El Ayuntamiento de Málaga pide analizar posibles conflictos de interés de Medel

El Ayuntamiento de Málaga entra de lleno en la crisis institucional de la Fundación Unicaja. El consistorio municipal ha enviado un escrito al Ministerio de Economía, el Banco de España y la propia institución para que investiguen la gestión de Braulio Medel y les informa del acuerdo plenario alcanzado el pasado 27 de enero.

Fuentes municipales consultadas por El Confidencial explicaron que el documento, que también se ha remitido a la fundación bancaria, fue enviado el pasado jueves tras ser redactado por la secretaría. Su contenido se centra básicamente en la moción que presentó la edil de Cultura y Deporte y única representante de Ciudadanos, Noelia Losada, quien alertaba de “posibles irregularidades” y “sospechas” en torno a la dirección del banquero sevillano que afectarían “tanto a su época pasada, como reciente y presente”.

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En el caso del escrito enviado a la fundación, dichas fuentes señalan que ponen el foco en que se soliciten "cuantos informes legales sean necesarios para poder clarificar la situación de su presidente acerca de distintas situaciones de conflicto de interés, operaciones con partes vinculadas e irregularidades denunciadas por sus patronos, informando cumplidamente a este pleno del resultado de dichos informes".

Estos posibles conflictos giran en torno a las dietas de Medel en Unicaja, que fueron criticadas por el Banco de España, y el impacto de la sentencia Ausbanc, para que se "evalúe el impacto en la fundación y la existencia de conflictos de interés entre el afectado y la propia fundación". También se pide "un informe legal independiente sobre la toma de un acuerdo clave como el del nombramiento de dominicales sin respetar los derechos de los patronos", lo que ha provocado recientemente una crisis de gobierno en la institución. Hasta ahora, Medel ha negado a los cuatro patronos 'rebeldes' presupuesto para solicitar dicho informe.

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Además, el Ayuntamiento de Málaga quiere "que se pida un informe legal independiente sobre las remuneraciones actuales [de Medel] como consejero" de dos participadas de Unicaja Banco —Caser e Hidralia— "y las obligaciones que estas remuneraciones conllevan y su grado de cumplimiento".

Responsabilidades

Junto a ello, el ayuntamiento pide al Protectorado del Ministerio de Economía "que inicie cuantos procedimientos sean oportunos en el ejercicio de sus responsabilidades para depurar responsabilidades en la fundación". Mientras, al Banco de España lo insta a tomar medidas e iniciar "inspecciones (...) para evitar que la situación de la Fundación Bancaria Unicaja afecte a Unicaja Banco, considerando el carácter cotizado de esta entidad".

Las citadas fuentes explicaron que el paso dado es para ratificar “el posicionamiento de este pleno” y para solicitar el amparo de dos instituciones que pueden fiscalizar tanto la gestión del banco como de la fundación. “Que quede claro que los acuerdos plenarios no son un brindis al sol” y tienen su recorrido.

El mismo dependerá, en parte, de la implicación del BdE y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aunque su titular, la vicepresidenta Nadia Calviño, advirtió en una reciente visita a Málaga que “el ruido que viene rodeando el funcionamiento de Unicaja en estos últimos tiempos no favorece a la imagen de la entidad”. La ministra, como adelantó este periódico, explicó entonces que “hemos recibido una serie de escritos con respecto a la situación de la fundación” y que “estamos analizando la información”. No obstante, con su análisis del estado de la situación, avalaba la tesis de Medel.

Que el Ayuntamiento de Málaga haya remitido ese escrito tampoco significa que la mayoría de la corporación secunde el espíritu de la moción de Losada, que finalmente se aprobó con los votos de esta edil y los de los tres representantes de Adelante Málaga. Paradójicamente, tanto PP como PSOE se pusieron de perfil y optaron por la fórmula de la abstención. El regidor malagueño, Francisco de la Torre, con un cierto aire paternalista, incluso afeó a su compañera de Gobierno que hubiese llevado esa iniciativa al pleno porque entiende que estas cuestiones deben ser abordadas fuera del “debate político” y el “eco público”. El portavoz socialista, Daniel Pérez, incidió en esta línea argumental al manifestar que había que dejar trabajar a los organismos competentes y advirtió de que no se puede “prejuzgar” la situación “en la que nos podemos encontrar”.