La nueva vía de UEFA para secar el 'doping' financiero del fútbol

La gran losa que ha arrastrado UEFA durante los últimos años ha sido su incapacidad para detener a uno de los elementos que más distorsiones han introducido en el sistema del fútbol: los clubes-Estado. Ese problema es uno de los argumentos que dieron alas a los promotores de la Superliga, amenaza definitiva para que LaLiga y la Bundesliga hayan logrado impregnar con su doctrina parte del nuevo reglamento de sostenibilidad económica. Ahora sí, y a la espera de que abogados y financieros encuentren nuevos resquicios a la norma, estamos probablemente ante el fin del 'doping' financiero en la Champions League.

Las filtraciones de Football Leaks a lo largo de los últimos meses han mostrado cómo el Manchester City solicitaba elevar el importe de los patrocinios de empresas de Abu Dabi cuando hacía falta pagar el finiquito de un entrenador despedido o aumentar su margen de masa salarial. Un informe de Octagon calificaba de "significativamente exagerado" que Qatar pagara 175 millones al PSG, cuando apenas recibía contraprestación mediática. Eso ya no será posible, al menos si no se quieren recibir fuertes sanciones. La contabilidad irá por un lado; lo que la UEFA acepte será otra cosa.

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El problema para el regulador es que su análisis estaba limitado a contratos con partes vinculadas, un muro que admitían era insalvable cuando se quería relacionar un patrocinio de empresas estatales o vinculadas a la familia real con un club. Cuando lo lograban, ya había prescrito la persecución. Por eso la norma lo amplía a cualquier contrato, y en LaLiga ya tenemos ejemplos de estas consecuencias. Mientras la UD Almería dice que sus socios saudíes pagan 10 millones en patrocinio, Javier Tebas solo acepta una valoración de 2,5 millones a la hora de asignarle su límite salarial. Esa realidad trasladada a PSG y Manchester City puede provocar un importante ajuste de su capacidad real para comprar jugadores o reventar salarialmente —en el caso del PSG— cualquier negociación racional.

Lo mismo sucederá con los traspasos, poniendo fin a la cultura del trueque en la que el precio lo marcaban las necesidades de los dos equipos implicados. Lo que antes era excepcional se había acabado convirtiendo en norma, y el escándalo en Italia no es menor. La Federación ha solicitado una sanción de 2,3 millones de euros a la Juventus y otros 10 clubes, así como la inhabilitación temporal de algunos de sus principales ejecutivos, por inflar el precio de los traspasos para generar plusvalías ficticias con las que cuadrar las cuentas.

Esto en cuanto a los ingresos, porque la otra medida estrella que supondrá un punto de inflexión real es la limitación al gasto en plantilla deportiva. Hasta ahora, no había límite que preservara que siempre hubiera presupuesto para afrontar el resto de pagos y evitar en la medida de lo posible las pérdidas. Tan solo había una recomendación de que se limitara al 70% de los ingresos totales, lo que se gasta en salarios de jugadores y técnicos, pagos a agentes y amortizaciones por fichajes. Eso ahora será una obligación, y con fuertes sanciones si no se cumple, aunque con un periodo transitorio: 90% en 2023-2024, 80% en 2024-2025 y 90% en 2025-2026. Tiempo para los clubes-Estado, de oligarcas o cualquier otra forma de expedición de dinero ilimitado, para reordenarse.

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De hecho, un análisis de 2Playbook revela que el 38% de los equipos de las cinco grandes ligas, exceptuando la Bundesliga, incumplía ese nuevo techo de gasto. Andrea Traverso, cerebro de la UEFA tras esta ambiciosa reforma, señala que, "antes de la pandemia, la ratio media estaba en torno al 67%, pero un tercio no estaba cumpliendo y la situación ha empeorado en 2020-2021".

Incluso las sanciones se han adaptado a esos nuevos ricos que pagaban multas sin problemas. Antes, el escozor era económico, asumible para quienes el dinero no es problema, pero ahora la UEFA ya no solo se quedará con hasta el 100% de los ingresos que el club incumplidor debería recibir por jugar Champions, Europa o Conference League, sino que incluso impedirá alinear a los fichajes que han provocado el incumplimiento, se deducirán puntos que podrían provocar la eliminación e incluso se los descenderá de competición internacional.

La presión de LaLiga y la Bundesliga ha sido determinante, pues la estructura de propiedad de sus clubes imposibilitaba que pudieran entrar a competir en la espiral inflacionista de gasto en salarios y fichajes que se desató desde que el PSG pagó 222 millones de euros por Neymar. Tanto, que ahora habrá una supervisión trimestral de las cuentas y no se aceptarán deudas vencidas durante más de 90 días.

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Pero también ha pesado el descontrol que la UEFA empezó a percibir en la industria del fútbol ya en 2019, antes de que estallara la pandemia. Con solo España y Alemania con regímenes de control económico serios, la situación de Inglaterra, Francia e Italia cortó de raíz la sostenibilidad del sistema que se había alcanzado en 2017 y 2018, cuando por primera vez en más de dos décadas se logró dar beneficios agregados por el conjunto de los clubes europeos: 984 y 499 millones de euros, respectivamente. Sin embargo, ya en 2019 se produjo un retorno al rojo, con 125 millones, y los dos años marcados por el covid-19 dejarán un agujero de más de 7.000 millones de euros. Un escenario que, sin medidas de control, poco invita a la llegada de nuevos inversores que vengan a operar de manera sostenible y no a quemar dinero por intereses políticos o de ego.