El consejo de El Corte Inglés reúne a una víctima y un imputado por el caso Iberdrola

La imputación de la primera línea ejecutiva actual y pasada de Iberdrola por los pagos a Villarejo tiene efectos colaterales en el consejo de administración de El Corte Inglés, que se enfrenta a una decisión compleja. En el órgano de gobierno del grupo de grandes almacenes, coinciden Manuel Pizarro, una de las personas espiadas por orden de la eléctrica, y Fernando Becker, uno de los ejecutivos de la compañía energética que firmaban las facturas falsas con las que se hacían seguimientos al que en aquel momento era presidente de Endesa y hoy compañero de consejo en El Corte Inglés.

Según distintas fuentes, Becker ya ha dado explicaciones a Pizarro, al que le ha asegurado que desconocía que esas facturas fuesen para investigarle. Y le ha dicho que las órdenes las recibía de arriba, de su superior, en referencia implícita, sin mencionarlo directamente, a la cúpula directiva de Iberdrola, que años antes había impulsado la fusión con Endesa, posteriormente paralizada por el Gobierno de José María Aznar. La cúpula la conformaban Íñigo de Oriol, como presidente no ejecutivo, e Ignacio Sánchez Galán, como vicepresidente y consejero delegado, quien a partir de 2006 se hizo con la presidencia.

Ni Becker ni Pizarro, que mantienen una relación cordial, han querido hacer ningún comentario sobre esta información en relación con la conversación entre ambos. El que fuera presidente de Endesa ya declaró como testigo en mayo de 2020, momento en que atacó con dureza a Galán y a los servicios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por colaborar presuntamente con Villarejo e Iberdrola, según su versión.

La investigación de Iberdrola a Pizarro se hizo entre los años 2004 y 2005. Los trabajos del entonces comisario en activo fueron englobados en lo que se denominó Proyecto Black Board o B-B. Su objeto fundamental era “conocer información de naturaleza sensible referida a actividades de Manuel Pizarro, a la sazón presidente de Endesa, tanto presentes como anteriores, que pudieran incidir en sus actuaciones futuras”, según el auto de imputación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

El pago de este encargo a Villarejo fue ordenado por Fernando Becker, que en aquel momento era director de Recursos Humanos y Servicios. En un primer lugar, Iberdrola debía abonar 93.438 euros a Cenyt, la empresa del comisario de Policía, remuneración que posteriormente se completó con otra factura por 116.000 euros, como reconoció Antonio Asenjo, exdirector de Seguridad de la compañía eléctrica, en sus declaraciones como imputado ante el magistrado.

Sin embargo, a la hora de hacer las transferencias, José Antonio del Olmo, el 'controller' de Iberdrola que se ha convertido en el testigo clave del caso, advirtió en enero de 2005 de que “tenía dudas sobre su legalidad”, por lo que comentó a su superior, José Luis San Pedro, que “ese grupo de facturas fuera firmado por Fernando Becker, en su condición de director de Recursos Humanos y Servicios de la Dirección de Administración, Control y Regulación, como superior jerárquico del investigado Antonio Asenjo Martín”. Es decir, Del Olmo y San Pedro, ambos también imputados, sospechaban que podría haber algún tipo de ilegalidad en esos trabajos, que presuntamente conocía también Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, según el relato del 'controller'.

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Pedro del Rosal

Del Olmo aportó a la causa una comunicación (un correo electrónico) fechada el 10 de febrero de 2005 remitida por Becker a San Pedro para que procediera al pago de las facturas, “lo que vendría nuevamente a confirmar, al menos de manera indiciaria, su versión de lo sucedido”. “Es más”, añade el auto del juez, "esta comunicación dirigida por Fernando Becker al investigado José Luis San Pedro viene confirmada por el informe de 25 de septiembre de 2019 de auditoría interna sobre evolución del sistema de control interno aportado por Iberdrola", de la que Becker llegó a ser consejero delegado en España hasta su renuncia en febrero de 2018, en pleno conflicto con el PP.

Pocos meses después, el que fuera uno de los hombres de confianza de Aznar y después de Rajoy se incorporó al consejo de administración de El Corte Inglés como independiente. En el órgano de gobierno del 'holding' de distribución, ya estaba Pizarro desde 2013. Según fuentes cercanas a El Corte Inglés, Becker va a comunicar a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del 'holding' su condición de imputado. José Ramón de Hoces, secretario general del consejo y de este órgano de control, elaborará un informe sobre cómo afecta esta situación judicial de su consejero a la compañía, que viene de superar varios conflictos internos entre accionistas, en que se implicaba a su jefe de Seguridad. Y lo remitirá al consejo para que decida si el imputado debe dejar el cargo.

La próxima reunión de los próceres de El Corte Inglés es el 23 de julio, día en que se celebrará la junta de accionistas. A expensas del citado informe de De Hoces, Marta Álvarez, presidenta del grupo, que en varias ocasiones ha insistido en aplicar los mejores estándares de gobierno corporativo, no tiene pensado solicitar la dimisión de Becker, al que aupó al consejo por su gran amistad con su padre, Isidoro Álvarez. Sobre todo porque los hechos por los que se le investiga son de una época en la que trabajaba para Iberdrola y porque, de momento, no se ha abierto juicio oral ni hay sentencia. En otras palabras, cerrará filas, como el consejo de la eléctrica con Galán.