El Pozo, Incarlopsa, Vicky Foods, Importaco… El sector 'agro' bulle con el Next Generation

El Ministerio de Industria prevé abrir en el último trimestre del año un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) dirigido en exclusiva al sector de la industria agroalimentaria española. Será el tercero de estos proyectos, cuya gestión se ha reservado en exclusiva el Gobierno central, que echará a andar tras el de movilidad eléctrica y salud, si se cumple el calendario gubernamental. Su financiación correrá a cargo del plan de recuperación covid incluido en el mecanismo comunitario Next Generation EU y la dotación prevista es de unos 6.500 millones de euros hasta 2024.

La lluvia de millones de una iniciativa que tiene como objetivo impulsar la competitividad, reducir el impacto medioambiental de la actividad y favorecer la implantación social de la industria alimentaria española, una de las más potentes de Europa, ha puesto en ebullición a pequeñas y grandes empresas del sector, que han comenzado a alinearse y generar alianzas con el fin de adherirse al plan y aprovechar la capacidad de palanca para acometer inversiones. El detalle todavía no está definido por parte del departamento que dirige Reyes Maroto, pero la previsión es que por cada euro con el sello europeo los beneficiarios deban aportar entre dos y cuatro euros de origen privado.

De los consorcios público-privados que se están configurando, el más avanzado lleva ocho meses en marcha. Es el que engloba a los principales actores de la cadena de valor cárnico-ganadera. Hasta 1.689 empresas se han sumado a un proyecto que tiene como tractores a grandes marcas del sector como Vall Companys, el Grupo Fuertes (El Pozo), Campofrío, Incarlopsa, Uvesa, Covap u Osborne.

El sector cárnico-ganadero trabaja en un Perte que contempla inversiones de más de 5.000 M

Telefónica, Hispasat, Acciona y Fertinagro se han adherido como socios tecnológicos para dar apoyo en la transformación digital (fibra, conectividad por satélite 5G, 'big data', etc.) y en uso de renovables y valorización de purines. Del total de participantes, 446 son grandes empresas y el resto, más del 73%, tiene consideración de pymes.

El conjunto abarca toda la cadena de valor, desde la ganadera hasta la transformación, y está presente en todas las autonomías españolas, en las que se prevén inversiones millonarias, según el detallado resumen ejecutivo elaborado por Llorente y Cuenca (LLYC), la consultora que coordina el proyecto, en colaboración con Laínez Biotrends y Gómez Acebo. El proyecto base es la creación de una primera plataforma tractora de soluciones tecnológicas y de sostenibilidad valorada en 96 millones de euros, a la que se añaden las propuestas específicas de inversiones en sostenibilidad, digitalización, energías renovables, productividad e innovación privada de las empresas que participan. El volumen previsto de inversión es de 5.074 millones de euros repartidos por todo el territorio, pero muy especialmente en poblaciones de menos de 30.000 habitantes.

No es el único candidato a pujar por las ayudas del Perte. Desde Valencia, el instituto tecnológico Ainia, uno de los más reconocidos en innovación alimentaria, se ha echado a las espaldas la configuración de otro consorcio más pequeño, pero que cuenta con el respaldo tractor de importantes productores del sector alimentario de vegetales y procesados no cárnicos como Vicky Foods, Importaco (proveedor de frutos secos y bebidas naturales de Mercadona), Grefusa o la cooperativa de segundo grado Anecoop, uno de los mayores exportadores de frutas y verduras de España. Ainia trabaja en la iniciativa desde marzo y está sumando acompañantes de Galicia, Castilla-La Mancha o Castilla y León para dotar el proyecto de la transversalidad regional que exigen Bruselas y el Gobierno para los Perte. Entre los socios, figura la planta de biorrefinería Clamber, del manchego Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf), según ha podido saber este periódico.

También desde Valencia, la aceleradora Innsomnia está trabajando en un consorcio de Perte ligado a la transformación tecnológica de la producción agrícola. Las principales organizaciones agrarias valencianas —AVA y la Unió de Llauradors— se han implicado, y hay conversaciones con telecos del Ibex y entidades financieras para sumarlas como colaboradoras. Innsomnia, especializada en digitalización, ha encargado también a Llorente y Cuenca (LLYC) la coordinación del consorcio. Tanto este como el de Ainia cuentan con el respaldo de la Generalitat valenciana. Las dos iniciativas están a la espera de conocer las condiciones técnicas del Perte para saber si les conviene sumar fuerzas o acudir por separado.

Ainia e Innsomnia trabajan con la industria alimentaria y el campo, por ahora por separado

Fernando Moraleda, ex secretario general de Agricultura, exsecretario de Estado de Comunicación y, actualmente, responsable en LLYC de coordinar las propuestas de Perte agroalimentario, explica a El Confidencial que el proyecto tiene como objetivo "acelerar la modificación estructural del sector conduciéndolos hacia mayores cotas de digitalización y sostenibilidad", dos de los componentes transversales exigidos por Bruselas, además de estrechar la brecha de género y propiciar la cohesión territorial.

Ayuda a la España vaciada

En este último aspecto, referido a la lucha contra la despoblación en la llamada España vaciada, defiende, por ejemplo, el papel clave que puede jugar el sector cárnico. "Hay desde inversiones muy modestas de ganaderos a inversiones muy significativas de la gran industria cárnica", explica Moraleda. El 44% de la inversión se contempla en municipios de menos de 5.000 habitantes. "El impacto del proyecto será importante en mano de obra, estimando una creación de 18.007 puestos de trabajo, de los que el 80% será en municipios de menos de 30.000 habitantes".

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En el detalle de las inversiones regionalizadas del proyecto de la cadena de valor de las empresas cárnico-ganaderas, territorios afectados por la despoblación como Aragón contemplan acciones en sostenibilidad, renovables, digitalización, productividad e innovación por valor de casi 1.600 millones de euros hasta 2024; Castilla y León, por importe de 602 millones. Castilla-La Mancha se beneficiaría de 558 millones y Cataluña de 1.021 millones; Extremadura, de 104 millones. En la Comunidad Valenciana, por seguir con los ejemplos, se prevén inversiones de 114,7 millones, y en Murcia, de 443 millones. Estas inversiones están ligadas a la ubicación de los centros de producción de las empresas implicadas.

Pese a la madurez de alguno de estos proyectos, Industria no garantiza de entrada la adjudicación de recursos. El ministerio contempla asignar los fondos por concurrencia competitiva en función de los objetivos que se marquen en el Perte (los llamados 'componentes' en el Plan España Puede) de reducción de emisiones, mejora de la competitividad y productividad, etc. En este mapa de procesos, las empresas tendrán que pujar por el dinero del mecanismo de recuperación poniendo en valor sus proyectos de inversión.