El Congreso pone a Aena en el foco por su negativa a negociar con los comerciantes

Llegó la hora de la política en la crisis por los alquileres de Aena. Después de casi un año de tensiones entre el operador aeroportuario y los inquilinos de sus locales comerciales, ayer se cumplió el plazo para saldar las rentas del ejercicio 2020 sin haber llegado a un acuerdo sobre el ajuste que debe aplicarse a los mismos.

La empresa presidida por el socialista Maurici Lucena se ha cerrado en banda en torno a la oferta que presentó en enero y que, básicamente, consiste en cobrar el 100% de la renta mínima garantizada (RMGA) desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo del año pasado, el 0% desde que se decretó el estado de alarma y hasta la tercera semana de junio, momento a partir del cual se aplica una quita del 50%, que se mantendrá hasta el próximo 8 de septiembre, cuando volverá a cobrar el 100%.

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Esta propuesta supone para Aena dejar de cobrar casi 800 millones de euros, cifra que la operadora ha subrayado en numerosos foros, como muestra del alcance que tiene la propuesta sobre la mesa, así como el esfuerzo que está haciendo con el empleo, ya que asegura no haberse acogido a ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) para ninguno de sus 8.000 puestos de trabajo.

Sin embargo, cerca de la mitad de las empresas arrendatarias se ha negado a firmar el acuerdo y muchas de ellas han acudido a los tribunales, logrando, al menos por el momento, ir ganando la batalla judicial, con diez autos a su favor frente a seis ganados por Aena, pronunciamientos que impiden a Aena ejecutar un importante volumen de avales, ya que entre las compañías que han sido respaldadas por los tribunales figuran Áreas y SSP, cuyas RMGAs del pasado ejercicio superan los 150 millones.

A este respaldo visto en tribunales de toda España –los autos en favor de los arrendatarios se han firmado en juzgados de Madrid, Telde, El Prat de Llobregat, Ibiza, Bilbao y Palma de Mallorca–, se ha unido también el de varias formaciones políticas, que han emplazado al Gobierno a que, como primer accionista de Aena, tome cartas en el asunto. Algunas, como ERC y PP, han dado ya un paso al frente interpelando directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez (a quien la formación republicana sostiene en el poder) con una batería de preguntas parlamentarias que, además, en el caso de Esquerra ha sido por partida doble y acompañada de una proposición no de ley.

Los inquilinos ganan de momento la batalla en el juzgado, con 10 autos a su favor por 6 de Aena

Fuera de los focos, las fuentes consultadas aseguran que tanto desde el Gobierno balear, liderado por la socialista Francina Armengol, como desde el canario que preside Ángel Víctor Torres se ha hecho saber a Moncloa, y especialmente al ministro de Transporte, José Luis Ábalos, su especial interés por que Aena se siente a negociar con los inquilinos un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

En paralelo, también ha habido contactos tanto con Ciudadanos, que habría mostrado su respaldo a los comerciantes, como con PNV y VOX para apoyar la presentación de enmiendas al real decreto de alquileres de locales comerciales, con el objetivo de excluir del mismo a Aena, como ya se hizo con Adif.

La empresa pública (el Estado se garantizó conservar el control accionarial cuando la sacó a bolsa, al reservarse el 51% del capital) se ha acogido a esta norma para rechazar cualquier posible negociación, alegando que está obligada a cumplir este marco y rompiendo así los acuerdos que había negociado durante el año pasado con los comerciantes, con los cuales, en varios casos, había llegado ya a un acuerdo, solo pendiente de fijar el día de la firma, cuando se aprobó el citado RD.

Entonces, Aena decidió unilateralmente romper las negociaciones que había mantenido durante 2020 y poner sobre la mesa la nueva oferta de la discordia, desencadenando así, a ojos de los comerciantes, un agravio comparativo con las empresas de alquiler de coches, con las cuales sí firmó el acuerdo que llevaban meses negociando.

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Diversos inquilinos consultados por este medio defienden que esta propuesta es inaceptable por tres aspectos: los obliga a renunciar a su derecho a futuras reclamaciones (la famosa cláusula 'rebus sic stantibus' con motivo del coronavirus); a pagar el 100% de las rentas a partir de septiembre, cuando la propia IATA dilata a 2024 la recuperación del tráfico aéreo; y a variabilizar las rentas, es decir, ligar el alquiler al tráfico real de pasajeros en los aeropuertos españoles.

Para los grandes, la disputa se centra, sobre todo, en los dos primeros puntos, además de defender extensiones de los contratos para reequilibrarlos, mientras que los pequeños es más critico ajustar las rentas a la caída real del tráfico. Si se toma como ejemplo el 2020, la caída de tráfico en las red de Aena fue superior al 72%, cuando su propuesta supone un descuento medio del 60%, mientras que este arranque de año el ajuste es del 50%, cuando el tráfico se ha desplomado más del 80%, unos agujeros que muchos comerciantes aseguran no tener capacidad financiera de abordar y que les aboca al concurso.

La situación ha llegado a tal punto que las fuentes consultadas aseguran que una formación en las antípodas de ERC, como es el PP, suscribiría hasta las comas de la PNL (proposición no de ley) que ha presentado el partido republicano, convencidas ambas de que si Aena sigue rechazando negociar, abocará al cierre a numerosos comercios y restaurantes, con el consiguiente impacto en el empleo.

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El protagonismo que ha asumido ERC en esta crisis tiene mucho que ver con el hecho de que se haya convertido casi en el único interlocutor válido para los empresarios catalanes, que huérfanos del 'seny' que caracterizó a la política de esta comunidad durante décadas han confiado a los de Oriol Junqueras intermediar en la Moncloa a su favor, con el peso que desde la moción de censura tiene Esquerra en el Gobierno central y el particular momento que vive Cataluña en plena formación del nuevo Govern tras las elecciones de febrero

Conviene recordar que el ganador de las mismas, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, nombraría al actual presidente de Aena, Maurici Lucena, vicepresidente económico de su Ejecutivo si lograra formar Gobierno. Un horizonte por el que pocos apuestan, dando mayoritariamente como ganador a Pere Aragonès.

El coordinador nacional de ERC tendría en la actual batalla de Aena una oportunidad de oro para reconciliar con su Govern al empresariado catalán ("los auténticos amarillos son la burguesía catalana", afirma un observador) en un momento, además, crítico para la economía, que ha llevado al empresariado de esta región a organizar un acto reivindicativo este jueves bajo el lema ¡Ya basta! ('Ja n’hi ha prou!). El mismo grito que quieren llevar hasta el Congreso los arrendatarios de Aena.