Caso Villarejo: la Audiencia Nacional acusa a BBVA de ser "poco transparente" con sus accionistas

BBVA va de golpe en golpe en la Audiencia Nacional. Tras el rechazo a su último recurso, la entidad presidida por Carlos Torres ha conocido esta semana un auto en el que se ordena el acceso a decenas de correos que intentó mantener bajo llave hace dos años. Tanto el juez Manuel García-Castellón como los fiscales lo justifican por la "falta de colaboración" de BBVA con el tribunal e, incluso, falta de información a sus propios accionistas en el caso Villarejo.

Desde la entidad no hacen comentarios. Pero escritos suyos del pasado justificaban que estos correos llevan ya tiempo en manos de juez y fiscales para que decidan su expurgo y que ya habían sido aportados o carecían de relevancia.

Frente a ello, el auto del magistrado expone que "si tal documento, ideado para comunicar a los inversores del banco, finalmente no fue publicado, lo que revela es la falta de transparencia del equipo directivo de la entidad para con sus accionistas e inversores". Estas consideraciones se apoyan en gran parte en un escrito previo de Anticorrupción.

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Hacen referencia a un comunicado del 22 de enero de 2019 que el banco estaba estudiando hacer sobre la contratación de PwC para el forensic del caso. Entonces ya eran presidente Torres y consejero delegado el turco Onur Genç. Dicho correo contiene un documento de seis páginas con anotaciones de los responsables de los Servicios Jurídicos, María Jesús Arribas, y Comunicación, Paul G. Tobin.

Este archivo es importante para juez y fiscales de cara a la posible acusación contra el banco como persona jurídica: "Muestra cómo todo cuanto se ha investigado internamente y aportado no es más que consecuencia de la planificación efectuada para lograr dar apariencia de colaboración". El comunicado finalmente no se hizo y se dejó que fuera Torres el que diera las explicaciones pertinentes en las conferencias de resultados anuales.

Los correos de la discordia

El auto del juez García-Castellón llega tras dos años de tira y afloja entre la Fiscalía y BBVA por 223 correos cuyo contenido el banco no quiso compartir inicialmente con la Audiencia. La entidad financiera explicó que afectaban a su derecho de defensa, a la intimidad de terceras personas y al secreto empresarial. El banco quiere que su publicación en el sumario sea bajo expurgo.

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La mayoría de ellos giran en torno a la política de comunicación, relación con inversores y la estrategia legal del banco una vez se hizo público que había contratado a Villarejo, en mayo de 2018. Hay incluso correos con recopilación de recortes de prensa (clipping).

El auto insiste en que algunos de los 223 correos son importantes "a efectos de descartar cualquier tipo de exoneración de la responsabilidad penal de la persona jurídica por colaboración". La cooperación es uno de los elementos clave a la hora de evitar la condena de las empresas en el ámbito penal, junto a la necesidad de contar con un sólido sistema de cumplimiento y de denuncia de irregularidades.

"La documentación interna de trabajo del BBVA es mucho más extensa de la que ha sido aportada al juzgado. Ello es de suma importancia, dado que una de las cuestiones que dan lugar a la exoneración de la posible responsabilidad penal de la persona jurídica es la de la colaboración con la investigación de manera completa y leal, y documentos como este ponen de manifiesto lo alejado de tal realidad", añade el auto.

Junto a ello, opina que estos correos tienen que ser conocidos por otros imputados, "máxime cuando ha sido esta [BBVA] la que ha dirigido unilateralmente la investigación interna y, con estas limitaciones, cercenado el conocimiento de documentos a personas afectadas directamente en ellos".

Todavía está por ver si BBVA presenta un recurso contra la publicación de algunos de estos correos. Se juega mucho, ya que el banco podría salir en los próximos meses encausado, y con ello tendría que responder ante el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España de su estrategia legal.