La Administración tira de contratos a dedo con empresas públicas para digerir los fondos UE

La Administración pública, en todas sus formas —Estado central, comunidades autónomas, diputaciones, ciudades autónomas, cabildos o ayuntamientos—, ha disparado hasta cifras nunca vistas los encargos a medios propios, figura bajo la que se enmarcan los contratos que se adjudican directamente a empresas públicas. En principio, esta práctica debería ser excepcional y por motivos de causa mayor, pero la realidad es que se trata de una práctica cada vez más extendida que ha terminado por dispararse con la llegada de los fondos Next Generation y la necesidad de tenerlos ejecutados en un plazo máximo de tres años.

Según los datos recopilados por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), solo en la primera mitad de este ejercicio, entre enero y junio, la Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado 192 obras encargadas a medios propios, por un importe global de 379,5 millones de euros, cifra un 36% superior a la registrada en el mismo periodo del pasado ejercicio, que fue ya récord. De seguir con este ritmo, el año actual finalizará con 460 obras encargadas a medios propios por importe de 910 millones de euros, frente a los 337 encargos por importe de 661 millones de euros de 2022.

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Como la llegada de los fondos europeos ha disparado la potencia de disparo de las administraciones, muchas de ellas están recurriendo a este mecanismo para agilizar y simplificar todo el proceso de adjudicación, ya sea por comodidad o por falta de recursos, atajo que, en cualquier caso, supone pervertir la naturaleza de una figura creada para circunstancias especiales. Un dato que revela cómo este mecanismo se está aplicando de manera generalizada es que el importe medio de los contratos es de dos millones de euros, cifra que dista mucho de las vistas en los millonarios números que caracterizan a las grandes obras.

Al impacto que están teniendo los fondos Next en la operativa de las administraciones se unen las tensiones que desde hace dos años vive el sector por el alza de precios de los materiales. Para adaptar el presupuesto de las obras a este encarecimiento, la CNC lleva meses pidiendo que se apliquen sistemas de revisión de precios, un tira y afloja que va a llegar a las próximas generales sin haberse resuelto y con miles de licitaciones desiertas.

La falta de concurrencia es, precisamente, uno de los criterios que permiten los encargos a medios propios, lo que justificaría la actuación de las administraciones. Sin embargo, desde la CNC puntualizan que aquí también se estaría pervirtiendo la norma, ya que muchos de estos contratos que han quedado desiertos por haberse licitado a unos importes que han quedado caducos y sin revisión de previos terminan encargándose a empresas públicas a un importe superior, ya que los medios propios trabajan con precios unitarios fijos, que son publicados cada año.

"El encargo a un medio propio es para trabajos urgentes, pero se está aplicando como un atajo para llegar a cumplir con los fondos europeos", denuncia Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, quien también recuerda que estas adjudicaciones a empresas públicas están exentas de IVA, lo que unido al hecho de que en muchas ocasiones terminan adjudicándose a precios superiores a los que se sacaron a licitación hace que realmente se están encargando a importes muy superiores a los que se ofrecieron al sector.

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La falta de concurrencia empresarial favorece también la concentración de encargos en muy pocos grupos, destacando el caso de Tragsa. Según los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, esta empresa se ha adjudicado el 78% de los encargos a medios propios (149 contratos) y el 66% del importe total (243 millones). La propia Tragsa, en su informe anual, reconoce haber empezado a trabajar con 187 nuevas administraciones en los últimos dos ejercicios, por las que ha recibido un total de 203 encargos.

Un ejemplo de obras que se han encargado a medio propio son la ejecución de las obras para la mejora de la eficiencia energética y la rehabilitación sostenible en diversos acuartelamientos de la Guardia Civil, repartidos por todo el país y financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), encargo realizado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil a Segipsa por más de 75 millones de euros.