Confusión entre los hipotecados en las reclamaciones de los gastos

El Tribunal Supremo abrió un gran frente judicial a los bancos españoles en 2015, con una sentencia que les condenaba a pagar muchos de los gastos hipotecarios que hasta entonces habían soportado sus clientes. El Alto Tribunal lo refrendó y precisó en 2020. Y, sin embargo, los clientes bancarios todavía están lejos de tener un camino despejado para recuperar su dinero.

Una de las principales causas es que las entidades están poniendo en marcha distintas estrategias en este frente. Algunos bancos deciden esperar a que los clientes recurran a la vía judicial para dar una solución, mientras que otros tienen establecidos cauces extrajudiciales para agilizar la resolución de reclamaciones.

Y, además, hay bancos que no devuelven todo el dinero que deberían: el importe de los gastos pagado de más por el cliente en el pasado más los intereses. Desde Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) señalan que uno de estos grupos es CaixaBank, aunque desde la entidad catalana lo niegan y limitan como mucho a "casos puntuales".

Sea como sea, sigue habiendo divergencias y dudas legales en este frente, que cuando se abrió hizo temer a los bancos por provisiones de miles de millones, pero que se han ido desinflando en los últimos años. Según las fuentes consultadas, la estrategia de las entidades ha sido ganar tiempo para que fueran prescribiendo muchas de las acciones y algunos de los potenciales reclamantes se "dejaran llevar por la pereza". Las acusaciones a la inversa son recíprocas, ya que desde las entidades acusan a los despachos de abogados de rechazar para sus clientes ofertas extrajudiciales para cobrar costas.

Pactos exprés

El Supremo fijó con claridad en distintas decisiones de 2020 (tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o TJUE) la devolución a los clientes del 50% de los gastos notariales, el 100% de los de registro, gestoría, tasación y comisión de apertura. Lo hizo al considerar abusivo que el hipotecado tuviera que hacerse cargo de todos estos costes, cuando el contrato de crédito también beneficia al banco.

Lo que no están tan claros son los plazos. La regulación española fija un límite de cinco años para reclamar desde que se tuvo conocimiento del daño. La interpretación general es que la opción de reclamar prescribió a comienzos de 2021, cinco años después de la primera sentencia del Supremo. Sin embargo, hay juzgados con criterios distintos por ello se ha elevado la cuestión ante el TJUE. Junto a ello, desde Asufin explican que se puede iniciar una "acción de nulidad" que es "es imprescriptible".

Los bancos consultados señalan que las reclamaciones han disminuido mucho en el último año, a la espera de lo que decida el TJUE sobre el plazo. Entre las diferentes estrategias que mantienen las entidades, las más proclives a devolver el dinero con la primera consulta son las cajas rurales, según las fuentes consultadas.

Desde CaixaBank, Kutxabank y Unicaja Banco explican que pagan "directamente sin necesidad de ningún acuerdo". "Esto es sin necesidad de demandar y simplemente dirigiéndose al banco a través del SAC (Servicio de atención al cliente)", exponen desde el grupo catalán. "En caso de que se lleguen a judicializar algunos casos, si la entidad entiende que dichas reclamaciones se adaptan a la línea jurisprudencial del Supremo, esta se allana en la pretensión del cliente sin agotar el procedimiento judicial", explican desde Unicaja.

Además, desde la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri apuntan que son "el único banco que tiene cerrados con juzgados protocolos de pactos exprés con clientes en Barcelona, Pamplona, Burgos, Valladolid, Palencia o Murcia". Otras entidades, se limitan a explicar que se analizan estas cuestiones "caso por caso", ya que las casuísticas son muy distintas.