ejecutar hipotecas.

Aun así, Calviño y el sector están lejos de entenderse en este frente. No ayuda la presión que recibe el Gobierno de los partidos más de izquierdas, como el propio Sumar, que planteó topar todas las hipotecas a tipo variable.